El Gobierno del PP, entre la incapacidad y las medidas reaccionarias

Editorial

El Gobierno del PP, entre la incapacidad y las medidas reaccionarias

Desde que el PP obtuvo la mayoría absoluta en las elecciones generales no ha pasado ni un año. La situación de Aznar parecía envidiable. Mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado; una situación económica boyante que presentaba como el producto de la gestión de su gobierno; una oposición perdida y descabezada; todo ello, contribuía a transmitir la idea de que Aznar disponía de otros cuatro años, más o menos tranquilos, al frente del gobierno. Sin embargo, en tan poco espacio de tiempo parece que surgen problemas por todas partes. La imagen de "estar sobrados" está siendo sustituida por otra, menos favorable para sus intereses, que es la de la parálisis y la incapacidad. El gobierno está siendo incapaz de dar solución a ninguno de los problemas a que se enfrenta y por eso se están acumulando cada día más.
Ante el escándalo de las vacas locas parece que cada alto cargo va por su cuenta. Fraga se ve obligado a reconocer que la Xunta ha quebrantado la ley al dar cobertura a enterramientos ilegales de reses sospechosas de padecer la enfermedad. Celia Villalobos, que parece ir por delante de sus compañeros de gabinete, se queda sola. El Secretario de Estado de Ganadería se ve obligado a dimitir porque resulta que es un importante empresario del sector porcino, competidor del vacuno, y sus intereses particulares chocan con los de una solución rápida y clara a esta crisis. Mientras tanto unos se echan la culpa a otros (los del Ministerio a los Consejeros de las CCAA, y viceversa) de que, a pesar de que la prohibición de los piensos de origen animal esté vigente desde hace cinco años, las fábricas han seguido produciéndolos y los ganaderos dándoselo a las vacas sin que los inspectores "se dieran cuenta".
Ahora resulta que en "las misiones humanitarias" en Irak y en los Balcanes se utilizó armamento recubierto de uranio y plutonio. El gobierno no sólo no asume su responsabilidad sino que trata de lavarse las manos. Trillo, el ministro de Defensa, afirma que sólo lo sabían los militares. Debía ser sólo él el ignorante pues la prensa ya había publicado que la OTAN había utilizado en Kosovo armamento con uranio y que tenía efectos cancerígenos.
Tras la muerte de los 12 emigrantes ecuatorianos en Murcia parece que la prensa y otros medios de comunicación, así como el gobierno, han descubierto las condiciones que soportan estos colectivos. Pero, la culpa es suya, por venir ilegalmente. Descubren que hay empresarios, como Víctor Lirón, el que había contratado a los 12 ecuatorianos, que sólo en el año 2000 había acumulado 10 sentencias judiciales condenándole a pagar los sueldos debidos a los inmigrantes que habían trabajado para su empresa. Pero como se había declarado insolvente, en vez de él, pagaremos todos a través del Fogasa. Esta vez, los inspectores tampoco "se dieron cuenta" de nada.
La avería del submarino nuclear Tireless amenaza a una buena parte de la población andaluza pero, salvo declaraciones de buenas intenciones de Piqué, el gobierno no hace nada, provocando que surjan las primeras manifestaciones de protesta.
El Tribunal Supremo desautoriza al gobierno en temas tan importantes como la amnistía decretada por el ejecutivo o la ruptura del acuerdo con los sindicatos para subir los salarios de los funcionarios lo mismo que la inflación a partir de 1997.
En el terreno económico todo son anuncios de cambios. De una situación en la que la economía crecía, la inflación estaba en límites poco problemáticos para el gobierno y además creían que la situación se iba a prolongar indefinidamente, de repente, se encuentran con otro escenario bien distinto. Cuando los precios del petróleo subían y los ciudadanos de a pié pagábamos la factura, las grandes compañías petrolíferas aprovechaban la situación para disparar los precios del combustible y obtener beneficios desorbitados, con el beneplácito de su gobierno. De esta forma quedó demostrado, además, que la privatización y la tan cacareada "liberalización" de la economía no beneficia a la mayoría de la población sino al puñado de empresarios que se han hecho con el control de esos sectores. La inflación se dispara al doble de lo previsto para el año 2000. La economía española pierde capacidad competitiva con respecto a la europea al crecer el diferencial de inflación en 1,4 puntos. Todo ello conlleva una perspectiva de crecimiento menor y los efectos que eso puede tener en una economía en la que un tercio de los trabajadores son precarios pueden ser muy duros.
