NC24La Caja única en Andalucía
La Caja única en Andalucía
Es necesaria una socialización efectiva de las Cajas

Antonio Franco Idígoras
IU-Sevilla

A principios de año, el Gobierno andaluz anunció la futura presentación de un Proyecto Ley donde se pretende la fusión de las seis Cajas de Ahorros de Andalucía (La General de Granada, El Monte de Huelva y Sevilla, Caja Jaén, Cajasur de Córdoba, San Fernando y Unicaja) en una Caja Única. En dicho proyecto se prevé, además de dicha fusión, la entrada de la Junta, por primera vez, en los órganos de Gobierno de las cajas en un 21%.
El argumento principal barajado para dicha concentración es el contar con un eficaz instrumento que asegure la continuidad de la fase de expansión económica en la que se halla Andalucía, que oscila en torno al 4'5% (El Correo, 15/I/99). Para la oposición los motivos son muy distintos. Una hipótesis muy sólida es la que sostiene que la futura Caja Única beneficia sobre todo a Unicaja, de ahí el gran interés que ésta ha mostrado a lo largo de las negociaciones previas y el apoyo dado a la Junta. Braulio Medel, presidente de Unicaja, se ha pronunciado abiertamente partidario de la concentración, hay que señalar que esta Caja es la octava a nivel nacional en volumen de negocios (El País, 15/III/99) y que fusionada con las otras cinco (la que más cerca está es Cajasur en el lugar 14) tendría una situación privilegiada en la futura entidad.
Unicaja defiende la idea de crear un sector financiero competitivo con otras Cajas de Ahorros procedentes de fuera de Andalucía, como son La Caixa y Caja Madrid. Económicamente esta argumentación tiene su razón de ser en que mientras las cajas andaluzas acumulan el 35'3% de los créditos y el 46% de los depósitos estimados en unos 6'5 billones de pesetas, Caja Madrid con la mitad de oficinas tiene un balance superior en 2'2 billones de pesetas (El País, 15/III/99).
El principal problema de la Caja Única es la posición de las Cajas de Ahorros. Unicaja, junto a El Monte son las únicas que defienden una fusión. Por contra Cajasur, que ha visto como en 1998 generó 22.700 millones en recursos y 13.270 millones de beneficios en bruto, apuesta por tres Cajas: ella en solitario frente al bloque oriental formado por Unicaja, La General y La Caja de Jaén; y frente al occidental formado por San Fernando y El Monte. Esta entidad cordobesa argumenta su especial estatus que le permite esquivar el proceso de fusión gracias a la participación mayoritaria de la Iglesia en la misma. En último lugar, La General y La Caja de Jaén reconocen su inferioridad y el peligro que corren de ser absorbidas, por lo que se niegan (El Correo 3/II/99). Estas discrepancias muestran como la gestión de éstas se asemeja más a la banca privada que a entidades de financiación pública, pues cada una defiende sus propios intereses en vez del común social.
La propuesta del gobierno no está concensuada ni siquiera dentro de su partido (PSOE). La voz oficial, encabezada por Chaves y Magdalena Álvarez (Consejera de Economía y Hacienda de la Junta) es debatida por otras como la del Secretario en Granada, José Moratalla, que propone una primera fusión entre La General y La Caja Jaén como premisa imprescindible a la concentración en una sola Caja (El País 27/II/99).
El PP tacha a través de su flamante ministro, Javier Arenas, de profundo error «porque decisiones de este calado económico, político y social no pueden responder al decreto o decisión de ningún político». En su opinión falta profesionalidad y criterios de mercado que orienten la actuación de estas entidades (El País 7/III/99). Esta postura muestra, una vez más, el profundo respeto de la burguesía por los principios democráticos ya que las decisiones de calado económico, político y social deben dejarse en manos de la tecnocracia burguesa pero nunca en las de los representantes de la población.
Nos gustaría terminar diciendo que el Gobierno de la Comunidad Autónoma Andaluza ha entendido la necesidad de controlar estas entidades para responder a las verdaderas necesidades de las población ya que este fue el fin que impulsó la creación de las mismas. Sin embargo creemos que este es un capítulo más de esa constante guerra preelectoral entre gobierno central y autonómico. Ambos entienden que la verdadera intención del proyecto es la de tener mayor representación política en las Cajas para luego usarla como arma económica en ese enfrentamiento. El hecho de que ante el rumor y la expectativa de un posible adelanto de las elecciones autonómicas haya hecho congelar dicho debate, nos confirma la hipótesis de que ambas formaciones desean esperar el resultado de éstas, ya que querrían tener una participación de la Junta en la futura Caja de Ahorros siempre que fueran sus partidos los que tuvieran la mayoría en el Parlamento.
La situación es propicia para crear un debate público donde se plantee qué uso debe hacerse de las Cajas de Ahorros y quién debe controlarlo. Por ello IU y las organizaciones de izquierda deberían apostar por una Caja Única siempre que suponga el paso inmediato a la socialización efectiva y racional de los recursos de estas entidades, defendiendo así un verdadero sistema público financiero. No hay que olvidar el gran potencial financiero de las Cajas de Ahorros, que de fusionarse en Andalucía, contarían unos recursos de 3'4 billones de pesetas y movilizarían 2'7 billones en créditos (El País, 4/III/99) que permitirían hacer frente a muchos de los problemas sociales y económicos de los más desfavorecidos.
Sería absurdo hablar de socializar los recursos de las Cajas sin hacer lo mismo con la Banca privada, sin embargo lo que pretendemos con este artículo es impulsar un debate fundamental para responder a otro más de los grandes problemas económicos y sociales que genera el actual sistema económico. Por ello, a continuación, recogemos los fundamentales puntos de un programa para hacer efectiva dicha política respecto a las Cajas de Ahorros.
4 El gasto en Obra Social de la Caja debe ser utilizado en coordinación con las administraciones autonómicas y de los municipios para garantizar su adecuado empleo en atender las necesidades sociales.
4 Dedicar la totalidad de los beneficios de ésta a atender las necesidades sociales: vivienda, servicios públicos, empleo, etc.
4 Monopolio a cargo de la Caja del cobro de tasas de cualquier índole.
4 Participación en proyectos industriales de titularidad pública.
4 Los créditos deben concederse a un precio acorde con las posibilidades del demandante, atendiendo a su renta y a su patrimonio. Para las familias trabajadoras que soliciten créditos para vivienda, tratándose de primera necesidad, los créditos se deben dar a un interés mínimo que se limite a garantizar estrictamente los gastos de funcionamiento de la Caja.
4 Créditos blandos para pequeños empresarios, bajo supervisión de la administración y de los representantes de los trabajadores.
4 A fin de garantizar el control democrático de la Caja, deberá someterse al control de una comisión compuesta a  partes iguales por:
a) Representantes de las administraciones autonómica y municipal.
b) Representantes de las distintas entidades ciudadanas (sindicatos, asociaciones vecinales, etc.)
c) Representantes de los trabajadores de la entidad.
4 No a la contratación temporal en la Caja.
4 Igualación al alza de las condiciones y derechos laborales de las distintas categorías.
4 Aplicación inmediata de la jornada laboral de 35 horas semanales.
4 Prohibición de horas extras, salvo casos de fuerza mayor supervisados por los representantes de los trabajadores.
4 Sueldo máximo para los altos cargos que nunca superará en 3'5 veces el SMI que reivindicamos (350.000 ptas en 14 pagas).
4 Vinculación de las introducción de nuevas técnicas informáticas a la reducción de la jornada laboral.