NC Nº22 El Ayuntamiento de los especuladores
El Ayuntamiento de los especuladores

 Jordi Escuer

Coordinador de IU-Latina

El consistorio de "Alvarez del Manzano, el alcalde de Madrid, es un excelente prototipo de una política de derechas al servicio de los especuladores. Todo se compra y todo se vende en beneficio del mejor postor. Su último proyecto, aunque probablemente irrealizable a tenor de las críticas de algunos especialistas, es la venta a empresas privadas de parte del subsuelo de Madrid para la construcción y explotación de autopistas de peaje subterráneas de entrada a Madrid. Mientras se habla de estos proyectos faraónicos, hay varios miles de casas sin retrete, sin duchas y sin agua corriente, en la hace poco bautizada "capital de la cultura". 

La movilización de los distritos de Latina y Carabanchel ha ido encabezada desde el principio con el eslogan "no a la especulación". La emblemática Cárcel ayer al servicio de la Dictadura franquista se cierra y brinda su suelo a los intereses de una dictadura mucho más sutil, que es la que ejercen las grandes constructoras, las compañías inmobiliarias y los bancos en la utilización del suelo urbano de Madrid.

Dueñas de ingentes recursos, cuentan con la colaboración de una política municipal que pone el suelo del municipio al socaire de estas grandes empresas. Un suelo público, propiedad del ministerio del Interior, que se libera en un área densamente poblada como son ambos distritos y con carencias en equipamientos sociales que requieren una superficie muy por encima del suelo que hoy abandona la prisión, se quieren dedicar a la edificación de 1.300 viviendas de precio libre. Todo esos es posible por que el Ayuntamiento cambió la calificación del suelo en el último Plan General de Ordenación Urbana de dotacional a residencial.

Falta de dotaciones sociales

La masificación y la carencia de suficientes dotaciones sociales es uno de los mayores problemas de la ciudad de Madrid. Hay Hospitales como el Clínico con más de 500.000 personas adscritas, cuando la propia ley de Sanidad establece la necesidad de que cada "rea Sanitaria no supere las 250.000 personas, con un hospital de referencia en dicha "rea. Por esa razón, distritos con una población superior al medio millón de habitantes como Latina y Carabanchel, la mayoría de cuyos vecinos tienen asignado el Hospital Clínico, reclaman que los terrenos de la Cárcel se destinen a paliar el déficit de instalaciones sociales, empezando por un nuevo Hospital, en lugar de agravar la masificación con más vivienda que, para colmo, es de precio libre.

Eso sí, quien pueda pagar entre 40.000 y 50.000 pesetas por una cama hospitalaria al día no tendrá problemas de asistencia Hospitalaria. El nuevo Hospital privado de Boadilla que se inauguró hace pocos días, por poner un ejemplo, cuenta con todo tipo de lujos... para el que pueda costearlo.

Igualmente sucede con las residencias para la Tercera Edad, centros de día, geriátricos, de los que apenas hay plazas públicas en los distritos madrileños. La Comunidad de Madrid ha aprobado la creación de 300 nuevas plazas concertadas en nuevas residencias que costarán 196.000 pesetas, de los que la Administración regional sólo costeará el 40%, corriendo el resto Ð117.774 pesetas a cuenta de los mayores. Pocos de quienes lo necesitan podrán acceder a ellas, si tenemos en cuenta que sólo existen 547 pensionistas que ganen más de esa cifra, de los 450.000 que hay en Madrid (Madrid Sindical/Octubre 98).

Las listas de espera para acceder a una residencia pública supera las 10.000 personas.

Privatización del suelo

En las afueras de Madrid se ha recalificado suelo para levantar 100.000 viviendas, un negocio que supera los dos billones de pesetas y que va a quedar en manos privadas.

El Ayuntamiento ha recalificado gran cantidad de suelo industrial del casco urbano, convirtiéndolo en suelo residencial. De esa forma, muchas empresas privadas, sobre todo aquellas que poseían parcelas de mayor tamaño, van a trasladar sus empresas fuera de la ciudad y vender esos terrenos con ganancias muy elevadas.

De hecho, la primera que vende su suelo es la administración. Un ejemplo lo tenemos en la Cárcel de Carabanchel. Otro nos lo brinda el Ministerio de Hacienda que un solar que compró por 800 millones -a las religiosas Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad, que ya hicieron buen negocio- lo va a vender por 10.000 millones de pesetas.

