Informe de IU sobre las cárceles de Madrid
El fracaso del sistema penitenciario
Entrevista a Virginia Díaz, parlamentaria autonómica y co-autora del informe

Alberto Arregui

Hace poco tiempo Virginia Díaz fue motivo de una entrevista en nuestras páginas debido a su papel activo en la acusación particular contra Pinochet por los asesinatos de la dictadura en Chile. La lucha contra la impunidad de las dictaduras chilena y argentina se ha convertido en un símbolo internacional de la batalla por los derechos humanos. Uno de los objetivos de esos procesos es, sin duda, que los asesinos den con sus huesos en la cárcel.
Resulta paradójico que la conversación que hoy mantenemos con Virginia verse sobre el fracaso del sistema penitenciario español y, por ende, la defensa de los derechos de quienes están en las prisiones. Pero la contradicción es sólo aparente, tal y como se pone en evidencia, en realidad se trata de distintas manifestaciones de un sistema social injusto, y quienes son consecuentes en su combate político se enfrentan a todas las limitaciones injustas a los derechos y libertades.
 Durante el año 98, y junto al diputado de la Asamblea de Madrid Carlos Paíno, esta parlamentaria autonómica de IU, ha elaborado un informe detallado acerca de las condiciones que se viven en nuestras cárceles. «Nos ha costado un año completo porque nos veíamos obligados a dejar transcurrir un tiempo desde una visita a otra, hasta que te podías recuperar del impacto que supone entrar en contacto con la realidad de los reclusos».
El propósito es que se haga lo mismo en todas las Comunidades Autónomas, con el fin de poder emprender iniciativas políticas y legislativas que mejoren esta situación. «Aunque es difícil, ya que en este tema, como en tantos otros, IU se queda bastante sola en las proposiciones que hace. En realidad en política penitenciaria existe una continuidad de actuación por parte de todos los gobiernos que hemos tenido, desde los orígenes del sistema democrático. Pero los problemas se van agudizando con errores como la construcción de nuevas macrocárceles. Es necesario reabrir un debate global sobre la política penitenciaria, dando la palabra a todas las partes implicadas».

Cuando lees «El informe sobre la situación de las prisiones en la Comunidad de Madrid», llaman la atención los datos sobre las condiciones de vida de los presos, algunos tan escandalosos como el presupuesto de alimentación: 450 pesetas por recluso y día, cantidad que no se modifica desde el año 90.
Todos los datos del informe están contrastados. Lo hemos comprobado personalmente y con los informes facilitados por los distintos centros. Hemos visto las condiciones de las celdas, el hacinamiento, los internos en las celdas de aislamiento que son una especie de cárcel dentro de la cárcel. Incluso en alguna prisión, cuyas deficiencias higiénicas pudimos comprobar, los internos denunciaban la existencia de ratas y otros bichos en las cocinas.

Estas condiciones de vida, las denuncias de casos de malos tratos, la falta de trabajo... parece que lleva a la conclusión del fracaso del sistema penitenciario.
La población reclusa pasa la mayor parte del tiempo en la inactividad absoluta, lo que es justamente la antítesis de cualquier política activa de reeducación y resocialización. Además el nuevo Código Penal ha aumentado las penas por delitos relacionados con las drogas ilegales, con lo que muchos de ellos se enfrentan a condenas de larga duración. Por otra parte en la reforma del Código se eliminó la redención de penas por el trabajo, algo en lo que Belloch (ministro del anterior gobierno González) puso un empeño especial, y eso es un grave error. Si consideramos que el propósito de la Constitución y las leyes es alcanzar la reeducación y la reinserción social, podemos afirmar que el sistema penitenciario es un absoluto fracaso. Cumple más una función de castigo y de aislamiento. Los presos siguen teniendo el derecho a un trabajo remunerado que se les niega en la mayoría abrumadora de los casos. Estamos necesitados de una reforma en profundidad, no sólo del sistema penitenciario sino de las leyes, en algunos casos evidentes como la ley de extranjería o lo referente a las drogas.

Según el informe «más del 80% de los penados cumplen condena por delitos vinculados directa o indirectamente al tráfico de drogas ilegales. Esta característica también se da en la población inmigrante y en las minorías étnicas autóctonas».
Para mí es un tema central.

