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El atentado de ETA frustra el proceso de paz

Koldo Usín - Diputado en el Parlamento vasco por IU/EB

Aunque esperado desde el anuncio de la ruptura de la tregua, el reciente atentado de ETA en Madrid ha supuesto un duro golpe para quienes habíamos apostado sinceramente por conseguir la paz a través de una vía política en el País Vasco. De nuevo asistimos a una campaña en todos los medios de comunicación y desde casi todas las direcciones políticas culpabilizando de forma exclusiva a ETA de la quiebra del proceso de pacificación. Otra vez escuchamos el tan manido y maniqueo discurso de «demócratas y violentos» que tanto le gusta al PP para dividir a la sociedad entre «buenos y malos», colocándose ellos mismos entre los «buenos», obviamente, al más puro estilo John Wayne (léase Mayor Oreja).

Así las cosas, uno corre el peligro de ser condenado al infierno del bando de los «malos» si se atreve a salirse del guión que se quiere establecer y pretende hacer un análisis menos trivial y más riguroso con los procesos históricos. Que ha sido ETA quien rompió la tregua y ha cometido el atentado es innegable. Que ETA se representa a sí misma y ha ignorado el deseo de la sociedad vasca tantas veces expresado en los últimos años es evidente, al igual que su existencia carece de cualquier justificación histórica o política.Y como militante de izquierdas no nacionalista que soy tengo que añadir además que a quien únicamente favorece ETA con sus atentados es al PP y a la derecha más reaccionaria. Ahora bien, también hay que decir que en el bando de los «buenos» hay mucho hipócrita, tan buen nacionalista español como el mejor nacionalista vasco del PNV o EH.

Confío en que todos estos meses sin atentados no hayan pasado en balde y que las bases políticas que puso el acuerdo de Estella sean en el futuro el punto de referencia obligado cuando se restablezcan las condiciones para avanzar en el proceso de pacificación y normalización política que tanto desea la sociedad vasca y la del conjunto del Estado. Para ello son necesarias el restablecimiento de la tregua, mejor aún la disolución de ETA, y extraer las lecciones políticas oportunas de lo ocurrido en estos últimos meses, huyendo de la presión de la dinámica que les interesa imponer al gobierno del Partido Popular y a la dirección del PSOE. Nuestra aportación debe ser la del análisis objetivo, como militantes de izquierda no nacionalistas, ni vascos ni españoles.

Problema político

Cuando se quiere resolver un problema es imprescindible conocer su naturaleza y las causas que lo han generado, porque de lo contrario, si nos limitamos a valorar los efectos, caeríamos en el empirismo. El «problema vasco» es de naturaleza política porque las ideas nacionalistas, autonomistas o independentistas, están profundamente arraigadas en sectores importantes de la sociedad vasca. ETA no es la causa del problema, como tampoco lo es la kale-borroka, es un efecto del mismo que se aprovecha de esos sentimientos para justificar su actividad terrorista. Sentimientos nacionalistas que, por otra parte, difícilmente se pueden entender sin un repaso a nuestra historia reciente.

La victoria del régimen de Franco impidió la aplicación del estatuto de autonomía que había sido refrendado mayoritariamente por la sociedad vasca durante la República, aboliendo también los fueros a Guipúzcoa y Vizcaya (a Álava y Navarra se los mantuvo, por haber sido provincias «leales», con importantes restricciones). Se inició una política de represión sistemática contra cualquier libertad o derecho democrático, ensañándose el régimen de manera especial contra cualquier expresión de lo vasco que hizo que calase la idea de la separación como forma de resolver todos los problemas. Junto con la reivindicación de la amnistía, la del reconocimiento del derecho de autodeterminación era ampliamente respaldada por la sociedad como una reivindicación de la izquierda no nacionalista frente a la reivindicación independentista. La división histórica en el nacionalismo vasco entre autonomistas e independentistas, también volvía a manifestarse abiertamente.

La transición española y el pacto constitucional

Básicamente la llamada transición española consistió en un pacto entre las fuerzas antifranquistas y las «aperturistas» del régimen preocupadas por conservar dos cosas fundamentales para los últimos: la propiedad privada, el sistema capitalista, y la unidad territorial de España; pacto que se reflejó en el texto constitucional y que especialmente en Euskadi frustró las esperanzas de un amplio sector social y que explica los resultados en el referéndum de la Constitución y del Estatuto de Autonomía y el respaldo social para la creación de Herri Batasuna como una fuerza política de masas claramente independentista, así como el que un sector de ETA, minoritario pero que tenía las armas, que había sufrido numerosas crisis y escisiones en el período final del régimen por las contradicciones que les generaba las movilizaciones obreras y sociales, pensase que esto justificaba la continuidad del terrorismo.

