Editorial
Vota a IU y lucha por tus derechos
Hay que derrotar a la derecha
Por una mayoría de izquierdas en ayuntamientos y comunidades

El próximo 13 de junio se celebran elecciones en 13 comunidades autónomas y en más de 8.000 municipios. La mayoría de estas comunidades y ayuntamientos están gobernados por el Partido Popular, vencedor de los anteriores comicios de 1995. Cuatro años de gobiernos municipales y autonómicos de la derecha que, en perfecta sintonía con la política llevada en el Gobierno central, han supuesto una mayor precarización del empleo, privatizaciones, auge de la especulación en detrimento de la vivienda social y de la atención de las necesidades de los barrios obreros… en definitiva más desigualdades sociales. Es una necesidad vital para la clase obrera desalojar a la derecha del poder, para empezar, en estas instituciones, pero exigiendo que su relevo sea para aplicar una política realmente de izquierdas, que recoja fielmente los intereses de las familias trabajadoras y de nuestros barrios.

Los salarios apenas han crecido, los empleos temporales siguen suponiendo más de un tercio del total (32%) y, además, desde la última reforma laboral, la mayoría de los que se contrata fijos dependen del nuevo contrato indefinido con despido barato. Las ETTs han pasado a gestionar un 25% del total de la contratación temporal que se realiza en comunidades como la de Madrid, pagando sueldos hasta un 60% inferiores y con contratos de menos de 5 días en gran número de casos.
Al tiempo, las prestaciones por desempleo apenas cubren a poco más de un tercio de los trabajadores en paro según la Encuesta de Población Activa, y el 70% de las pensiones sigue estando por debajo del SMI.
En este contexto, la pobreza afecta a una cantidad de personas que oscila entre los 6’6 y 8’2 millones, según el Consejo Económico y Social, en torno a un 20% de la población. Se trata de personas que viven con unos ingresos inferiores a 44.255 pesetas. La pobreza denominada «severa», quienes han de mantenerse con ingresos inferiores a 13.000 pesetas, afecta sobre todo a niños y jóvenes, que suponen un 60% de los integrantes de este sector. Hace 20 años el 75% de los pobres «extremos» eran mayores de 60 años.
Mientras la mayoría de la población sufre esa situación, el PP se ha dedicado ha reducir los impuestos a los ricos, a privatizar las empresas públicas y a iniciar una política en beneficio de la Educación y la Sanidad privada, en detrimento de las públicas.
La España que «va bien» es la de los grandes empresarios que, año tras año, han incrementado escandalosamente sus beneficios y la especulación en Bolsa ha vivido un crecimiento delirante. Las 300 empresas que cotizan en Bolsa tuvieron unos beneficios brutos de 2,77 billones de pesetas en 1998, un 12,14% más que en el año anterior. En el primer trimestre del año los cuatro grandes grupos bancarios recogieron unos beneficios de 139.000 millones de pesetas, un 20’7% más.

El paraíso de la especulación
En este contexto, las comunidades y ayuntamientos gobernados por el PP no han hecho sino ahondar en las desigualdades sociales. Estas instituciones controlan ya el 40% del gasto público y, apenas culmine el traspaso de las competencias sanitarias, controlarán el 50% por lo que es cada vez más importante  si dedican sus recursos a quienes más los necesitan o a quienes más tienen.
Particularmente escandaloso es cómo se ha propiciando una especulación del suelo mediante la utilización de los planes generales de urbanismo para calificar la mayor cantidad posible de suelo para la construcción de viviendas llamadas «libres», en beneficio de las compañías inmobiliarias, constructoras y bancos. Al mismo tiempo, han reducido al mínimo la realización de vivienda de protección oficial, para forzar a la compra de casas privadas.
Madrid, tanto el Ayuntamiento de Álvarez del Manzano como la Comunidad de Ruiz Gallardón, es un buen ejemplo de esta política a favor de los bancos y las inmobiliarias. Una reciente encuesta asegura que un 60% de las personas no puede acceder a una vivienda de precio libre, lo que no es de extrañar si tenemos en cuenta que el precio medio de la vivienda «libre» es de 26 millones de pesetas. Según CCOO en Madrid se necesitarían 120.000 nuevas viviendas baratas, a las que habría que añadir otras 170.000 que buscan familias que quieren cambiar de piso.
Desde octubre de 1997 a septiembre de 1998, sólo un 11,5% de las viviendas que salieron a la venta eran de protección oficial (1.759 de las 15.184 que se pusieron a la venta).
Sin embargo, esta ha sido la tónica en todas las ciudades del Estado español. Las propias administraciones públicas son las primeras que venden su suelo al mejor postor en lugar de emplearlo para atender las necesidades sociales de vivienda y equipamientos.
De la misma forma que el Gobierno de José María Aznar ha privatizado la mayor parte de la empresa pública, ayuntamientos y comunidades de la derecha han seguido la política de privatizaciones. Una vez más, el Ayuntamiento de Madrid nos brinda un buen botón de muestra, con la privatización de los servicios funerarios municipales, empresa valorada en más de 2.000 millones de pesetas que vendió por el importe simbólico de 100 pesetas, —a causa de su deuda, de unos 2.000 millones, que luego se condonó—. Esa empresa, que hasta entonces era deficitaria, ha empezado a tener beneficios de miles de millones de pesetas. El tribunal de Cuentas de Madrid, que está investigando el asunto por denuncia de IU, ha reconocido que hay indicios de fraude en esta privatización. El cuidado de los parques, la recogida de la basura… todo se cede a la empresa privada. CCOO denunció, con datos en la mano, que el servicio de prevención de incendios de la Comunidad de Madrid, que había sido privatizado por Ruiz Gallardón, saldría más barato y funcionaría mejor si fuese público.