La conclusión a que llegáis parece ser la de defender la legalización de la droga. ¿Pero tú crees que eso sería una solución al problema, cuando vosotros mismos decís en el informe que hay una relación directa con las necesidades básicas que la sociedad capitalista no garantiza? ¿No sería mejor decir que atenuaría el problema pero que no lo resolvería, pues si los problemas sociales siguen, de una u otra forma seguirá la delincuencia?
Es necesario distinguir varios aspectos. Al hablar de las cárceles estamos hablando de la última fase en la que interviene la Administración cuando un individuo es detenido y condenado. Desde luego el problema es anterior, derivado del sistema, y esto se ve muy claro en los delitos por los que cumplen pena los internos que en un algo porcentaje se relacionan con la ilegalidad de las drogas. El sistema económico y las carencias de derechos básicos como el trabajo y la vivienda es lo que empuja a la mayor parte de esa población reclusa a delinquir.
Pero la actual política prohibicionista no sólo no está resolviendo los problemas individuales y sociales que la ilegalidad conlleva, sino que además los esta agravando. Los juzgados y las cárceles se encuentran llenos de personas que no deberían estar ahí, dado que su perfil no es el del delincuente que tenga que ser resocializado o reeducado. Su vinculación a la droga viene determinada por las necesidades propias del consumo o por las necesidades vitales básicas que este modelo social no garantiza (falta de trabajo, de vivienda, de educación en condiciones de igualdad...).
Hay además dos vertientes en el consumo de la droga: la del individuo que consume una sustancia que no esta controlada con graves problemas de adulteración, y la de las repercusiones sociales que esa ilegalidad trae tanto en el ambiente familiar, con la desestructuración de la familia y el entorno, así como la incidencia social que se traduce en la delincuencia. Nosotros decimos que esos problemas de delincuencia, con las gravísimas consecuencias que vemos que suponen, se suprimirían si esa sustancia fuera legal, lo que no quiere decir que los problemas sociales o los derivados de un mal uso de las drogas vayan a desaparecer, de igual manera que el alcoholismo o el tabaquismo no desaparecen por ser legales. Pero resolvería los problemas que estamos abordando en cuanto a las repercusiones de esa ilegalidad en el aparato de justicia y de administración penitenciaria.

Otro tema que abordáis en el informe es el de la necesidad de que los presos cumplan su condena cerca del lugar de residencia habitual.
Se relaciona normalmente este problema con los presos de ETA, pero no les afecta sólo a ellos, es habitual encontrar en las cárceles a gente que está alejada de sus familias, afecta a muchos reclusos.
En el caso de los presos de ETA, tienen varios problemas uno de ellos es que al aplicarse los llamados FIES (Ficheros de Internos de Especial Seguimiento) que deberían desaparecer por ser contrarios a la normativa europea y a los derechos de las personas, se les clasifica dentro de una categoría administrativa, y se les aplica el primer grado, aunque lo niegue el director general de instituciones penitenciarias. Ya de entrada, cuando llegan al centro, eso supone que se pasan un mínimo de dos o tres meses en régimen especial, en celdas de aislamiento aunque su comportamiento en el establecimiento sea totalmente normal, con lo que se les impone un doble castigo que se superpone a la sentencia.
 Lo mismo sucede con la política de dispersión de presos diseñada por el gobierno desde el año 87, que vulnera los derechos del preso y de sus familias. Si tenemos en cuenta el contexto que estamos viviendo en el País Vasco con el proceso de tregua de ETA, además de una necesidad de justicia se plantea también como algo que serviría positivamente al proceso de paz.
Seguimos charlando durante un buen rato; los derechos constitucionales de los presos parece que se terminan cuando ingresan en prisión, o al menos quedan limitados por su dificultad para hacerse oír. Virginia sigue desgranando argumentos que ponen en cuestión los fundamentos del sistema penitenciario. Hablamos del problema de los malos tratos, de la situación de los extranjeros, de las enfermedades en las cárceles, la capacidad o incapacidad de los presos para reivindicar un trato más humano.
Destaca la carencia de medios en manos de los funcionarios para desarrollar bien su labor, pero añade que cuando se produce un caso de denuncia de malos tratos, los funcionarios deben ser los primeros en aclarar el fondo de las denuncias y acabar con la posibilidad de que, por pocos que sean, se den casos de malos tratos. «El recluso está en inferioridad de condiciones, es más vulnerable físicamente y en sus derechos».
Me explica algunos de los casos que ha vivido personalmente, transmite una clara sensación de una situación injusta a la que debemos poner remedio. Pero sobre todo transmite una implicación personal en este tema, la capacidad de compartir la angustia. «La sensación más horrible que puedas imaginarte se produce al sentir a tus espaldas cómo se cierra la puerta y entras en otro mundo». Y eso que sabes que vas a salir. «Claro que lo sabes, pero aun así sales tocada».