El nacionalismo autonomista, el PNV, preocupado por su parte de tarta económica y fiscal, pacta la creación de Comunidades Autónomas para los tres territorios históricos y un estatuto de Autonomía en el que se reconocen las transferencias de diversas competencias, hasta entonces en manos del Estado.

Llegados a este punto es importante recordar la política cicatera que han seguido todos los gobiernos desde la transición en materia de transferencias autonómicas o el propio cambio en política autonómica tras el intento de golpe de Estado del 81 en lo que se denominó «café para todos». Hay que reconocer el incumplimiento sistemático del pacto autonómico, lo que, entre otras cosas, explica el cambio de postura de PNV y EA, y el apoyo al renacimiento de la famosa Asamblea de Municipios Vascos para resolver, de manera peligrosa, los litigios sobre la territorialidad y la soberanía.

La movilización social

Durante casi dos décadas la sociedad ha sido una mera espectadora en una guerra entre la policía y el Estado por una parte, y ETA por otro, sin apenas posibilidades de intervenir. Asistíamos a una escalada de acción-reacción-acción entre ambos bandos en el que cada uno pensaba que podía vencer incondicionalmente al otro, con la salvedad de las frustradas negociaciones de Argel.

ETA y el MLNV fueron estableciendo sucesivos objetivos para doblegar al Estado (Expo de Sevilla, Olimpiadas de Barcelona...), hasta llegar a la aprobación de la ponencia «Oldartzen» basada en la socialización del terror: atentados indiscriminados, la kale-borroka, la movilización popular por los presos... El escenario ideal para su estrategia se dio con la detención de la Mesa Nacional de HB por difundir un vídeo de ETA en el que proponía su modelo para el proceso de pacificación. La campaña de movilizaciones y la huelga general convocada para el 7 de marzo de 1998 fueron un rotundo fracaso que puso en evidencia el cansancio de los militantes del MLNV.

El punto de inflexión se produjo con el secuestro y brutal asesinato de Miguel Ángel Blanco, que provocó la reacción masiva y espontánea de toda la sociedad harta de tantos años de terrorismo. A pesar de los intentos de utilización y manipulación que tanto el PP como la dirección del PSOE hicieron, después de muchos años de parálisis la sociedad se movilizaba e intervenía directamente. Esta movilización puso de manifiesto dos cosas: el intento de capitalización por parte del PP fundamentalmente, pero también de la dirección del PSOE, animando los ataques a las sedes de HB, podía conducir a un enfrentamiento civil abierto y, por otra parte, el apoyo social a los métodos del terrorismo cada vez era menor.

La Mesa de Ajuria Enea, como el resto de las mesas antiterroristas de Madrid o Navarra, se habían convertido en meros juguetes para el PP, con el apoyo del PSOE, vetando cualquier iniciativa que condenase otras actuaciones, como las del GAL, o que sirviesen para proponer salidas negociadas al conflicto, porque únicamente les servía la rendición incondicional de ETA y el abandono de toda reivindicación de soberanía o independencia. El rechazo a la propuesta de paz de Ardanza llevó al PNV a enterrar el cadáver en que se había convertido la mesa de Ajuria-Enea. Ante esta circunstancia el PNV, consciente también de lo que he explicado antes, opta por explorar vías de diálogo con la nueva mesa nacional de HB, reconvertida en Euskal Herritarrok.

De forma paralela a este proceso se desarrolla el proceso de paz de Irlanda que tiene un gran impacto entre quienes dentro del MLNV venían defendiendo la vía política. Salvando las diferencias que más adelante explicaré, en el acuerdo de Stormont se reconoce la imposibilidad de una victoria militar de nadie y el derecho de autodeterminación.

La combinación de todos estos factores puso las bases para el acuerdo de Estella (Lizarra-Garazi) y la posterior declaración de tregua por parte de ETA. EH abrió un proceso de apertura de la organización a sectores que, cansados de ETA, habían abandonado progresivamente la organización y ante los que se presentaban nuevas esperanzas.

