República argentina El gobierno de la Alianza demuestra su incapacidad

República argentina

El gobierno de la Alianza demuestra su incapacidad

Joaquín Sainz

El verano suele ser en la Argentina una época de letargo, en la que nunca... o casi nunca, pasa nada. Todos los esfuerzos y tensiones acumulados parecen derretirse bajo un sol que intenta devolver a la gente algo del temple perdido en la inexcusable lucha por la supervivencia anual. Pero este verano se ha empeñado en no respetar la tregua. Los tres frentes en los que se libran las batallas tradicionales se han abierto simultáneamente. Economía, política y ejército andan revueltos.

La crisis turca (si, si, ha leído bien, la crisis turca) provocó una caída bestial de la Bolsa en Buenos Aires y un aumento del llamado "riesgo país" a niveles intolerables para la inversión extranjera en la Argentina. El ministro de economía, José Luis Machinea, que en los primeros días de enero brindaba con champán por el crédito-trampa que el FMI había concedido para "ayudar" al crecimiento de la economía, fue obligado a presentar su dimisión ante un panorama fuera de control. Los llamados "mercados" (nombre tras el que se encubren los capitalistas con nombre y apellido) le habían bajado el pulgar. El presidente De la Rúa, abúlico donde los haya, aprovechó la ocasión para dar un puñetazo sobre la mesa y "demostrar" así quién manda, obligando a todos sus ministros a presentar la dimisión para intentar fortalecer su imagen. Lejos de demostrar agilidad y claridad de ideas, el presidente tardó tanto en remodelar el Gobierno que se abrió una verdadera cacería en los círculos del poder. Pero ya se sabe, en estos casos ante la duda... giro a la derecha. El que era ministro de defensa, López Murphy, representante de los chicago boys en la Argentina, acaba dónde siempre quiso estar, en el ministerio de Economía. Los representantes del FREPASO (partido con tintes progresistas que comparte la Alianza que gobierna con los radicales -nada radicales, por cierto, según el concepto español-) salen con su ya mermada influencia disminuida. Y Domingo Cavallo, superministro de economía de Menem y autor del plan económico llamado de "convertibilidad" por establecer la paridad de uno a uno entre el peso y el dólar, ha logrado un acercamiento mayor con el Gobierno reduciendo la distancia que le separa con su anhelado ministerio de Economía, que hace tiempo lo desea pero como trampolín para alcanzar la presidencia de la nación. En resumidas cuentas todo se saldó con una victoria de los sectores más conservadores de la economía argentina vinculados con el capital financiero internacional.

Otra vez, los desaparecidos aparecen

Hace pocos días el juez Gabriel Cavallo ha declarado mediante un fallo judicial la nulidad las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que se aprobaron bajo el gobierno de Alfonsín. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una institución que se ha destacado por la investigación de la represión y su lucha por la justicia había pedido la nulidad de estas leyes. Su presidente actual, el prestigioso periodista y ex militante montonero, Horacio Verbitski, ha representado bien el sentimiento de millones de argentinos que no han claudicado en la lucha por juzgar y castigar a los militares responsables de la persecución y exterminio de decenas de miles de personas. De este modo, los desaparecidos, a quienes muchos quieren dejar atrás, en el pasado, por el bien de un pretendido futuro, vuelven una vez más al presente exigiendo justicia.

El primer fastidiado por este fallo judicial es el propio Alfonsín, quien desde que perdiera la presidencia en 1989 no se había presentado a ninguna elección, y justo ahora que decide presentarse a senador por la provincia de Buenos Aires le ponen sobre la mesa las leyes más repudiadas que su gobierno aprobó.

Pero es casi toda la llamada clase política la que se siente incómoda con este fallo judicial. Se saben deudores de las Fuerzas Armadas. Nadie puede olvidar que el 24 de marzo de 1976 el ejército tuvo que tomar el poder para evitar que lo tomasen los trabajadores. La existencia de grupos guerrilleros como los Montoneros o el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) sólo sirvieron de excusa para el golpe de Estado. Los informes que los propios militares elaboraban antes del 76 demostraban que esos grupos guerrilleros ya estaban derrotados militarmente. Sin embargo las huelgas obreras iban en aumento. La situación era tal que un político de la época definió la situación como proceso de sovietización en las fábricas. Y cada vez más, en los centros industriales de Buenos Aires, Rosario, Córdoba... el poder obrero se iba constituyendo en un doble poder. De ahí que la mayoría de los dirigentes políticos actuales, no deseen un enfrentamiento con el ejército ahora. Pocos de ellos reconocerían ahora que temen necesitar al ejército en el futuro, pero íntimamente lo presienten. Y algunos no lo disimulan. Los gobernadores de Salta y Tucumán, presentaron al embajador de los Estados Unidos, James Walsh, un documento en el que vinculan del modo más explícito la cuestión del comercio de substancias estupefacientes con el conflicto social e invitan a la intervención militar. En el documento que presentaron dicen que la crisis social originada en la desocupación, y los cortes de carreteras a que acuden los desocupados para llamar la atención "plantean un escenario que tácticamente se podría denominar zona liberada" (expresión empleada en los años 70 por las guerrillas). Algo similar dijo el ministro del Interior, Federico Storani, en mayo del año pasado, aunque las propuestas de unos y otro difieren. Los gobernadores se quejaron de que la vigilancia en los pueblos como General Moscni y Tartagal distrae a la Gendarmería y reclamaron del gobierno de Estados Unidos la creación de un equivalente argentino del Plan Colombia, lo cual en forma implícita significa la intervención castrense.