Un giro a la izquierda
A los trabajadores nos sobran razones para desalojar a la derecha de los ayuntamientos y comunidades. Una gran dificultad para lograrlo, es que una parte de los dirigentes del PSOE comparte en bastantes temas clave, el punto de vista de la derecha, con lo que es más difícil hacer una oposición firme a la derecha y ofrecer una alternativa que ilusione a los trabajadores.
Muchas de las medidas que ahora aprovecha el PP, fueron introducidas por los gobiernos de Felipe González: la reducción de las prestaciones por desempleo, las privatizaciones, la contratación temporal, las ETTs…
De hecho, el proceso de privatización de la Sanidad que supone la creación de Fundaciones Sanitarias, es posible gracias a la aprobación de la ley 15/97, que permite la gestión de los centros sanitarios «públicos» por cualesquiera figuras jurídicas existentes en el derecho privado. Esta ley fue aprobada con el voto en contra sólo de los grupos parlamentarios de IU y el BNG.
El apoyo que tuvo José Borrell en las primarias, sin duda, expresaba la necesidad que la mayoría de la base socialista tiene de dar un cambio, de girar a la izquierda, para enfrentarse con la derecha. Borrell no ha sido capaz de dar una pelea decidida contra el aparato del partido, movilizando a la militancia con un programa político de izquierdas, sino que ha tratado de convivir con él. El efecto Borrell ha fracasado, pero la necesidad de girar a la izquierda sigue presente.
Desde luego, el primer paso necesario es desalojar a la derecha del poder pero, además, para que después se dé un giro a la izquierda hace falta que crezca el apoyo a IU.
La única fuerza política que ha mantenido su oposición a la política del PP en los terrenos más importantes, ha sido IU. Frente a la precarización del empleo ha defendido sola, las 35 horas, por ley y sin reducción salarial, ha pedido el cierre de las ETTs, se ha opuesto a la política de privatizaciones y ha defendido el sector público…
No es casualidad que la patronal de las ETTs en Madrid haya llevado a IU-CM ante los tribunales por perjudicar su imagen, reclamando una multa de 50 millones de pesetas.
IU ha planteado la necesidad de una salida política al conflicto vasco, defendiendo el derecho democrático de autodeterminación, a la par que se enfrentaba tanto al nacionalismo vasco como al español. Ha sido la única fuerza estatal que ha firmado el Pacto de Estella, que dio paso a la tregua de ETA, y ha seguido defendiendo los intereses de los trabajadores frente a la burguesía vasca o española.
Ante la intervención militar de la OTAN en Yugoslavia, ha sido la única fuerza política de ámbito estatal que se ha opuesto a esa guerra falsamente humanitaria.
Por su parte IU debe ser capaz en primer lugar de llevar una política de unidad de la izquierda correcta, huyendo del sectarismo probadamente fallido de las «dos orillas» tanto como del adaptacionismo a la política de los dirigentes del PSOE.
IU nunca debe permitir que se constituyan gobiernos municipales o autonómicos del PP si con sus votos puede impedirlo. Sin embargo, eso no puede significar que el apoyo de IU al PSOE frente al PP sea un cheque en blanco para cualquier política, sino que sólo se deben respaldar aquellas medidas que beneficien a la mayoría de la sociedad: que supongan construir viviendas de protección oficial asequibles, mejoras sociales en los barrios, creación de empleo digno y en condiciones, combatir la miseria… Pero IU debe oponerse a todas las medidas en contra de los intereses de los trabajadores y de la población más humilde.
Igualmente, es muy importante que exista un movimiento vecinal y sindical fuerte y reivindicativo, que luche por sus derechos. Todo no se puede resolver desde los ayuntamientos y comunidades, pero si éstos tienen una política genuinamente de izquierdas serán los primeros en encabezar la movilización para que sean atendidas las necesidades que hoy tenemos trabajadores y trabajadoras, jóvenes y mayores, en el trabajo y en nuestros barrios.
Por último, debemos resaltar las principales lagunas del programa de IU, particularmente la falta de una política de nacionalizaciones de las grandes empresas de este país, en especial de los bancos, que sería la única forma de permitir una planificación democrática de la economía y de disponer de los recursos suficientes para atender las necesidades sociales que reivindicamos: vivienda, empleo… Eso en el terreno autonómico y municipal, se traduce en la necesidad de una socialización efectiva de las Cajas de Ahorro, sometiéndolas al control de los representantes de los organizaciones sindicales y vecinales, que supervisarían su funcionamiento para garantizar un uso racional y social de sus recursos.
En última instancia, la mayor carencia de IU es la defensa de una manera clara y consecuente de la necesidad del socialismo. No se trata de una cuestión de fe revolucionaria: si crees que este sistema es el único posible, necesariamente acabas aceptando sus criterios que son los de la burguesía, como les ha sucedido a muchos dirigentes del PSOE, y justificas la necesidad de una moderación salarial, de recortes en las pensiones, en vivienda pública… Por eso, la defensa de las necesidades más básicas e inmediatas de los trabajadores cobra fuerza cuando se parte de la convicción de que para consolidar cada conquista y resolver definitivamente los problemas que sufre el conjunto de la clase obrera hay que transformar esta sociedad capitalista. Precisamente, hay que aprovechar la lucha por lo más inmediato: el derecho a un empleo digno para todos, a una vivienda, a la sanidad… para explicar que necesitamos una sociedad. Desde IU debemos explicar que es preciso abolir la propiedad privada de las fuerzas productivas y construir una sociedad socialista, en la que los grandes recursos económicos, que son el fruto del trabajo colectivo, sean propiedad de todos y su utilización sea planificada democráticamente en beneficio de toda la sociedad.

