28-30 de mayo: juicio de cinco jóvenes ante la Audiencia Nacional

28-30 de mayo: juicio de cinco jóvenes ante la Audiencia Nacional

¿Es delito una carta contra las ETTs?

Gorka Lorea y Juan Antonio Castilla
Concejal de Izquierda Unida de Navarra-Nafarroako Ezker Batua en Tafalla y miembro del Comité de Empresa de Victorio Luzuriaga SA por la candidatura «La Voz de los Trabajadores», respectivamente.

En marzo de 1999, cuatro jóvenes de Tafalla y una de Berriozar remitieron una carta a 7 empresas de la zona de Tafalla que contrataban jóvenes sirviéndose de Empresas de Trabajo Temporal (ETTs) para que reconsiderasen su recurso a esta forma de contratación, por muy legal que sea, y la abandonaran en la medida en que se trata de una de las variantes más perniciosas de la precariedad laboral que padece la mayoría de los jóvenes (discriminación salarial, jornadas excesivas, eventualidad, carencia de vacaciones, ausencia o insuficiencia de medidas de seguridad…).

Días después la Guardia Civil, en un gran despliegue, registró los domicilios particulares de cuatro de ellos, la sede social de LAB en Tafalla y otro local en Pamplona. Aplicando la Ley Antiterrorista los jóvenes detenidos fueron incomunicados. Posteriormente quedaron en libertad.

Tres años más tarde, los días 28, 29 y 30 de mayo, fueron citados ante la Audiencia Nacional en Madrid por un presunto delito de «amenazas terroristas continuadas». El Fiscal les pedía 5 años de cárcel para cada uno de ellos (25 en total) así como una indemnización de 10.818 Euros. Unas penas desproporcionadas ante la naturaleza de los hechos de que se trata (redacción y envío de una carta) aún suponiendo, lo que rechazamos, que fueran constitutivos de delito.

Finalmente, en los prolegómenos del juicio, se alcanzó un acuerdo con la defensa por el que la pena por cabeza será de 2 años, por lo que no ingresarán en prisión, y habrán de indemnizar con 600 Euros cada uno a los empresarios. Algunos de éstos han renunciado públicamente a cualquier indemnización.

Un enjuiciamiento «peculiar»

Si la Fiscalía fundamentaba su acusación en la carta, frágiles eran sus pruebas. Leyendo la carta, cuya redacción no suscribimos de igual forma que rechazamos el método de enviarlas, no vemos "amenazas" en ningún sitio. Ni contra los empresarios, ni contra sus bienes, ni contra sus familias. Es más, si fue solo una carta, ¿cómo cabía hablar de amenazas continuadas?

¿De dónde se sacaba la Audiencia Nacional la vinculación con el terrorismo? De forma casual, las detenciones coincidieron con la ilegalización de Jarrai, con las que la prensa estatal las mezcló interesadamente. Ahora, se anuncia la antidemocrática Ley de Partidos que busca la ilegalización de Batasuna y su entorno. Un contexto que complicaba aún más el resultado final del juicio, más ante un Tribunal de Excepción –a cuya existencia nos oponemos– que ha dado sobrados ejemplos de cómo sus resoluciones están al socaire de la situación política y social. La Sentencia de conformidad, sin embargo, le ha dado una salida menos traumática de la que cabía temer.

Tras las detenciones se produjeron en Tafalla varias movilizaciones populares pidiendo que los cinco jóvenes fueran puestos en libertad sin cargos. El 29 de mayo de 2001 el Pleno del Ayuntamiento de Tafalla acordó por unanimidad «solicitar que el caso que nos ocupa sea llevado ante la Audiencia Provincial de Navarra y no desde la Audiencia Nacional en Madrid».

El reciente Pleno del Ayuntamiento de Tafalla del 16 de mayo de 2002 fue una ocasión fallida de haber salido claramente a la opinión pública rechazando que estos hechos fueran considerados como «actos de terrorismo». Ante la proximidad del juicio, el Ayuntamiento tenía que haber sido coherente con el acuerdo de su Pleno anterior, que equivalía a decir que, de haber algún delito, sería como mucho un delito o falta de amenaza, sin relación con el terrorismo. Éste era el momento de mojarse y quienes en este último Pleno e opusieron a hacerlo (UPN y PSE-PSOE), hicieron un flaco favor a la convivencia en Tafalla, muy marcada por todo lo que ha rodeado a este enjuiciamiento.

En nuestra tierra, colgar el sambenito de terrorismo parece que se está convirtiendo en habitual en los medios gubernamentales y políticos. ¿O es que a alguien le cabe alguna duda de que si esta carta hubiera sido escrita en un pueblo cualquier punto del Estado, a nadie se le hubiera ocurrido tildar a sus autores de responsables de un «delito de amenazas» cuánto menos «delito de amenazas terroristas continuadas»?

Hace ya unos meses los acusados nos pidieron al Concejal de Izquierda Unida de Navarra-Nafarroako Ezker Batua en el Ayuntamiento de Tafalla y a otro afiliado miembro del Comité de Empresa de Victorio Luzuriaga SA que acudiéramos como testigos de la defensa al juicio. De acuerdo con los afiliados y simpatizantes, les dijimos que sí. Y así estábamos dispuestos a hacerlo, aunque la Audiencia Nacional no autorizaba inicialmente nuestra presencia. ¿Qué justicia es ésta que, de primeras, se negaba siquiera a oír el testimonio de un representante popular democráticamente elegido y de un miembro del Comité de la mayor empresa de la comarca desde hace 20 años? ¿Acaso la opinión del Ayuntamiento era irrelevante? El acuerdo alcanzado con la Fiscalía, sin embargo, hizo innecesaria la presencia.

