Ecuador
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¿Un movimiento revolucionario?

Domingo Echevarría - Pamplona

¿Movimiento revolucionario o «cantinflada»? Con tan peyorativo término describe el depuesto presidente Jamil Mahuad las masivas protestas que le costaron el cargo después de que decenas de miles de indígenas, campesinos, trabajadores y estudiantes ocuparan el viernes 21 de enero los edificios del Parlamento, el Tribunal Supremo y el Palacio Nacional en la capital, Quito, tras una semana de movilizaciones, manifestaciones, huelgas y enfrentamientos por todo el país. Según Mahuad, y con él los medios de comunicación, todo fue una turbia conspiración castrense que se sirvió de las masas para luego dejarlas en la estacada. Un análisis a todas luces peregrino.

Los indicadores abruman sobre la crítica situación de la economía ecuatoriana. En año y medio de Gobierno Mahuad, el sucre (moneda nacional) se devaluó un 200% respecto al dólar. En 1999, el PIB se contrajo un 7% y la inflación se disparó al 60%. Hay un 70% de paro o subemepleo. Más del 60% de la población es oficialmente pobre. Cuatro millones de trabajadores y campesinos sobreviven con un salario mensual de 45 dólares, cuando la cesta básica cuesta 200.

Todo ello en un país clasificado en 1998 como el noveno más corrupto del mundo y en el que algunos de sus más acaudalados habitantes (incluida la Santa Madre Iglesia Católica) poseen parte de los 12.000 millones de dólares de una deuda externa cuyo pago absorbe el 40% del presupuesto, mientras el gasto social en educación y salud se desploma (del 12% del PIB en 1980 a sólo el 3,3% en 1999).

Así las cosas, el Gobierno Mahuad decretó el 11 de enero la «dolarización» de la economía y el establecimiento de un tipo de cambio fijo de 25.000 sucres por dólar. Estas medidas, decía, animarían el retorno de los capitales huidos al extranjero, estimularían las inversiones foráneas, lo que, junto a la congelación de los depósitos bancarios, ayudaría a bajar los tipos de interés, a reducir la inflación y, algo extraordinario, a contener el descontento social.

Esta música es vieja para los trabajadores y campesinos ecuatorianos, pues son las típicas políticas de ajuste dictadas por el Fondo Monetario Internacional y que, en los últimos tres años, han provocado grandes movilizaciones sociales que han arrumbado con cinco presidentes y una junta militar. El mismo Mahuad por dos veces, en marzo y en agosto de 1999, hubo de retirar dos planes de ajuste similares ante sendas huelgas generales.

Este enero, a sabiendas de que la «dolarización» es el preludio de una paralización de la economía, de una nuevo empeoramiento de sus condiciones de vida, de un regalo para los ricos (con sus cuentas bancarias en dólares que compraron a 15.000 sucres) y las compañías exportadoras (que cobran en dólares), de un ataque incluso a sectores de las clases medias que ven sus depósitos bancarios congelados y arbitrariamente «dolarizados», la respuesta ha ido más allá.

La Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas (CONAI) y la Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS) convocaron un alzamiento nacional indefinido desde el día 15 de enero y la toma de Quito por miles de campesinos indígenas de todo el país. Su objetivo esta vez era un desafío en toda regla al Estado burgués, pues declaró abolidos los corruptos poderes del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial).

El estado de emergencia y las detenciones de dirigentes sindicales y estudiantiles alentaron el movimiento, que fue un auténtico levantamiento nacional en el que participó activamente la clase obrera y las organizaciones sindicales, que estableció sus órganos de doble poder (parlamentos populares) en los ámbitos nacional, regional y local y que ocupó por todo el territorio los edificios gubernamentales.

Este movimiento, como tantas otras veces en la historia (Rusia, 1917; España, 1936;...) arrastró también a sectores militares, como los llamados «70 coroneles jóvenes», que lo apoyaron por identificación con los insurrectos, y otros que lo hicieron como rechazo a la corrupción del Gobierno y al control de la economía por las multinacionales americanas.

Tras tomar el Congreso, con el poder en manos de las masas, se nombró una Junta Cívico-Militar de Salvación Nacional de tres miembros (Vargas, líder de la CONAI, Solórzano, un resabiado ex presidente del Supremo, y el coronel Gutiérrez) que, desde un primer momento, mostró su confusión apelando a los empresarios y banqueros de buena voluntad, a los antiguos presidentes y políticos honestos (¿cuáles?) a que ayudaran a «cambiar» el país.

Viendo cómo el poder se escapaba de sus manos, el Mando militar sustituyó al rebelde coronel Gutiérrez por el «leal» Comandante en Jefe Mendoza con el objetivo de descabezar el movimiento, sacrificando a Mahuad para mantener el poder. En cuestión de horas, Mendoza entregó el poder a Gustavo Noboa, vicepresidente con Mahuad y partidario de seguir con la «dolarización» y el ajuste, que lo primero que hizo fue iniciar la represión contra los rebeldes.

Desorientadas, las masas abandonaron la capital y los parlamentos populares se fueron disolviendo, cerrando así el primer capítulo de un movimiento revolucionario que constituirá una experiencia valiosa para futuras luchas, siempre que se saquen las necesarias conclusiones sobre el papel del Estado (a favor de la oligarquía, sobre todo en los momentos cruciales), los mandos militares (cuya cúpula estará del lado del sistema, mientras sus rangos inferiores pueden ser ganados para la causa revolucionaria) y, ante todo, la confianza que las masas obreras y campesinas han de tener en sus propias fuerzas. Con una dirección revolucionaria basada en la radical desconfianza en la burguesía, en una política de independencia de clase, en un auténtico programa socialista y en una perspectiva internacionalista, los explotados de la sociedad son una fuerza invencible, que puede acabar con el atraso y la corrupción del sistema capitalista.