Esta situación ha provocado que el gobierno se haya visto ya enfrentado a movilizaciones y protestas de sectores que son parte de su base social; ganaderos, agricultores, camioneros, comerciantes...
Los grandes empresarios están contentos. Su gobierno les está permitiendo ganar más dinero que nunca. El BBVA ha roto el techo de lo que una empresa ha ganado en un año. En el 2000 obtuvo unos beneficios declarados de 370.000 millones de pesetas, un 28% más que en el anterior. Pero no es de extrañar, pues sólo en cobro de comisiones alcanzaron la cifra de 500.000 millones de pesetas. Este nivel de beneficios puede ser rebasado por el grupo del Banco Santander (BSCH).
La incapacidad del gobierno del PP para solucionar los problemas se combina con que las únicas medidas que toman tienen un carácter claramente reaccionario.
Ante la posibilidad de que los integrantes de la fuerza española en Kosovo estén afectados por las radiaciones, el gobierno estudia la posibilidad de hacer revisiones y preparar indemnizaciones, pero sólo para los oficiales.
A pesar de que la inflación se ha disparado al 4% se limita el aumento salarial al 2% en el sector público, y la CEOE hace la misma recomendación para el sector privado.
Se sigue una política de privatización más o menos abierta en sectores vitales como la sanidad o la enseñanza. En los nuevos presupuestos no hay nuevas inversiones en infraestructuras sanitarias, cuando hay áreas de salud con un sólo hospital de referencia con más de 600.000 habitantes. Y lo mismo pasa en el sector de educación en el que con dinero público se financian centros privados, mientras los públicos son los que soportan el peso de la integración social sin los medios necesarios, degradando conscientemente la calidad educativa de los segundos para empujar a la gente con ciertos recursos a que acuda a la privada.
Con la excusa de hacer frente a la lucha callejera (kale borroka) se ha aprobado una Ley del Menor regresiva, como ha sido igualmente regresiva la reforma de la Ley de Extranjería. Contamos en nuestro país con cientos de miles de ciudadanos que ya, oficialmente, no tienen derechos.
Un hecho muy significativo del talante político que hay detrás de la máscara democrática que utilizan los dirigentes del PP es el despido del director de Telemadrid. Ruiz-Gallardón le destituye fulminantemente porque un programa sobre el País Vasco era "imparcial".
No hay que ser muy listo para darse cuenta de que el gobierno del PP se enfrenta a una situación distinta a la de su primera legislatura, que ya está sufriendo un rápido desgaste, y que si en la época de las vacas gordas (locas o no) su política ha sido la de enriquecer a los ricos y recortar las prestaciones sociales y los derechos democráticos, cuando lleguen las vacas flacas (sigan siendo locas o no) su política será más de lo mismo pero en condiciones en las que los recortes y los ataques al nivel de vida de la mayoría de la población van a provocar rupturas y enfrentamientos sociales de gran envergadura.
En previsión de ello, Aznar ya ha dado pasos para tratar de involucrar a los sindicatos mayoritarios en un nuevo Pacto Social que por un lado le garantice una cierta paz social y por otro implique a los dirigentes sindicales en una nueva vuelta de tuerca sobre el mundo laboral. Ya se habla de la generalización a todos los contratos de una indemnización por despido de 33 días, e incluso de un nuevo contrato con despido de 25 días por año trabajado.
Si la izquierda quiere recuperar sus fuerzas y convencer a una mayoría social de que hay que acabar con el gobierno de los grandes empresarios, no se puede apuntalar el gobierno de Aznar con Pactos de Estado y Pactos Sociales. Ellos hacen su política en cualquier caso, esos pactos sólo sirven para atar de pies y manos a las organizaciones de la izquierda, y dar al Gobierno un crédito democrático que no merece. Es necesario forjar un bloque alternativo a la derecha para llevar a cabo una política en el terreno del empleo, de la sanidad, de la educación, de los derechos democráticos..., que represente los intereses de la mayoría trabajadora de la población y no los de la élite bancaria y empresarial a quienes sólo preocupa que sus inversiones sean, y sigan siendo, lo más rentables posibles.