Nueva Ley de Reforma Universitaria

Nueva Ley de Reforma Universitaria

La educación superior que quiere el PP

Víctor Domínguez/IU Alicante
Profesor de la Universidad de Alicante

Desde hace más de 10 años, se viene debatiendo sobre las carencias de la educación superior en el Estado español, y sobre la más que necesaria creación de una nueva Ley Orgánica de Universidades (LOU) que sustituya la caduca Ley de Reforma Universitaria (LRU) vigente desde 1983.

Es evidente que dicha reforma es necesaria, y todo aquél que tenga una mínima relación con el mundo universitario español, es consciente de las deficiencias existentes y de la necesidad de afrontar una serie de medidas que permita paliar esas carencias. Así, la falta de democracia en los órganos de gobierno, donde la representación estudiantil es irrelevante, lo que provoca la baja participación de éstos en las elecciones, el excesivo poder que ostentan catedráticos y directores de departamento, la falta de medios y de instalaciones, el diseño de planes de estudio excesivamente teóricos y que nunca terminan de implantarse, siendo sustituidos constantemente, a los pocos años de vigencia, por otros que no siempre mejoran el anterior, los horarios exhaustivos con clases a lo largo de todo el día, lo que imposibilita compaginar trabajo con estudios, la falta de actividades alternativas que potencien el desarrollo integral como persona del estudiante, la mala distribución de las por otra parte escasas becas, lo que dificulta el acceso de los hijos de los trabajadores a la enseñanza superior, la masificación de los primeros cursos de ciertas carreras, las distintas pruebas de acceso a la universidad que siguen siendo un método injusto y aleatorio que cada año echa por tierra las vocaciones de miles de estudiantes, la cada vez más difundida política de subcontratar servicios universitarios, la escasa financiación, muy por debajo de la media de la Unión Europea, la explotación a la que se ven sometidos los becarios o la contratación de profesorado no funcionario con contratos temporales y a tiempo parcial, son realidades que se observan diariamente y que deberían ser subsanadas.

La aparición el año pasado del Informe Bricall, encargado por la Conferencia de Rectores de la Universidad Española (CRUE), donde se analizaba la actual situación de la Universidad Pública Española y se planteaban algunas soluciones, encaminadas, principalmente, a supeditar la enseñanza superior y su potencial investigador a los intereses de las grandes empresas, aceleró este debate y propició que el Ministerio de Educación respondiera presentando, de forma unilateral, su proyecto de Ley. Desde el inicio de la actual legislatura, Izquierda Unida venía demandando la creación de una Comisión Parlamentaria que buscara el mayor consenso posible sobre la necesaria reforma de la LRU, pero el PP ha optado, una vez más, como ya hizo con la Reforma Laboral o la Ley de Extranjería, por utilizar el rodillo que le confiere su mayoría absoluta, y, sin contar ni con el resto de fuerzas políticas, ni con los colectivos afectados, ha elaborado su propuesta de Ley Orgánica. Ley, que si las más que previsibles movilizaciones no lo impiden, será aprobada a lo largo del próximo curso político.

Las reacciones no se han hecho esperar, y así tanto los partidos políticos de la oposición, como los sindicatos, las organizaciones estudiantiles y los propios rectores han expresado sus críticas tanto al contenido de la ley, como al antidemocrático método seguido para su elaboración.

Esta ley refleja el proyecto del PP para la enseñanza superior, vamos a tratar de analizar cuales son sus consecuencias. En primer lugar, cabe destacar que al desvincularse el debate sobre esta nueva ley de su forma de financiación, se está vadeando uno de los problemas principales que es la escasa financiación pública de nuestras universidades, sobre todo si lo comparamos con los países de nuestro entorno y vemos como en el Estado español el gasto público en enseñanza superior sólo supone un 0,86% del PIB mientras que la media de la UE es de un 1,36%. Viendo como sólo Grecia e Italia se encuentran por debajo de España en cuanto gasto público en este capítulo. Parece claro que en este sentido el PP lo tiene claro, al igual que en el resto de sectores, su política conduce a una progresiva degradación de todo el sector público, para luego justificar las subvenciones al sector privado. Sólo hay que ver el espectacular aumento de los centros concertados en Secundaria, lo que no es más que una financiación pública de centros privados, desviando el dinero de todos los contribuyentes a manos privadas, en este caso normalmente religiosas.

