Editorial

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20 J: Huelga General contra los recortes en el desempleo del Gobierno Aznar

El PP le quita el dinero a los parados y a los trabajadores para dárselo a los empresarios

Al día siguiente de que los sindicatos confirmasen su convocatoria de huelga general para el 20 de junio contra la reforma del subsidio de desempleo, el Gobierno burgués del PP la aprobó por decreto en el Consejo de Ministros.

Esta rápida y provocadora respuesta por parte del Gobierno se sustentaba en un conjunto de argumentos que se pueden dividir en tres bloques:

Es cierto que la situación económica internacional ha cambiado en los últimos meses, y no es menos cierto que el paro es una lacra demasiado extendida y permanente en nuestro país.

La economía internacional se ha caracterizado los últimos meses por la recesión en EEUU a finales del año pasado, el descenso brusco del crecimiento en la UE y el mantenimiento de una situación de crisis aguda en Japón y otras zonas del mundo.

Ante la posibilidad de un fuerte aumento del desempleo, como sucedió en la recesión de 1993, el Gobierno del PP debería estar preparando medidas para atender a los nuevos parados, pero hace exactamente lo contrario; recortar las prestaciones.

Claro que el paro es elevado pero tradicionalmente lo es en este país. En épocas de recesión económica el paro ha superado ampliamente el 20% de la población activa, y en épocas de crecimiento de la economía se ha mantenido por encima del 10%. Tenemos la tasa de paro más alta de toda la UE a pesar de todas las manipulaciones que han llevado a cabo de las estadísticas y cifras eliminando colectivos de cientos de miles de personas porque según ellos no son parados. La burguesía española ha sido incapaz de ofrecer un puesto de trabajo a todas aquellas personas que están en edad de trabajar, no solo a los parados. Pero a su vez han utilizado el alto nivel de desempleo como un arma contra los trabajadores presionando los salarios a la baja. Esta es una de las razones por la que los salarios son mucho más bajos que en los países más desarrollados de Europa.

Cuando hablan de «mejorar el ajuste oferta-demanda del mercado de trabajo» tratan de ocultar que piensan en que cuando desciende la demanda de mano de obra, la «oferta», es decir, los trabajadores, tienen que amoldarse a las circunstancias. El recorte y el endurecimiento de los subsidios de desempleo persiguen que los trabajadores se vean obligados a aceptar cualquier tipo de trabajo por humillante y precario que sea. Cuando hablan de «no desaprovechar las oportunidades» se refieren a que los empresarios no quieren dejar pasar la ocasión de abaratar cuanto les sea posible la mano de obra para mantener o incrementar sus beneficios.

Fraude

El colmo del cinismo es cuando justifican el ataque a los trabajadores en paro por el fraude y «por motivos de justicia social». Se culpabiliza a los parados como si una gran parte de ellos estuviera defraudando a la sociedad. Lo cierto es que, según las propias cifras oficiales, tan sólo se ha encontrado algún tipo de fraude en el 3% de los expedientes revisados por el INEM, y solo agotan el subsidio de desempleo el 15% de los parados. Dicho de otra forma, el 85% de los trabajadores está trabajando de nuevo antes  de que se le agote el desempleo. ¿Dónde está ese parado que no quiere trabajar, no  busca empleo y vive divinamente cobrando un gran subsidio? Este dato por sí solo rebate todas las mentiras del gobierno. El fraude es del Gobierno por no reconocer el derecho a que todos los parados tengan derecho a un subsidio mientras el INEM tiene superávit. Un superávit que el año pasado alcanzó la cantidad de 3.258 millones de Eur. (543.124 millones de Pts), y el acumulado entre 1998 y 2001 es de 12.020 millones de Eur. (2 billones de Pts) y que lejos de dedicarlo a dar cobertura a todos los parados o a constituir una reserva para momentos económicos en los que pueda haber déficit, el gobierno del PP ha «robado» las cotizaciones de los trabajadores (parte de su salario) para subvencionar las cotizaciones empresariales (en una cantidad de unos 300.000 millones de ptas. al año) o para maquillar las cifras deficitarias del Estado. El fraude es los empresarios como demuestra que se haya encontrado alguna irregularidad en el 48% de los contratos que hacen los empresarios.

«Justicia social»

Y el colmo de los colmos es que el PP tenga la desvergüenza de hablar de «justicia social», y un insulto a la inteligencia de millones de personas que lo haga para justificar el robo a los parados.

España es el país de la UE con menor gasto social por habitante. En 1999 representaba el 59% de la media europea. Mientras en 1996 se dedicaba a este capítulo el 21,8% del PIB (muy lejos de la media europea que era el 28,5% del PIB), en 1999 había descendido al 20%, a pesar del crecimiento económico de esos años.