 

 

Un programa socialista para ayuntamientos y comunidades

Empleo
-Aplicación de la jornada laboral de 35 horas en todas las administraciones autonómicas y municipales, y entidades dependientes, sin reducción salarial.
-Prohibición de realizar horas extra, que se contrate personal suficiente para atender adecuadamente los servicios públicos.
-Promover un Salario Mínimo Interprofesional digno, que siga las recomendaciones de la Carta Social Europea, para lo que tiene que establecerse en el 68% del salario medio de cada país. De esta forma, el SMI tiene que ser de 14 pagas con 128.000 pesetas brutas al mes, utilizándolo de referencia en todas los subsidios que dependan de las administraciones autonómicas y municipales, así como entidades dependientes.
-Defender que toda persona a la que no se garantice un empleo digno tenga una prestación por desempleo o ayuda indefinida, como mínimo igual al SMI reivindicado.
-No utilización de la contratación temporal en ningún ámbito de la administración y entidades dependientes. A fin de garantizar el mantenimiento del servicio público en las debidas condiciones, hacer un cálculo del promedio anual de la cantidad personal necesario para cubrirlas y ampliar la plantilla en el porcentaje pertinente.
-Actitud beligerante con las Empresas de trabajo Temporal y las Agencias privadas de Colocación, declarándolas empresas non gratas, prohibiendo su utilización en todos los ámbitos de las administraciones municipal y autonómicas, y entes dependientes, y negando cualquier contrata a empresas privadas que utilicen ETTs.
-En la adjudicación de contratos a empresas, incluir en los baremos una mayor puntuación a favor de las empresas que tengan a toda la plantilla fija, respeten probadamente las condiciones de seguridad en el empleo, apliquen la jornada de 35 horas sin merma salarial y que no remuneren a ninguno de sus empleados con menos del SMI que recomienda la Carta Social Europea.
-Ninguna privatización de servicios públicos, tanto en materia de propiedad como de gestión. Todo servicio necesario para la comunidad —funeraria, transporte, impieza, basuras, jardines…— deben prestarlo empresas públicas.
-Remunicipalización de los servicios privatizados, convirtiendo a sus respectivas plantillas en personal laboral de la administración.
-Democratización de las empresas públicas, sometiéndolas al control de una comisión formada a partes iguales, por los representantes de los trabajadores, de las entidades vecinales y sindicatos, y la administración, de tal forma que se garantice tanto el servicio más adecuado como unas condiciones de trabajo dignas.