Por ello no es de extrañar que esta ley impulse la creación y puesta en marcha de las Universidades Privadas, otorgándoles algunas prebendas como es la de incorporar automáticamente sus rectores al Consejo de Coordinación Universitaria, donde hasta hoy solamente participaban representantes de centros públicos, dejando que ellas mismas elaboren sus normas de organización y funcionamiento sin más límites que los marcados por la Constitución y, sobre todo, recogiendo que puedan seleccionar, según sus propios criterios, a sus alumnos.

Otro aspecto significativo de la ley estriba en la reforma de los órganos de gobierno. En este aspecto la opinión del Ministerio y de los rectores no presentan demasiadas diferencias. Si el Informe Bricall propugnaba unos órganos de gobierno más reducidos, donde el poder del claustro quedaba claramente restringido y donde la presencia externa (principalmente la empresarial) aumentaba considerablemente, el Ministerio quiere legislar en esa misma línea. Así, vemos como el Consejo Social, órgano de control externo formado mayoritariamente por representantes de los empresarios, pasará a tener una presencia esencial en el Consejo de Gobierno, designando a un tercio de sus miembros, con lo que vemos como se avanza en el control directo de la política universitaria por parte de las grandes multinacionales. Además vemos como otro tercio de los miembros será designado por el propio rector, quedando únicamente otro tercio que deberá ser designado por el claustro, que, a pesar de sus evidentes deficiencias, sigue siendo el único órgano elegido de forma democrática entre el conjunto de la comunidad universitaria.

Pero el recorte de la democracia interna no se queda sólo en este aspecto. Así la composición del claustro también se ve afectada, reduciéndose la ya de por sí escasa representación estudiantil y del personal de administración y servicios y aumentando la del profesorado, introduciéndose una nueva diferenciación entre profesores laborales y funcionarios, y asegurando que al menos el 51 % del total del claustro corresponda a éstos últimos. Con lo que se favorece la ya de por sí sólida estructura de poder existente, dando más poder a los más poderosos.

Otra medida que ha suscitado el debate es la elección directa del rector a través de una votación ponderada entre todos los miembros de la comunidad universitaria, pero dejando claro que en todo caso el voto conjunto de los profesores funcionarios doctores tendrá el valor de al menos el 51% del total. Esta medida es más significativa de lo que pueda parecer a primera vista ya que tiende a reforzar el carácter presidencialista de las estructuras universitarias, quitándole al claustro la que hasta ahora era su misión más relevante (la elección del rector) y reforzando el poder de un órgano unipersonal como es el del rectorado, que siempre es más fácilmente controlable.

Pero para que la Universidad pueda responder más fácilmente a las demandas del sector empresarial, no basta con controlar los órganos de dirección y deben establecerse modificaciones en la estructura de las plantillas tratando de reducir los derechos adquiridos por los funcionarios. De esta forma, se introducen dos figuras nuevas de profesores contratados a tiempo completo no funcionarios, con las mismas obligaciones tanto de docencia como de investigación que los funcionarios pero con salarios y derechos diferentes. Además, se modificará la legislación actual que sólo permite un máximo de un 20% de profesorado contratado frente a un mínimo de un 80% de funcionariado, y estableciendo una nueva proporción de 49 a 51, lo que llevará a una contratación masiva de profesores no funcionarios, lo que provocará una distinción entre los profesores con más antigüedad y los nuevos, en la que ambos tendrán las mismas obligaciones pero condiciones laborales muy diferentes. La precariedad laboral existente en todos los sectores sociales, será aplicada, en este caso, a la enseñanza superior.