Nuestros testimonios hubieran tenido un doble objetivo. El del concejal, para defender el acuerdo del Ayuntamiento, señalando las graves consecuencias que para la convivencia en Tafalla podían tener unas sentencias de años de cárcel en un asunto que no había levantado alarma social alguna ni había sido percibido como amenaza. El del sindicalista, para denunciar la precariedad que generan las ETTs, que está muchas veces detrás del dramático incremento de la siniestrabilidad laboral, y la necesidad de luchar contra ellas no con métodos como el de estas cartas (que a fin de cuentas son inútiles e ineficaces, pero no actos de terrorismo), sino con los de la movilización y concienciación social.

La lucha consciente es el camino

Vivimos también en una época en la que, para desprestigiar la lucha de quienes estamos contra el capitalismo, rápidamente se nos asocia con la violencia. Un botón de muestra: en marzo pasado, cientos de miles de manifestantes se congregaban en Barcelona contra la globalización.

Las semanas anteriores, el gobierno del PP y los medios de comunicación se empeñaron en crear una psicosis de que iba a haber incidentes. No los hubo, salvo aislados y con pequeños grupos, algunos claramente infiltrados y estimulados por la propia policía como se pudo comprobar en imágenes televisivas y de prensa. Más preocupación para los estrategas del capital les despierta que miles de personas de todas las edades estén empezando a cuestionarse el sistema en el que vivimos que el hecho de que unos pocos rompan algunas lunas bancarias y mobiliario urbano. Por el contrario, cuando las masas se ponen en movimiento, no hay policía en el mundo que les pueda parar.

Mientras sean pequeños grupos a su margen, pueden respirar tranquilos y servirse de sus acciones violentas para desacreditar la lucha antisistema y justificar el reforzamiento del aparato policial así como todo tipo de recortes de libertades democráticas, que cuando se agudice la lucha de clases serán utilizadas contra cualquier organización política, sindical o social que moleste.

Por eso, más allá de la redacción concreta de esta carta, hay que tener claro que no será con cartas, sean o no amenazadoras, con las que se pondrá coto a la utilización de las ETTs por parte de las empresas. Aunque mañana miles de cartas inundaran sus oficinas pidiéndoles que «dejen de enriquecerse a costa de los jóvenes», este esclavismo del siglo XXI continuaría, de igual forma que muchos trabajadores, jóvenes o no, perciben salarios de miseria y viven en otras formas de precariedad (más del 33% de todos son eventuales en el Estado). Y, si esto pasa en los países más desarrollados, ¿qué decir del llamado Tercer Mundo?

La explotación de los obreros es inherente al sistema capitalista y no es con llamamientos morales como se le hará frente de forma efectiva. Las acciones terroristas son también inútiles para socavarlo: en sus ejemplos más sangrientos, el asesinato de empresarios no hace desaparecer las empresas, sólo que cambien sus dueños o quienes las dirigen. La lucha contra la explotación en todas sus formas ni es ni puede ser una lucha de unos pocos, sino que hay que conseguir movilizar conscientemente al conjunto de las clase obrera.

Echando la vista atrás, podemos encontrar ejemplos de ello. Otoño de 1988. Gobierno del PSOE con mayoría. Siendo Solchaga, un tafallés, ministro de Economía, se propone el llamado Plan de Empleo Juvenil (PEJ) que permitiría a las empresas disponer de una mano de obra barata y a la carta (en aquel entonces no existían las ETTs). Con la bandera de luchar contra la política económica del gobierno del PSOE, contra el PEJ y por un reparto de la riqueza que estaba creándose en medio de un auge económico, tuvo lugar en todo el Estado español la histórica huelga del 14 de diciembre de 1988. Y se paró el Plan de Empleo Juvenil.

Desgraciadamente, en el periodo posterior, la desmovilización de la clase obrera, la política emprendida por las direcciones de las centrales sindicales mayoritarias ha permitido que hoy la precariedad sea la norma en el mundo del trabajo adulto y, sobre todo, joven. Retomar la lucha contra la precariedad es una urgencia, y ello hay que hacerlo mediante la movilización consciente de la clase obrera. La huelga general del próximo 20 de junio ha de ser un paso en esa dirección.

Nuestra presencia en este juicio hubiera sido consecuente con nuestra pertenencia a Izquierda Unida, que es una fuerza anticapitalista y partidaria de una alternativa socialista auténtica y democrática, con una posición de clase e internacionalista alejada de cualquier nacionalismo español, vasco o navarro.

Políticamente, nadie puede asociarnos de forma alguna con posturas abertzales o de simpatía o tolerancia ante el terrorismo individual y a los métodos de la llamada kale borroka. Junto al dolor humano y/o a los destrozos que causan, esos métodos son estériles e incluso contraproducentes para conseguir los objetivos políticos que sus autores y partidarios dicen perseguir (la soberanía e independencia de Euskal Herria, la inegridad territorial…). La pervivencia de estos métodos violentos no acerca la consecución de esos fines, para quienes los compartan, sino que la alejan. Además, facilitan excusas a quienes interesadamente mezclan protestas contra el sistema con violencia e incluso terrorismo.

Pero siempre hemos de estar comprometidos con la defensa de los derechos y libertades democráticas, entre los que se encuentran tanto el derecho de autodeterminación (siendo Izquierda Unida partidaria de un Estado Federal solidario) como la libertad de expresión. En este sentido, íbamos a Madrid por pura coherencia: era muy grave cómo se quería cercenar esa libertad de expresión haciendo de una carta, por desafortunada que sea, el pilar de una acusación que podía haber acarreado a quienes la escribieron largos años de cárcel.

En Tafalla, 31 de mayo de 2002.