El acuerdo de Estellay la política del PP

El acuerdo político suscrito en Estella representaba una base política para resolver un problema político enquistado. Contrariamente a lo que se ha dicho de este acuerdo no es ni soberanista ni nacionalista en el que las organizaciones firmantes se ciñen exclusivamente a reconocer la vía política como la única válida para resolver el conflicto y a aceptar la decisión democráticamente expresada de los ciudadanos acerca de su futuro (derecho de autodeterminación), no solo la de los vascos con respecto del Estado, también la de los navarros y vascofranceses entre sí.

Las reacciones del gobierno central y de la dirección del PSOE desde el momento mismo de la firma del acuerdo sólo tienen una explicación, al margen de los réditos electorales. El PP, con Mayor Oreja a la cabeza, creen firmemente que pueden vencer a ETA por la exclusiva actuación policial y únicamente les sirve una rendición incondicional, por ello, en su opinión, los partidos que firmamos el acuerdo estamos dando una cobertura política a ETA para disfrazar su derrota. En segundo lugar, para el PP es inaceptable sentarse a hablar simplemente de temas políticos como el derecho de autodeterminación o la política penitenciaria, utilizando el tema de los presos, sin lugar a dudas el más sensible y el que más moviliza, para dinamitar el proceso de paz. Lo reconoció recientemente el Ministro Piqué al afirmar que el Gobierno había torpedeado las iniciativas de Lizarra, porque esa era su obligación, o en las declaraciones del Ministro Serra en las que afirmaba que si se planteaba la autodeterminación, la constitución permitía utilizar al ejército para garantizar la unidad de España.

Estos dos puntos son precisamente los que diferencian al proceso de paz Irlandés del vasco. El Gobierno Británico reconoció la imposibilidad de resolver el problema militarmente debido al apoyo social del IRA y, de hecho, desde hacía mucho tiempo quería buscar una solución al conflicto para retirarse pero no podía hacerlo por las consecuencias. Ante la cuestión del control territorial, los acuerdos de Stormont han reconocido el derecho de autodeterminación.

La territorialidad, Navarra e Iparralde

Nunca, hasta el acuerdo de Lizarra, HB, ahora EH, había aceptado que los ciudadanos navarros o los de Iparralde también tenían el derecho a decidir su futuro, porque hasta ese momento su reivindicación era que históricamente Navarra formaba parte de Euskal-Herría, que junto con los vascos del norte tenían derecho a formar una nación independiente. En la declaración de Lizarra se reconoce el respeto a la decisión de todos los ciudadanos vascos, sin que se toque reivindicación nacionalista o soberanista alguna

Son los partidos nacionalistas, PNV, EA y EH los que resucitan la «Asamblea de Municipios Vascos» para imponer su concepto de territorialidad, llegándose a proponer por esta última fuerza política la celebración de elecciones para una asamblea o parlamento constituyente vasco. Como ocurrió en el pasado, esa pretensión creaba una peligrosísima división en cada ayuntamiento, entre ciudadanos partidarios y contrarios, y entre ayuntamientos (en Álava, por ejemplo, se empezó a utilizar el discurso demagógico de realizar un referéndum para separarse de la CAV). Finalmente, al ser el PNV consciente del riesgo, la «Asamblea de Municipios Vascos» se quedó en una plataforma política nacionalista.

La solución de este problema no puede venir de la imposición de las mayorías a las minorías, sino a través de organismos de coordinación que, respetando las decisiones de las mayorías, defiendan los intereses de las minorías.

IU ante el acuerdo de Lizarra

En IU, así como en todas las fuerzas políticas de la izquierda estatal, la cuestión nacional ha sido motivo de grandes controversias a lo largo de la historia. Debates como el del reconocimiento del derecho de autodeterminación, han provocado enormes polémicas en IU, tanto en Euskadi como en IU federal. Esas controversias se han mantenido desde el momento de la firma de la declaración de Lizarra.

IU ha tenido una andadura errática en este tema con declaraciones contradictorias de sus dirigentes, que han ayudado a aumentar la confusión entre los militantes y en la sociedad. Debido a las circunstancias la firma se produjo sin debate en las bases, falta de debate que, salvo excepciones, se ha mantenido durante todos estos meses.

Sin debate y con una visión fundamentalmente electoralista, todas las federaciones de IU firmaron en Bilbao un protocolo de adhesión al acuerdo de Lizarra. Con el descenso electoral de IU-EB en las elecciones autonómicas se produce una desbandada general en el que cada federación adopta públicamente sus propias decisiones con llamamientos a salirse o a quedarse en Lizarra en función nuevamente de previsiones electorales. Con el anuncio de la ruptura de la tregua y con el posterior atentado las controversias se agudizan, exigiendo Julio Anguita la salida del acuerdo, nuevamente sin debate.

