Sindical - Calseg SA-Artajona (Navarra) - Pese a sus beneficios, amenaza de cierre

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Calseg SA-Artajona (Navarra)

Pese a sus beneficios, amenaza de cierre

Esta empresa se dedica a la fabricación de calzado de seguridad para el mundo laboral y está ubicada en la localidad navarra de Artajona, sobre terrenos cedidos por el Ayuntamiento. Su propietario es el grupo Jallate, que junto a ésta que fue su primera factoría en España, posee otras también en Francia y Alemania.

Fue fundada en setiembre de 1978 con una plantilla de una veintena de trabajadores, que precisamente se formaron inicialmente en una de las plantas de Francia. Con el paso del tiempo, y tras la implantación de la última línea de producción, la plantilla creció hasta los actuales 143 trabajadores, más 35 en subcontratas de la zona dedicados al cosido del calzado.

La última ampliación, para la que obtuvo la ayuda económica del Gobierno de Navarra, coincidió con la compra del grupo Jallatte por CVC Partners en 1999. En esas fechas, la planta vive uno de sus mejores momentos y con muy buenas perspectivas de futuro. La fabricación diaria ronda los 5.000 pares y se alcanzan las mejores cotas de productividad.

Cuando en diciembre de 2000 se firma el Convenio laboral para los siguientes dos años, las previsiones de producción son superiores a las de los años anteriores. Paralelamente, el grupo británico CVC adquiere ALCAR, empresa igualmente dedicada al sector del calzado de seguridad, competencia del grupo Jallatte y radicada en Túnez, aunque de capital europeo.

Ante esta nueva situación, y aunque la rentabilidad, los beneficios, la productividad, el servicio y la calidad del calzado producido en Artajona son indiscutibles, el grupo CVC decide hacer una reeestructuración que siembra las dudas sobre nuestro futuro. Su primera decisión fue informar de la posibilidad de una fuerte reestructuración e incluso el cierre de nuestra planta. A fecha 15 de mayo aún no se ha concretado públicamente hasta qué punto afectaría la reestructuración o cierre.

La empresa alega razones de competitividad por los altos salarios europeos, los impuestos sobre los beneficios e incluso menciona las repercusiones ('encarecimiento de la piel') del mal de las vacas locas.

Sin embargo, aduciendo que el sector del calzado de seguridad está abocado a la crisis por razones salariales, por el aumento del precio de la materia prima, de los costes de producción, la competencia asiática (en especial, de China), etc, parece una ironía que la empresa se niegue a ceder los terrenos y las instalaciones para continuar este tipo de producción...¡por miedo a una competencia posterior! Los trabajadores no podemos admitir esas razones, mas bien excusas, por cuanto el motivo de esta medida empresarial es económico: obtener más beneficios a costa de las precarias condiciones laborales del norte de África.

El posible cierre de CALSEG se enmarca dentro de una serie sucesiva de cierres de empresas con beneficios en Europa y afecta a una zona entorno a Tafalla castigada por la escasa reindustrialización y el cierre en los últimos dos años de empresas como Eurovestir, S.A. (Olite), Castillo de Marcilla (Marcilla)… y puede que CALSEG sea la siguiente. Los casos de Castillo de Marcilla y CALSEG no son cierres reales sino traslados de su producción a zonas más beneficiosas para el capital después de haberse aprovechado de la calidad de la mano de obra de aquí y de las ayudas de los Ayuntamientos y el Gobierno de Navarra.

Destrucción de puestos de trabajo

Es preocupante que, en el terreno de la seguridad en el trabajo, las empresas miren sólo por sus beneficios, ya que este tipo de medidas hace dudar de la calidad del calzado que inicialmente vaya a producirse en Túnez, con las consiguientes consecuencias sobre una siniestralidad laboral que en el Estado español es la más alta de Europa.

Otra de las consecuencias más graves quizás es que desde el mundo obrero no se puede hacer nada legalmente para evitar estas acciones ya que el grupo CVC no se niega a indemnizar de acuerdo con la ley a los obreros de Artajona. Si nadie lo remedia, CVC podría llegar a irse de Artajona pagando una indemnización de 45 días por año, devolviendo al Gobierno de Navarra sus ayudas (unos 57 millones) y al Ayuntamiento de Artajona los terrenos. ¡Si por el marco legal fuera aún deberíamos de agradecer a la multinacional que acepte 'estudiar' medidas de prejubilación, bajas voluntarias con indemnizaciones algo mayores, reindustrialización de la zona…! Eso sí, se utiliza la palabra 'estudiar' ya que no hay nada concreto.

Ante esta situación creemos que el Gobierno debe de tomar medidas para evitar el cierre de la empresa y que continúe su actividad tradicional desde hace más de dos décadas o, de no conseguirse lo anterior, recolocar a toda la plantilla. Según datos del Gobierno de UPN, en los próximos tres años, están previstos 16.000 millones de pesetas de inversiones en la zona Media de Navarra que crearán alrededor de 280 puestos de trabajo. ¡Si cierra CALSEG, sólo de una tacada se destruirán 180!

Esta posible regulación o cierre ha generado una gran incertidumbre entre los trabajadores que van a perder sus puestos de trabajo, llevando algunos más de veinte años en la empresa. Toda la problemática social ante la búsqueda de trabajo se nos viene encima: gran dificultad para encontrarlo para edades avanzadas (una gran parte de la plantilla tiene más de 40 años); precariedad laboral; condiciones económicas y laborales muy inferiores a las conseguidas en CALSEG después de 23 años; ETTs; abandono de la Zona Media para encontrar otra ocupación con sus consiguientes inconvenientes; dificultades en la búsqueda de empleo de las trabajadoras (si sumamos la igualdad de condiciones que tienen ahora, aún crecen más),...

Además, esta situación la afrontamos después de seis meses de auténtica incertidumbre, de dimes y diretes, en los que cara al exterior la multinacional dice que no tiene tomada todavía una decisión clara y firme, algo que, de ser cierto, sería bastante extraño en el mundo empresarial.

Es difícil entender una situación en la cual una empresa rentable provoque una fuerte crisis social en la Zona por aumentar aún más sus ganancias, despreocupándose de lo que puede llegar a dejar atrás mientras el Gobierno trata de sujetar el IPC moderando los salarios, abaratando los despidos y ofertando más y más garantías a los empresarios, que siempre tienen la libertad, cuando las consideran insuficientes, de 'emigrar' a otro lado. Cada vez se van recortando más las condiciones laborales, contratos, indemnizaciones (la CEOE sigue pidiendo el despido libre, más bien gratuito) y se permite que el empresario disfrute de ayudas a fondo perdido, cesión de terrenos, ayudas para nuevas contrataciones, etc sin exigirle contraprestaciones cuando decide 'cerrar' para ganar más dinero.

Este tipo de acciones empresariales ya ha puesto en estado de alerta a sectores sindicales e incluso a gobiernos como el francés que anuncian medidas para restringir la posibilidad de que empresas con fuertes beneficios (véase, CALSEG) abandonen sus plantas en Europa. Pero no serán las medidas legales las que disuadan a los empresarios.

Como en el caso de CALSEG, sólo la unidad de todos los trabajadores y la concienciación social pueden hacer que los Gobiernos (en este caso, el de Navarra) y los empresarios (en éste, el grupo CVC) tomen en consideración los problemas sociales que el posible cierre conllevaría, abandonen esas decisiones o, en el peor de los casos, tomen medidas que mantengan el empleo.

Ojalá se consiga en Artajona. Pero, ¿qué ocurrirá con las empresas que en el futuro decidan hacer lo mismo?