Sin embargo, aunque en la mayoría de las ocasiones los intereses del gobierno y de los rectores suelen coincidir, hay algunos aspectos en los que los intereses de ambas partes colisionan. Esto es lo que ha pasado en el método de selección del profesorado. Actualmente, y apelando a la autonomía universitaria, las distintas plazas que salen a concurso están bajo el control de los distintos departamentos. El perfil de la plaza, los plazos y fechas e incluso la composición de los tribunales se deciden, en la mayoría de las ocasiones, atendiendo a los intereses del «candidato del departamento», siendo contadas las ocasiones en las que se producía una sorpresa y la plaza era obtenida por un «candidato desconocido». Evidentemente, esto favorece un sistema endogámico en el cual se perpetúan las estructuras de poder. Pero la solución ofrecida por el Ministerio, consistente en unos exámenes de habilitación nacional, lejos de solucionar el problema lo agrava. Con esta fórmula el poder pasaría a estar centralizado, y todos sabemos que esto no favorece la igualdad de condiciones, con lo que lo único que se lograría sería dificultar con nuevas y duras pruebas el acceso a la carrera docente, existiendo el agravante que el aprobar estos exámenes no supondría ninguna garantía de obtener una plaza.

Este aspecto ha sido considerado por los rectores y los catedráticos como una injerencia política y un ataque directo a la autonomía universitaria, lo que ha provocado su rechazo global a la ley. En otras circunstancias, el PP no dudaría en ceder en este punto en vías a lograr un mayor consenso, pero su mayoría absoluta les lleva a actuar con prepotencia y no parecen dispuestos a ceder ni un ápice, sobre todo cuando no tienen garantizado el control político absoluto sobre la mayoría de los rectores, que hoy parecen bastante próximos al PSOE.

Otro aspecto prioritario de la nueva ley es el control de la investigación universitaria. Así vemos como se pretende vincular ésta con el sistema productivo (es decir con los intereses empresariales) para que se transfieran los conocimientos generados, llegando incluso a proponer la creación de empresas de base tecnológica a partir de la actividad universitaria en la que participe el personal docente e investigador. Es decir que se pretende que todo el potencial público se ponga al servicio de intereses particulares, con lo que no es muy difícil suponer que las investigaciones en materias consideradas como «poco rentables» se verán reducidas considerablemente.

Igualmente la ley introduce la arbitrariedad en el sistema de acceso de los estudiantes a las Universidades Públicas, multiplicando las pruebas de acceso para poder optar a las diferentes carreras y fomentando la discrecionalidad de criterios para acceder a cada centro, lo que provocará que las diferentes Universidades compitan por los mejores alumnos, adecuando según sus propios intereses los criterios de admisión, lo que acabará acrecentando las diferencias entre los distintos centros y creando en la práctica distintas categorías de Universidades, tendiendo hacia el modelo anglosajón y sin pensar nunca en un alumno que, después de terminar el Bachiller, deberá enfrentarse a una prueba de Reválida, para después afrontar estas pruebas de acceso. Con el inconveniente añadido de que si opta por intentar entrar en varios centros, ya que presentarse sólo a uno puede provocar que se quede sin plaza, el número de pruebas que tenga que realizar se multiplique.

En cuanto a la política de becas y ayudas al estudio, tema esencial que debería garantizar la universalidad del derecho a recibir una enseñanza superior, la nueva ley sólo le dedica un párrafo, con lo que se deduce que el PP no piensa cambiar la deficiente situación actual. Además menciona la introducción de préstamos, que deberían ser devueltos por el alumno una vez terminados sus estudios. Se supone que dichos préstamos irán sustituyendo paulatinamente las escasas becas actuales y finalmente nos encontraremos, una vez más, con otra drástica reducción del gasto público en las ayudas al estudio.

Esto es sólo un análisis somero de esta nueva ley, realizado con la intención de que se abra el debate en toda la sociedad y que desde las organizaciones de izquierda se elabore una alternativa a los planes del gobierno en un tema de tanta trascendencia como es el futuro de la Universidad española. La mayoría del PP en el Parlamento dificulta que se dé marcha atrás en sus intenciones, por eso sólo la movilización de todos los sectores de la Comunidad Universitaria puede lograr que esa Universidad, sometida a los intereses empresariales que la derecha quiere para este siglo XXI, no se convierta en una triste realidad.