En Euskadi se reproduce la misma situación de división entre quienes defendían la salida inmediata o con matices y entre quienes proponían continuar como si nada hubiese pasado. La posición finalmente adoptada es que ante la ruptura de la tregua las organizaciones firmantes del acuerdo deben exigir a ETA continuar con la tregua si se quiere respetar la declaración de Lizarra. La negativa de EH a hacer una declaración en esas líneas provocó que IU-EB decidiésemos suspender nuestra participación en el foro.

A raíz del atentado, desde IU-EB, exigimos la convocatoria urgente de la permanente de Lizarra para que tomase una posición de todos sus componentes en contra del atentado. La negativa de EH a tratar este tema y a convocar la reunión de la permanente («Lizarra no se creó para debatir estos temas», según Permach), demuestran la inoperancia de este foro. No es ETA, que no es una organización firmante del acuerdo, quien rompe Lizarra sino EH quien lo hace al incumplir la declaración política que firmaron. Por ello, para IU-EB, en las actuales circunstancias el foro de Lizarra-Garazi ha dejado de tener sentido político.

¿AHORA QUE?

La solución del conflicto vasco no requiere medidas milagrosas sino políticas por quienes tienen competencias para ello. En lugar de mantener una política de bloqueo y provocación constantes (además de lo ya dicho, Mayor Oreja con sus declaraciones ha estado invitando a ETA a demostrar su capacidad operativa), el PP y la dirección del PSOE tienen que tomar conciencia de que el conflicto no se puede resolver por la vía policial.

No se puede aceptar la vuelta a las mesas antiterroristas y a la división artificial y falsa de «demócratas contra violentos». No se puede arropar la política del PP con el argumento de «todos contra el terrorismo», porque estaríamos apoyando justificando su nefasta actuación y permitiendo que eluda su grave responsabilidad. IU debe exigir la creación inmediata de mesas en los respectivos parlamentos implicados para abordar urgentemente la solución al conflicto, sin exclusiones ni condicionamientos y con total transparencia ante la sociedad. La reciente negativa del PP a participar en esa mesa propuesta por el lehendakari Ibarretxe demuestra su nula voluntad para resolver políticamente el problema.

Junto con la exigencia a ETA de reponer inmediatamente la tregua, desde IU tenemos que defender nuestro propio programa para lograr la pacificación y la normalización política en Euskadi.

Para empezar hay dos puntos esenciales que debemos defender, sin los cuales no se podrá alcanzar una vía política de solución.

De forma inmediata abordar el problema de los presos, en el que un paso imprescindible es su acercamiento a Euskadi. Esta medida no debería entrañar dificultades, por cuanto no se trata de una excarcelación generalizada, pero tendría un impacto muy positivo tanto sobre los presos, como sus familiares y amigos, que representan un sector muy influyente en el seno del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV).

Así mismo el reconocimiento del derecho de autodeterminación. La única solución democrática a la realidad vasca es el reconocimiento del derecho a la autodeterminación, articulado en la posibilidad legal de que tanto los ciudadanos de la CAV, Navarra e Iparralde, puedan decidir, mediante referéndum, sobre sus relaciones con el resto del Estado, (incluida la posibilidad de la independencia), como sobre las relaciones institucionales entre sí.

No somos una fuerza nacionalista, ni vasca ni española, en la medida en que el nacionalismo español niega el reconocimiento de derechos democráticos básicos coincidimos con los nacionalistas vascos en su defensa pero con nuestro propio programa político y social. Nuestras propuestas van mucho más allá, y entran en contradicción con las ópticas nacionalistas, tanto en el terreno social, ya que la nuestra es una perspectiva socialista, como en la organización del Estado, pues nosotros consideramos que la independencia, si así se decidiese en un proceso de autodeterminación, sería un paso atrás en el camino de la transformación socialista de la sociedad.

Consideramos que la mejor opción es la organización federal del Estado español, donde cada pueblo se sienta libre para defender su identidad, en pie de igualdad con los demás, pero colaborando entre todos en un plan común para transformar la sociedad en beneficio de la mayoría de la población.

Por tanto, nuestra alternativa puede resumirse en el objetivo, no sólo de alcanzar los derechos democráticos que corresponden al pueblo vasco y a los demás pueblos, sino también en alcanzar un Estado Federal Socialista.