Editorial - La derecha, al servicio de los grandes empresarios

Editorial

La derecha, al servicio de los grandes empresarios

Los últimos días del mes de enero hemos sido testigos del XIV Congreso del Partido Popular. No hemos asistido sólo a un espectáculo mediático, también hemos presenciado la aprobación de una política que augura nuevas y duras agresiones a los derechos de los trabajadores. A pesar de que la sucesión de Aznar era el tema que atraía la atención de los medios, el congreso aprobaba un programa de gobierno profundamente reaccionario. El PP revalidaba su carácter de representante de la burguesía española, empeñado en defender a conciencia sus intereses. La derecha de José María Aznar ,  como siempre, al servicio de los grandes empresarios.

Los textos congresuales dejan claro su apoyo incondicional a la globalización capitalista y sus consecuencias: «La globalización es una oportunidad para todos los países del mundo (…) La libre circulación de mercancías y capitales, de cultura y conocimientos, es la mejor garantía de que los países pobres puedan dejar su marginalidad. Las políticas intervencionistas y de control son las que han condenado a la pobreza a muchísimos ciudadanos en todo el planeta. La mejor garantía para que los países pobres sigan siendo pobres es la anti-globalización. Como si no hubiéramos tenido suficiente con la experiencia del ‘socialismo real’».

Ya sabemos como ayuda a los países pobres el capitalismo en general, y el español en particular. Las empresas españolas en Argentina —Telefónica, Repsol…— obtenían una ganancia media que multiplicaba casi por cuatro las ganancias de las 200 empresas mayores del país. Al gobierno de la derecha le preocupa mucho más las ganancias de las empresas españolas que las condiciones de vida de la población argentina.

Una política reaccionaria

Pero esa actitud es la misma que han tenido con respecto a los trabajadores españoles, en ese sentido no hacen ninguna discriminación. Si para alguien ha sido cierto el lema favorito de Aznar, «España va bien», ha sido para los empresarios, la rentabilidad de cuyos negocios ha ido en aumento durante todos estos años. Esas ganancias tenían su contrapunto en la política social del PP. El ejecutivo de Aznar ha privatizado todo lo que ha podido del sector público, algunas de ellas empresas extraordinariamente rentables. Ha ido reduciendo los impuestos directos —sobre todo a la burguesía—, e incrementando los indirectos. Además, ha recortado las prestaciones sociales y los derechos de los trabajadores. Ha dejado de construir vivienda social en beneficio de las constructoras privadas, y ha abierto la puerta a la privatización paulatina de la sanidad y la educación.

El gasto social ha pasado de suponer un 24% del Producto Interior Bruto (PIB) en 1994, a un 20% en el año 2000. El gasto en Sanidad pública en el Estado español es de un 5,8% del PIB, frente al 7,3% de la media europea. El dinero dedicado a pensiones supone un 8,7% del PIB, frente a un 11% de promedio europeo. Si en lo que nos fijamos es en los servicios de ayuda a las familias (niños de 0 a 3 años, ancianos…) es casi inexistente al lado de lo que se invierte en Europa.

Las consecuencias de la política reaccionaria del PP han quedado atenuadas por una época económica muy favorable, con un importante crecimiento económico. El número de afiliados a la seguridad social ha alcanzado cifras récord. Nunca había habido tantos trabajadores en activo. Sin embargo, el porcentaje de temporales sigue estando por encima del 30% de los trabajadores en activo y el despido de aquellos que tienen un contrato indefinido, es bastante más barato que hace unos años.La situación económica está cambiando. A finales del 2001 ha empezado a crecer el desempleo a pesar de que el PIB crecía por encima del 2%. Será en esta situación cuando se notarán con todo su rigor, las medidas que durante estos años han aplicado en las prestaciones por desempleo, los recortes en los derechos laborales y la privatización de empresas públicas.

Más de lo mismo

¿Qué planes tiene la derecha para los próximos años? Seguir profundizando en la misma política: «Es esencial acometer una revisión del sistema de protección por desempleo. Conseguir que el sistema de protección no sea un desincentivo o freno para el trabajo y afrontar sin complejos el impulso de la prolongación de la vida laboral…

«Apostamos por finalizar con aquellas regulaciones que directa o indirectamente persigan la retirada prematura de los trabajadores ocupados como las prejubilaciones y al propio tiempo defendemos esquemas flexibles y parciales de jubilación».

«Proponemos que la regulación por desempleo garantice la protección de las situaciones de necesidad y carencia real de trabajo pero anteponiendo siempre la incentivación y búsqueda de empleo como elementos previos e indisociables de la protección. Deben ser revisados los mecanismos que hoy amparan el rechazo de ofertas de empleo o la limitación de la disponibilidad para determinados tipos de trabajo así como las reservas ante la movilidad geográfica».

