Italia

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La primera huelga general en veinte años

Jesús Mª Pérez
IU-Madrid

El pasado 16 de abril Italia vivió su primera Huelga General en los últimos 20 años. La última fue el 25 de junio de 1982 contra la supresión de la escala móvil, conquista histórica de los trabajadores italianos que obligaba a subir los salarios automáticamente el mismo porcentaje que se elevaban los precios. Entonces el gobierno era el de Giovanni Spadolini, de la Democracia Cristiana.

Los tres sindicatos mayoritarios —CGIL (de inspiración comunista), CSIL (de inspiración democrata-cristiana) y UIL (de inspiración socialista)— se pusieron de acuerdo para convocar conjuntamente una jornada de protesta de 8 horas contra la suspensión temporal del artículo 18 del Estatuto de los trabajadores, que protege a un elevado número de trabajadores del despido improcedente, contra la reforma fiscal y contra la Ley de inmigración. Todas ellas, medidas del Gobierno Berlusconi que parece querer acelerar las medidas de protección de los intereses empresariales.

La huelga general fue un éxito y estuvo precedida por la gigantesca manifestación que convocó en solitario la CGIL en Roma el 23 de marzo a la que asistieron entre 1 y 3 millones de trabajadores.

El Gobierno de Berlusconi no dio datos sobre el seguimiento de la protesta, lo que es todo un indicativo de su gran magnitud. La patronal, Cofindustria, reconoció un paro en sus empresas entre el 50 y el 60%. Según el sindicato UIL, fueron a la huelga 13 millones de trabajadores (de un total de 14 millones de asalariados), y más de dos millones participaron en las manifestaciones que recorrieron las calles de las principales ciudades italianas. Sólo en Florencia se concentraron 400.000 personas en la manifestación central convocada por la CGIL.

La gran industria del norte y noroeste de Italia, las grandes empresas como Fiat, Pirelli, Iveco, Electrolux Zanussi o Italcementi pararon. El paro en el transporte afectó a todos los sectores; ferrocarril, aéreo, marítimo, urbano… No se publicó ningún periódico ni se renovaron los periódicos electrónicos. La televisión, tanto la pública como la privada, incluido el Canal 5 del señor Berlusconi, pararon. La enseñanza, la administración… Todo quedó paralizado durante 8 horas.

A pesar del éxito de la huelga la dirección de la patronal italiana ha exigido al Gobierno  que acelere las reformas que han provocado la protesta. Sin embargo, los patronos de los grandes grupos industriales «ven con horror la ruptura de la paz social» (expresión literal repetida más de un día en la prensa diaria).

La situación de la economía italiana no da mucho margen de maniobra al Gobierno de la patronal. En 2001 la economía creció un exiguo 1,8% con un retroceso del 0,2% en el último trimestre. Esto supone una fuerte reducción del crecimiento que en 2000 fue del 3,6%. Los indicadores de inversión y de producción industrial se mueven en niveles negativos mientras Italia mantiene la deuda pública más alta de toda la UE, un 109,4% de su PIB, muy lejos del límite establecido en el Tratado de Maastricht del 60%.

En este contexto la burguesía italiana, para mantener sus beneficios y tratar de reducir la deuda pública, en un momento de menor crecimiento económico, pretende recurrir a recortar empleo, salarios y derechos adquiridos a los trabajadores. Pero esa política, que es la del Gobierno de Berlusconi así como del resto de los gobiernos europeos, es una receta perfecta para provocar duros enfrentamientos sociales.

Sin duda la huelga ya ha tenido un efecto y el Ejecutivo ha convocado a los sindicatos a una Mesa negociadora con la promesa de que la reforma del Estatuto de los Trabajadores quedaría relegado al último lugar. Gobierno y patronal esperan llegar a algún acuerdo con  alguno de los sindicatos «más moderados» y con ello romper la unidad del movimiento obrero.

Ambos deben tener muy presente lo ocurrido hace ocho años cuando las luchas sindicales derribaron el primer Gobierno Berlusconi tan sólo 7 meses después de su investidura. Hoy el control parlamentario con que cuenta Berlusconi del Congreso y el Senado es más sólido que en 1994, en gran parte como consecuencia de las políticas desilusionantes que han llevado a cabo los gobiernos de centro izquierda de El Olivo, que en poco se han diferenciado de las de los gobiernos de la derecha.

Pero las últimas movilizaciones son una advertencia de que los trabajadores no están dispuestos a seguir soportando el deterioro en sus condiciones laborales y de vida sin ofrecer una dura resistencia. Este es el factor nuevo en la situación. Los sindicatos han ofrecido un cauce para expresar el malestar reinante en una parte importante de la sociedad.

Sergio Cofferati, secretario general de la CGIL, defendió el carácter estrictamente sindical de la protesta. En alguna entrevista llegó a afirmar que «no se pretende derribar a ningún gobierno». Estos argumentos parecen dictados más por el temor a las acusaciones demagógicas de la derecha que por las necesidades del propio movimiento. No se pueden separar los componentes sindicales de los políticos. La protesta sindical se enfrenta a las decisiones políticas del gobierno de la patronal. La lucha debe encaminarse a cambiar la política antiobrera del gobierno, y si el gobierno se niega a cambiar su orientación, como es lo más probable, es necesario continuarla hasta crear un ambiente social favorable a un cambio de gobierno. Lo que millones de trabajadores italianos están tratando de decir en las calles es que quieren un gobierno de la izquierda que lleve a cabo una política de izquierdas, que defienda los intereses de los trabajadores y no los de las empresas.