Ciudadanos sin derechos

Inmigración

Ciudadanos sin derechos

Irene Tuset
Madrid

Durante los últimos meses del milenio, raro ha sido el día en el que no ha aparecido en los medios de comunicación alguna noticia referida a la inmigración. Primero fue El Ejido, las mafias, las pateras… y como consecuencia la imperiosa necesidad de renovar la legislación relativa al tema. Aparece en escena "La nueva Ley de extranjería" y con ella una confusa polémica entre partidos retransmitida minuto a minuto por prensa, televisión y radio. Y es que en vez de construir una política de inmigración, se comenzó a hacer política con la inmigración. Los protagonistas no eran ya los extranjeros, si no aquellos que se erigían en su nombre con una postura u otra. Así entramos en su juego tratando de decantarnos por la tendencia "progresista" (PSOE, IU…) o la del Gobierno, olvidando que lo realmente necesario es un debate en profundidad sobre la inmigración en un ámbito mucho más amplio que el mero marco legal existente y al margen de urgencias electoralistas. Siendo conscientes de este hecho, no deja de ser importante el seguimiento de todo el proceso, aun abierto, y el análisis tanto de las reformas en materia legal y sus consecuencias, como del papel jugado por los diferentes partidos y los medios de comunicación.

La antigua Ley de extranjería de 1985, fue aprobada durante el mandato del PSOE, justo cuando España comenzaba a participar en las instituciones comunitarias. Fue concebida para controlar la frontera sur de Europa y por tanto su naturaleza era esencialmente policial. Marcada por un espíritu de "busca y captura" del inmigrante, negaba algunos de los derechos fundamentales (representados tanto en nuestra Constitución como en los tratados internacionales sobre derechos humanos) de los extranjeros extracomunitarios en nuestro país. La entrada legal y la regularización eran impracticables para muchos de ellos lo que propició la concentración de inmigrantes en situación irregular totalmente desprovistos de derechos como ciudadanos y trabajadores. Durante los 14 años que estuvo en vigor dicha Ley, fueron constantes las voces que se levantaron denunciando su inconstitucionalidad. En tres ocasiones se realizaron regularizaciones extraordinarias y en 1996 se aprobó un Reglamento que enmendaba parcialmente algunas de las carencias e injusticias más sangrantes de la antigua Ley.
Hacia mediados de 1998 se empezó a cuestionar seriamente la Ley de Extranjería en el marco parlamentario. La evidencia de que se necesita mano de obra barata, que la inmigración es un fenómeno inherente al sistema y que además no se podían controlar los flujos migratorios por la vía policial, hizo que nuestros políticos buscasen una orientación más rentable y con mejor imagen pública. Además Europa marcó como línea de trabajo la consideración de la inmigración como un fenómeno positivo y enriquecedor para todos, y no un mal virus que penetra en nuestra piel. Efectivamente; es enriquecedor y mucho. No hay más que mirar hacia EEUU El esclavismo que practicamos desde la época colonial fuera de nuestras fronteras y que tantos beneficios nos ha retribuido, podemos practicarlo ahora en nuestras casas y empresas si conseguimos que la sociedad no se escandalice y tome parte. Para ello es necesario que subsista la conciencia de superioridad ante el extranjero al que hacemos un favor explotándolo ya que en su país de origen sus circunstancias eran peores. En definitiva, necesitamos una tendencia racista y xenófoba propia de la extrema derecha. Pero al mismo tiempo aceptarlos dentro de nuestras fronteras porque somos muy solidarios, civilizados y humanitarios.
No podemos decir que todas las personas e instituciones que elaboraron durante 1998 y 1999 la nueva Ley de extranjería lo hicieran con esta perspectiva. Dicha Ley nació del trabajo conjunto de distintas ONGS, sindicatos, IU, CIU, PSOE y PP. Se consensuaron los diferentes textos y enmiendas presentados hasta que se redactó el documento final. A partir de ese momento comenzaron las intrigas parlamentarias. Todos los partidos políticos apoyaron el texto terminado salvo el PP, y en abril del año 2000, justo al final de la anterior legislatura, se aprobó con carácter urgente en el parlamento la nueva Ley de extranjería. Ley, que aun siendo de las más progresistas de Europa en lo referente a la equiparación de derechos entre comunitarios y extracomunitarios, está muy lejos de enfocar correctamente la situación. El PP aceptó la derrota avisando que no duraría mucho y convirtiendo la reforma de dicha Ley en promesa electoral. Recién estrenada su mayoría absoluta y tras diversas negociaciones con CIU, el PP presenta en el mes de diciembre 112 enmiendas ante el Senado. Al mismo tiempo prepara a la sociedad española para aceptar como imprescindible la reforma mediante los medios de comunicación. "El efecto llamada", las pateras en el estrecho, los conflictos culturales, la proliferación de las mafias.... todo era consecuencia de una nueva Ley de extranjería, que ni siquiera había empezado a aplicarse. Con esta irresponsable y manipuladora actitud del Gobierno, leemos en la prensa diaria los cambios que se avecinan. Lo más sorprendente de todo este proceso es que no hay ninguna conexión, ninguna, entre los motivos alegados por el Gobierno y las reformas propuestas. En el análisis de estos cambios, quedan bastante claros los verdaderos intereses que están en juego. A pesar de que el Gobierno se desenmascara a sí mismo con la reforma, parece que la estrategia mediática funciona, y la sociedad confusa no reacciona ante los hechos. Veamos algunos ejemplos sobre los artículos modificados, sus consecuencias y el contraste con la declaración de motivos presentada por el Gobierno.