¿De qué «justicia social» pueden hablar Aznar y toda su cohorte cuando, según las cifras de la EPA, el 63% de los parados no recibe ningún tipo de subsidio económico, y de los que lo reciben la mitad cobran una prestación asistencial que no llega a los 330 Eur. (55.000 Pts) al mes, cifra que está por debajo del umbral de la pobreza?

Esta reforma del subsidio de desempleo, que tiene como fin poner en bandeja a los empresarios españoles una mano de obra más barata, es el ataque más directo y brutal del PP de todos los que ha lanzado, hasta la fecha, contra los parados y la clase trabajadora en su conjunto. Es evidente que se merece una huelga general pero su actitud demuestra que no bastará una lucha testimonial para hacerle retroceder. El Gobierno del PP ya se ha enfrentado a otras luchas y no ha retrocedido ni un milímetro en sus planes originales. Al contrario, los ha ido llevando cada vez más lejos en la medida que sentía que no tenía una oposición seria ni en el terreno político ni en el sindical. Los dirigentes de los sindicatos mayoritarios han confiado en su política de negociación con el Gobierno y han firmado 11 acuerdos desde 1996 con el ejecutivo de Aznar. Ninguno era bueno pero todos se justificaban porque de no firmar nos impondrían algo peor por decreto. La consecuencia de esa política es la reforma actual. Esa orientación política no solo ha fracasado sino que ha familiarizado a muchos cuadros sindicales con la negociación alejándoles de la organización y preparación de las movilizaciones y la lucha. No se puede pasar de un extremo a otro, de la negociación a la lucha, de la noche a la mañana sin pagar un precio.

razones para luchar

Es cierto que la mayoría de los trabajadores saben, por su propia experiencia bajo el Gobierno reaccionario de Aznar, que no hay una sino múltiples razones para combatir contra el Gobierno del PP y que eso hace conectar ahora a los dirigentes sindicales mucho más con los trabajadores que en toda su etapa negociadora. Pero un cambio tan radical de orientación dificulta la unificación de todos los sectores en la lucha. Si la huelga general no es un éxito no será culpa de los trabajadores, sino de unos dirigentes que les tratan como si fuesen un grifo (ahora no luches, ahora sí) y acuden a ellos cuando los de arriba les ignoran. Para cualquiera metido en política o en la vida sindical era previsible que el PP, antes o después, de forma más oculta o descarada, iba a lanzar ataques brutales contra los trabajadores, y la tarea de los dirigentes, si son realmente tales, es anticiparse y preparar a su gente para hacerles frente, no adormecer el movimiento y, después, pedir que luche sin explicaciones, sin consultar, fijando la fecha antes de saber si el personal está o no por la labor.

Se nos dirá que son palabras muy críticas cuando lo que se necesita es ponerse a trabajar para que la huelga sea un éxito. Somos los primeros que trabajaremos para que la lucha tenga la mayor amplitud repercusión posible, pero al mismo tiempo estamos convencidos de que la crítica, el debate, la claridad de motivos y objetivos, es vital para conseguir el éxito. Esta lucha puede marcar el inicio de una nueva etapa en el movimiento obrero, y aunque no consiga echar abajo los planes del Gobierno en un primer envite, abrirá la senda cuya meta no puede ser otra que la de poner fin al gobierno reaccionario de la burguesía.

un Gobierno auténticamente de izquierdas

Esta lucha va a poner de manifiesto que nada podemos esperar los trabajadores de este gobierno y que la tarea es luchar por un Gobierno de la izquierda que lleve a cabo un programa de verdadera transformación de las condiciones sociales que soportan los trabajadores y sus familias bajo el capitalismo: Un gobierno de la izquierda que garantice un trabajo digno o subsidio de desempleo igual de digno a todo el mundo, unos salarios que permitan sostener con decencia a una familia, una vivienda de promoción pública a precios asequibles, la Educación y la Sanidad públicas garantizadas para todos, poner freno a las privatizaciones y devolver la propiedad pública que se ha malvendido al capital privado, el pleno ejercicio de las libertades democráticas para todos - en lugar de su limitación, como si ya no lo fueran bastante en esta sociedad - , que no colabore en agresiones militares contra los pueblos - en definitiva, una auténtica política de izquierdas.

En Francia hemos podido comprobar recientemente que la mayoría de la gente ya está cansada de que cuando gobierne la izquierda su política, en lo sustancial, acabe pareciéndose a la de la derecha. De esa forma, la única que se beneficia es la propia derecha. En nuestro propio país lo comprobamos con la victoria del PP. Un gobierno de izquierdas con una política de izquierdas que represente los intereses de los trabajadores, esa es la alternativa que hace falta frente al Gobierno PP, el de la patronal.