Vivienda
-El suelo urbano deber ser considerado un bien de primera necesidad, sometiendo su uso a las necesidades sociales y combatiendo la especulación. El uso del suelo público estará supeditado a la atención de las necesidades sociales, impidiendo cualquier clase de especulación por parte de las propias administraciones. Defender la necesidad de una ley estatal que socialice el suelo urbano, indemnizando sólo a los pequeños propietarios.
-Revisión de todos los planes generales de urbanismo, tras una discusión con las entidades vecinales y los sindicatos, para garantizar que la calificación del suelo responde a las necesidades para edificar vivienda de protección oficial y equipamientos sociales suficientes para atender a los barrios, cobrando sólo el coste de urbanización de dichos suelos.
-Creación de una Empresa Constructora pública por parte de las comunidades y municipios medianos y grandes que atienda las necesidades de edificación de vivienda en VPO y rehabilitación de casas. Esta medida, unida a la utilización de suelo público, permitiría construir a precios de coste, garantizando tanto unas viviendas asequibles, de calidad y con unas condiciones de trabajo de sus empleados dignas.
-Construcción de vivienda de VPO en cantidades suficientes para atender las necesidades existentes. Dichas casas deberían venderse o alquilarse por cuotas que nunca superasen el 15% de los ingresos familiares, para que fuesen realmente asequibles.
-Penalización fiscal de las segundas viviendas vacías, de tal forma que se estimule la puesta en alquiler de dichas casas.

Servicios sociales
-Dotaciones sanitarias —hospitales, ambulatorios con especialistas, centros de salud, etc— acordes con las necesidades reales de los barrios. Defensa de la Sanidad Pública, rechazando la gestión privada por medio de fundaciones o cualquier otra forma.
-Garantizar una educación pública, gratuita, democrática y laica en todos los tramos educativos, desde la escuela infantil a la universidad, con plazas suficientes para las necesidades existentes. No a la competencia entre centros públicos. Retirada de las subvenciones a los centros privados concertados o incorporación a la red pública.
-Servicios sociales, centros culturales, bibliotecas y casas de la juventud suficientes para atender las necesidades de los barrios.

Participación democrática
-La labor de representación política no puede ser un medio para enriquecerse, sino un servicio a los ciudadanos, por lo que diputados autonómicos, concejales ­y por supuesto, quienes integren los gobiernos municipales o autonómicos­ han de estar dispuestos a vivir con unos ingresos que nunca superen el salario medio de la Comunidad donde vivan. El salario medio del Estado español era de 220.000 pesetas brutas mensuales en 1998.
-Los diputados y concejales de la izquierda deberían comprometerse a que su remuneración no superará el salario medio de un obrero cualificado, entregando el resto de sus ingresos por la actividad institucional a su organización. Para representar bien los intereses de los trabajadores hay que vivir como un trabajador.
-Limitación de los sueldos de los altos cargos a un máximo de 3 veces el salario mínimo que reivindicamos.
-Potenciación de los Consejos de participación ciudadana, promover la creación de Juntas de distrito, cuya elección se haga de manera directa, promover y facilitar la participación en los plenos.

Financiación
-Socialización efectiva de las Cajas de Ahorro, sometiendo su gestión al control de los representantes de sus trabajadores, de las entidades ciudadanas y sindicales y de las administraciones, a partes iguales, para garantizar que sus recursos se emplean de forma racional para atender las necesidades sociales.
-Dedicación del 100% de sus ganancias a Obra social, de acuerdo con los planes de las administraciones autonómicas y municipales para atender las necesidades sociales.
-Monopolio del cobro de tasas e impuestos municipales y autonómicos por parte de las Cajas.
-Concesión de créditos sin intereses para la promoción y adquisición de vivienda de protección oficial.