A todas las afirmaciones de que la liberalización de suelo supone una caída de los precios, se opone la terca realidad de unos precios del suelo que nunca han dejado de crecer y que son uno de los componentes fundamentales del precio exorbitante de los pisos.

La administración en lugar de utilizar el suelo que ya es público para la construcción de viviendas de protección oficial y de dotaciones sociales, de forma preferente, pone el patrimonio de todos al servicio de la especulación.

Viviendas

El coste de las viviendas VPO está muy lejos de ser barato, costando en torno a las 136.000 pesetas el metro cuadrado. Eso significa que para adquirir una vivienda VPO de 90 metros hay que desembolsar 12 millones de pesetas.

Hasta ahora el Ayuntamiento ha promovido muy pocas viviendas de VPO. Las que se edifican quedan muy lejos de cubrir las necesidades. El Programa de Vivienda Social 91-94, elaborado por el Ministerio de obras Públicas y Vienda, establecía la necesidad de construir anualmente al menos 10.000 viviendas de Protección Oficial. La empresa Municipal de la Vivienda (EMV) prevé construir el año que viene 1.171 viviendas de VPO, un 253% más que en 1988 (El País 11/11/98).

Los nuevos barrios, como el de Sanchinarro en el norte de la ciudad que albergará a 36.000 habitantes, contemplan un 30% de viviendas VPO sobre el total a edificar. Otro tercio serán viviendas de Precio Tasado que costarán entre 17 y 20 millones. El resto serán casas de precio libre, cuyos precios están oscilando alrededor de los 24 millones de pesetas.

Así pues, del enorme negocio especulativo se están forrando fundamentalmente los grandes promotores privados. Además por partida doble: venden muy caras unas viviendas que construyen unos trabajadores cada vez más explotados, es decir, más baratos que nunca. Los accidentes laborales récord de la construcción los últimos dos años lo atestiguan. En el mencionado sector habían muerto 55 trabajadores hasta septiembre del presente año, frente a 48 en el año 97.

Socializar el suelo

Si se quiere garantizar el acceso de todos a una vivienda digna y a unos barrios con las suficientes dotaciones sociales, ha de ser obligatorio que todo el suelo de titularidad pública, independientemente de a qué administración pertenezcan, se destine prioritariamente a esa finalidad.

Ese sería el paso previo a defender la necesidad de que todo el suelo urbano se declarase bien social y público, mediante su expropiación forzosa y con indemnización sólo en el caso de los pequeños propietarios.

De esa forma se eliminaría la especulación sobre con el suelo y se reduciría drásticamente el coste de construcción de nuevas viviendas así como de cualquier edificación con fines sanitarios, educativos, culturales, etc.

Además, en casos como el Ayuntamiento de Madrid que mueve un presupuesto anual de más de 400.000 millones de pesetas, podría organizar una Empresa Municipal de la Construcción, dependiente de la Empresa Municipal de la Vivienda, que construyese sus propias viviendas. De esa forma se lograría abaratar el coste final de los pisos y contribuir a dignificar las condiciones de trabajo en la construcción, combatiendo la precariedad y extrema explotación que hoy sufre.

A todo ello tendría que sumarse una utilización racional y social de los recursos de la Caja de Madrid, empezando por aumentar drásticamente el porcentaje de dinero dedicado a la obra social, que actualmente se sitúa en el 26% de sus ganancias, hasta por lo menos el 50%. Las Cajas podrían facilitar créditos sin intereses a la administración municipal para la construcción de vivienda VPO, o a las familias para la adquisición de su vivienda con tipos de interés progresivos en función de sus ingresos, de tal manera que las rentas bajas no pagasen intereses y a partir de unos ingresos superiores a 3,5 veces el SMI se abonasen unos intereses en proporción a la renta ingresada, de tal forma que pague más quien más tenga.

Así sí sería posible garantizar que la compra o alquiler de vivienda VPO no superase cuotas mensuales mayores al 10 ó 15% de los ingresos de la unidad familiar, permitiendo un acceso real a una vivienda digna para toda la población.

Todos los vecinos ganarían, salvo esos pocos que hoy se están haciendo de oro a costa de las necesidades de la mayoría, con la colaboración del consistorio del Partido Popular.