Por otro lado, el flamante Secretario de Reforma del Estado del ministerio de Economía, el ex funcionario de la dictadura militar Manuel Solanet, hace cinco años escribió un trabajo en el que concebía al ministerio de Defensa como un representante corporativo de los militares ante el Poder Ejecutivo, por lo cual bastaría con un reducido grupo de asesores del ministro, mientras el grueso de las funciones se concentraría en el Estado Mayor Conjunto del ejército. Este trabajo había sido encargado por la fundación FIEL que dirige el actual ministro de economía. Esta es la gente que hoy está en el gobierno.

Lo peor del caso es que el sector más progresista del gobierno, la gente del ex Vicepresidente Chacho Alvarez, no dicen nada y tragan. Hay que ver lo que puede el poder...

Pero como decíamos en el artículo anterior, poco a poco las cosas se van moviendo. Y no gracias a los dirigentes de la CGT que han suspendido la huelga general que habían convocado en los primeros días de enero para el dos de marzo en agradecimiento a un cuantioso cheque que el gobierno les envió. Como casi siempre serán los propios trabajadores los que tengan que sacar conclusiones ellos solos.

Ya hay un enorme descontento en amplias capas de la población, incluyendo sectores de las bases radicales. Lo que está sucediendo es demasiado como para digerirlo con la sola ayuda de una cucharadita de bicarbonato. La incapacidad de este gobierno ya ha quedado clara en todos los terrenos. La crisis es el estado normal de este país y el presidente De la Rúa se limita a gobernarlo como si fuera un cantón suizo, mientras que cada semana aparecen escándalos que de por sí harían temblar cualquier gobierno. Cuando no es un juez federal que es sometido a jury, es el presidente del Banco Central que está en la cuerda floja o el ex presidente Menem y su séquito que está bajo sospecha de haber lavado 4.500 millones de dólares (unos 855.000 millones de ptas).

Este va a ser un año muy agitado, con elecciones parciales en octubre, donde se medirán fuerzas y candidatos. La Alianza está en crisis y si se mantiene será por esa perspectiva electoral y por su propia debilidad. Como diría Borges no los une el amor sino el espanto. El peronismo empleará toda la artillería con la seguridad de que las municiones con las que dispare se las regalará el propio gobierno mediante una política de recortes de empleo público y ajustes por todas partes. Y en medio, como siempre, los trabajadores, tratando de levantar cabeza y buscando el modo de impulsar una política que los represente de verdad. Lejos de los despachos lujosos, en los barrios obreros se mastican con bronca las lecciones de los últimos 25 años. Aún no se han digerido los años 70, sus victorias y sobre todo la gran derrota del 76. Sobre esa gran derrota la burguesía pudo cimentar su política de los 80 y los 90. Pero ahora todos los políticos están perdiendo la máscara. Ese es un factor nuevo en la situación, el enorme desgaste de los dos partidos mayoritarios. Y ahora, tras más de 17 años de democracia formal, no hay dictadura a la que culpar.

La clave para un desarrollo social históricamente progresista sigue estando en la clase obrera. Lo que está por ver es el tiempo que necesitará para producir una dirección política propia. Sin una dirección orgánicamente obrera que entre en escena con la fuerza y la decisión necesaria no habrá posibilidades de una cambio social. Pero lo que se percibe ahora es un cierto cambio de los vientos históricos. Lentamente, se van inflando las velas que impulsarán un nuevo período. A mediados de los años 90 se hizo muy conocido un cura que ayudaba a los pobres de Buenos Aires, el padre Luis Farinello, del municipio de Quilmes. Su parroquia siempre estaba llena de gente pobre en busca de ayuda, y él trataba de amortiguar la miseria de aquella gente. Aquel cura, hoy tiene una intención de voto de entre 10 y 14 %. No es poco para una sola persona que solamente se ocupó de ser caritativo. Él solo triplica en intención de voto a todos los partidos de la autodenominada izquierda socialista y comunista juntos. Este es un síntoma de que las cosas y las conciencias cambian. Y si las conciencias de los oprimidos pueden cambiar no cabe la menor duda de que las sociedades pueden cambiar.