Motivos alegados:
Algunos aspectos de los artículos modificados

Son muchas más las modificaciones, pero con estos ejemplos quedan bastante claras las contradicciones entre las supuestas intenciones del PP y sus verdaderos intereses. Pero la demagogia del Gobierno va mucho más allá, falseando datos y lanzando información sesgada o errónea. El famoso "efecto llamada" (del que últimamente no oímos hablar) no estaba en absoluto motivado por la nueva Ley de extranjería si no por la demanda de mano de obra por parte de los empresarios. Existía antes del año 2000 y seguirá existiendo mientras haya trabajo, salga o no en los periódicos. Otra de las grandes mentiras es la afirmación de que han existido presiones europeas exigiendo la reforma. En la cumbre de Tampere, que reunió a los quince para discutir sobre la inmigración en Europa, no se adoptó ninguna postura comunitaria. Se limitaron a recomendar a los países miembros la regularización del mayor número de inmigrantes y la adopción de políticas efectivas de integración social. Se prevé que para el año 2004 se elaborará una legislación comunitaria en materia de inmigración y que debe ir en esta dirección. En cambio el Gobierno pretende ralentizar este proceso y aprovechar estos años para beneficiarse de la explotación de irregulares.
No queda reflejada en la Ley reformada ninguna política de fomento de la entrada legal en nuestro país. La mayor indefensión de los inmigrantes proporciona mayor poder a las mafias y redes de inmigrantes. Nos distanciamos de la equiparación de derechos y deberes entre españoles y extranjeros. Aprovisionamos de herramientas de explotación a los empresarios (a los que luego el Gobierno acusa de desaprensivos) y provocamos un alarmismo social que condena a la segregación a colectivos de extranjeros. No existe ninguna política de educación para el acercamiento intercultural. Nos reservamos el derecho de expulsarlos de nuestro país cuando ya no nos interesen (en un periodo de crisis, por ejemplo). No deseamos, en definitiva, el arraigo de los inmigrantes en nuestro país, sino su trabajo mercenario y mal retribuido con el mínimo coste social.
La reforma de la nueva Ley de Extranjería entra en vigor el 26 de enero del 2001 y el Gobierno despunta amenazando con la expulsión de 30.000 inmigrantes irregulares. Parece que cunde el pánico generalizado ante la firmeza del señor Fernández Miranda. Bien es cierto que tanto en la nueva Ley de extranjería como en la reforma, se contempla la sanción a inmigrantes que han cometido faltas graves o muy graves con una multa entre 50.000 y 1.000.000 de pesetas o con la expulsión. Estas faltas van desde encontrarse en el territorio español sin permiso de residencia (y sin estar en la tramitación del mismo durante los últimos tres meses), trabajar sin permiso de trabajo, cambiar de domicilio sin informar a la administración o cruzar nuestras fronteras sin previa autorización, hasta el haber sido descubierto en acto delictivo. La decisión de expulsión queda por tanto en manos de la administración dada la discrecionalidad legislativa. Pero no parecen comparables los supuestos de carecer o tener caducado el permiso de residencia con la pertenencia a una red de tráfico de inmigrantes, por ejemplo. Así que esperamos que el señor Fernández Miranda aplique esta Ley como la lógica nos impone y que todo quede en un susto, un toque de efecto del Gobierno para dar una imagen de vigorosa determinación de limpiar España de irregulares. Lo sabremos en poco tiempo. Además las expulsiones no son baratas y llaman mucho la atención. Ya comienzan las movilizaciones en contra de esta aplicación de la Ley y es de esperar que se incrementen.