«El futuro esquema laboral debe profundizar en el impulso del trabajo estable avanzando en su flexibilización y en la reducción del diferencial de costes con los contratos temporales. Además debe incorporar mecanismos que promuevan y faciliten la moderación salarial general y la adaptación de la evolución salarial —en un sentido y otro— a la evolución de las empresas».

En definitiva, el PP nos está preparando a los trabajadores más de los mismo: recortes en las prestaciones por desempleo para obligar a aceptar trabajos peor pagados y reducir gasto, atrasar la edad de jubilación, abaratar más los costes de despido de los trabajos indefinidos —que de indefinidos ya sólo conservarán el nombre—, reducir las cotizaciones sociales de la empresas, reducir la masa salarial vinculándola a la marcha de la empresa…

Además, piensan continuar con su política de privatizaciones y de introducción de las reglas del mercado en todas las esferas de la sociedad. La reforma de la Educación –con la LOU o la futura Ley para la enseñanza media—, la Sanidad —con leyes como la Ley de Ordenamiento Sanitario de la Comunidad de Madrid (LOSCAM)—, siguen la lógica de abrir progresivamente a la empresa privada la atención de cuestiones tan básicas, que pasarían a convertirse en un negocio más, fomentando más las desigualdades sociales.

Esa es la tónica en todo el mundo y en la Unión Europea. Aznar, flamante presidente semestral de la UE, ya ha dejado claro que pretende convertir a Europa en el área más competitiva del mundo. Si sustituimos la palabra competitividad por «rentabilidad», obtendremos una imagen más fiel de sus objetivos, aumentar las ganancias de las grandes empresas europeas, lo que implicará una explotación más intensa de los trabajadores. El proceso de fusiones en la Unión Europea, para acrecentar la «competitividad», supuso la destrucción de 350.000 empleos. En nuestro país, el Santander Central Hispano ha eliminado el 37% de su plantilla desde 1999, y va a continuar con las reducciones.

Una oposición débil

El envalentonamiento de la derecha, su determinación a profundizar en su política, tiene su lógica correspondencia en la débil oposición desde la izquierda, que deja en una situación muy cómoda al ejecutivo de Aznar. La derecha tiene muy claro qué política tiene que defender, lo que no es el caso de la izquierda, que está siendo incapaz de representar los intereses de los trabajadores con la misma coherencia. Una viñeta humorística de un conocido periódico mostraba una manifestación con dos pancartas en las que se podía leer: «¿PSOE dónde estás?», «¿PSOE, qué haces?». La dirección socialista  está siempre dispuesta a pactar con el ejecutivo los temas principales pues, lamentablemente, no tiene alternativas sustanciales a la política del PP. Las desavenencias, tal y como nos tiene acostumbrados Zapatero, son por cuestiones de forma o de grado, pero nunca de fondo. Apenas terminado el congreso del PP, éste les ha propuesto llegar a un acuerdo sobre el Pacto Local y le ha faltado tiempo a la dirección socialista para mostrar sus disposición a llegar abrir las negociaciones.

Las direcciones sindicales se cierran ellas mismas la posibilidad de hacer frente a la reaccionaria política del PP, pues en los temas clave no dudan en llegar a acuerdos con la Patronal y el Gobierno, que en nada benefician a los trabajadores. Ahora, con la introducción del euro, se habla de las enormes ventajas de la Unión Europea, pero ¿cuáles van a ser esas ventajas para los trabajadores? ¿van a igualarse las condiciones de trabajo, salariales y sociales de los trabajadores  del Estado español —y  del resto de países más atrasados de la UE— a las de los países más desarrollados de Europa? ¿Qué van a hacer los responsables sindicales para pelear por eso?

La fuerza política que más enfrentada ha aparecido al gobierno del PP ha sido Izquierda Unida, en temas tan importantes como la intervención militar en Afganistán. Sin embargo, IU da una de cal y otra de arena, pues también se ha implicado en un gobierno autonómico con la derecha vasca, que en política social no tiene diferencias básicas con el PP, y en Aragón llega a un acuerdo de apoyo al gobierno del PSOE y el Partido Aragonés Regionalista, atando de pies y manos la política de IU-Aragón al gobierno autonómico.

La política del PP no puede quedarse sin respuesta, y podemos estar seguros de que la clase obrera acabará dándosela. Pero una buena política de la izquierda allanaría el camino a esa respuesta, y es imprescindible para ganar la batalla a la derecha. Es necesaria una defensa intransigente del derecho a un empleo y un salario dignos, a un subsidio de desempleo indefinido mientras no se garantice lo anterior, a una sanidad y enseñanza públicas, universales, democráticas y de calidad, a viviendas sociales para todos… La fuerza de los representantes de la burguesía reside en el hecho de que tienen muy claro qué sociedad defienden: el capitalismo, basado en la propiedad privada de los medios de producción y en la explotación del trabajo asalariado. La izquierda necesita recuperar una alternativa global al capitalismo: el socialismo, cimentado en la propiedad social de los grandes medios de producción y en su planificación democrática al servicio de las necesidades sociales.