Ante esta realidad no deberíamos sorprendernos, pues entra en el marco lógico de un sistema de liberalismo económico al que nuestro Gobierno está completamente adscrito. Máximo beneficio al mínimo coste. Lo triste es que consigan dividir de esta forma a la clase trabajadora, convirtiendo a los explotados en explotadores y enfrentando sus intereses. Este punto merecería un reflexión más profunda para poder valorar el impacto de este proceso entre los trabajadores españoles. Al fin y al cabo los extranjeros están aceptando trabajar por sueldos muy inferiores a los nacionales y, aunque actualmente realizan las tareas más denigrantes y duras de la sociedad, las que nadie desea, en un periodo de crisis podrían surgir serias confrontaciones. Podría por tanto quedar un espacio abierto al racismo y la ultraderecha como en otros países europeos.
Cabe preguntarse, ¿se dirige realmente la CEE a la equiparación de derechos entre comunitarios y no comunitarios? No hay que olvidar que para España la inmigración es un proceso relativamente nuevo. Estamos aún lejos de la saturación del mercado laboral y nos enfrentamos por primera vez a problemas que nuestros vecinos llevan años padeciendo. Los inmigrantes que los países, como Bélgica o Francia, trajeron desde sus colonias para reconstruir sus ciudades tras la segunda guerra mundial, llevan ya más de cuarenta años residiendo allí. Cuarenta años de lucha, de abusos, de ver surgir partidos de extrema derecha como el de Le Pen, de enfrentamientos sociales y formación de guetos. Puede que esta experiencia les haya hecho llegar a la conclusión de que mantener el equilibrio político en Europa tiene que pasar por la consideración de los inmigrantes como ciudadanos europeos. El tiempo dirá. Ya empieza a hablarse en algunos países de la posibilidad de que los residentes puedan votar en las elecciones generales. Mientras tanto nuestro país no quiere ser menos que Austria, Francia o Bélgica y se lanza a cometer los mismos errores despreciando los costes sociales frente a los beneficios económicos.
Comenzamos así este prometedor milenio, a la derecha del 2000, muy lejos de comprender la naturaleza y trascendencia de todos estos procesos. Muy lejos de considerar a los inmigrantes como compañeros en el trabajo y la lucha por construir una sociedad sin distinciones de origen ni raza, sin fisuras ni odios entre la clase trabajadora.





Manifiesto de Lorca
Reunidos un Grupo de asociaciones de inmigración y colectivos españoles de apoyo, tras la "Marcha por la vida", siendo conscientes de la contribución económico-social y cultural que los inmigrantes aportan al país y, ante la actitud negativa del Gobierno ante nuestra nuestra problemática socio-laboral, manifestamos:



Manifestamos asimismo, nuestro agradecimiento al pueblo murciano y a toda España que se solidariza con nuestra problemática. Llamamos, finalmente, a todos los sectores sociales (partidos, sindicatos, ONGs, empresarios…) que apoyen nuestras reivindicaciones y se unan a esta plataforma.