Ley de Calidad de la Enseñanza del Gobierno PP

Ley de Calidad de la Enseñanza del Gobierno PP

La contrarreforma empeorará la Educación

Mikel O.
IU-EB Vitoria

Durante el pasado 13 de mayo se celebró una Jornada Sindical en Bilbao en la que 80 afiliados y afiliadas de CCOO Irakaskuntza (Educación) del País Vasco han discutido, valorado y acordado un documento titulado 35 proposiciones para una mejora de la Calidad de la Enseñanza en el que se hace un análisis de la situación de la Educación y se entra en un debate en el que está toda la sociedad.

El motivo ha sido la propuesta de la llamada Ley de «Calidad» del PP, o para nosotros, La contrarreforma del PP.

Consideramos que bajo una necesidad de mejora de la Educación, por todos deseada, se va colando una visión neoliberal de la Calidad, que promueve una competitividad entre los centros, la libre elección de centro de los padres en función de determinados parámetros que no tienen en cuenta los contextos socioculturales y que, pese a determinados mecanismos correctores, se desliza por la pendiente del elitismo y de la clasificación por categorías de los centros estableciendo un darwinismo o lucha por la vida a cualquier precio.

Han existido varias propuestas de calidad. Entre nosotros-as es especialmente conocido el sistema de certificación ISO. Pensando en su origen para el mundo productivo, al trasladarse al campo de la enseñanza, busca asegurar una verificación de calidad en base a cuatro indicadores para medir la conformidad o no de los productos que se venden, esto es, los cursos: Bloques temáticos impartidos, horas lectivas impartidas, falta de asistencia del alumnado y porcentaje de aprobados.

Por su parte el modelo propugnado por la European Foundation for Quality Management (EFQM) propone una autoevaluación en base a los siguientes parámetros: liderazgo, gestión de personal, recursos, planificación estratégica, procesos, satisfacción del cliente, impacto en la sociedad y resultados. A esta propuesta de gestión de calidad y los Planes Anuales de mejora se llaman Gestión de Calidad Total (GCT).

La GCT es una traslación de una filosofía de funcionamiento que desde hace décadas se emplea en el mundo empresarial, nacida en Japón, aplicada en USA, desembarca ahora en la Educación.

Se ha adaptado al mundo de la enseñanza y al carácter de servicio (público) que debe tener. El propio lenguaje denota la materia mercantil de dichos sistemas de calidad total: Satisfacción del cliente (alumnos, padres y madres); proveedores (los profesionales de la Enseñanza); producto (cursos); optimización de recursos…

Se ve un olvido de las cuestiones referidas a la igualdad o la compensación.

Está muy claro que los indicadores objetivos de resultados no tienen en cuenta el nivel socio cultural de los grupos evaluados.

Existe un formalismo de la certificación, convertida en un fin en sí mismo. Formalismo que se establece en procesos verticales, en los que las direcciones terminan imponiendo al profesorado los procesos formales que aseguran el éxito de la auditoría. Soslayando de paso la responsabilidad de la sociedad y de la Administración en los procesos educativos.

Como sabemos, el sistema educativo está inmerso en una sociedad en permanente transformación y no es posible pensar que la educación puede mantenerse aislada del entorno social del que forma parte. Y los distintos Gobiernos han buscado sus cambios del sistema educativo.

A finales del franquismo llegó la Ley General de Educación (LGE) aprobada en 1970, que supuso un cambio importante en la situación educativa española. Su logro principal fue extender la educación común y obligatoria para todos los alumnos-as hasta los 14 años, la Educación General Básica (EGB) y al mismo tiempo definió un Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP). Su implantación se vio limitada por problemas presupuestarios (escasa financiación) y hasta 1980 no se consiguió la escolarización de la población entre los 6 y 14 años.

El Gobierno socialista presentó y aprobó en 1990, tras 7 años en el gobierno, la LOGSE. Pueden resumirse los objetivos en los siguientes: Extender la educación obligatoria (hasta los 16 años), establecer  una estructura más adecuada de las etapas educativas, transformar la Formación Profesional, mejorar la calidad de la enseñanza, cambiar el Currículo, y conseguir mayor equidad en la educación.

Como otras veces, de buenas intenciones está empedrado el infierno, no financiaron suficientemente la aplicación de dicha ley, y ha fracasado en varios capítulos diferentes, creando un fuerte malestar entre el profesorado, madres y padres, estudiantes…

Es contra los aspectos positivos de dicha ley, contra los que va el PP con su llamada Ley de Calidad. Por destacar algo no se habla para nada de su financiación.

Paso a publicar en su integridad el análisis de la Jornada por la Calidad de la Enseñanza de CCOO-Educación de Euskadi.

Nuestra postura ante la Ley de Calidad en la Enseñanza del PP es abiertamente crítica por las siguientes razones:

—           Es una ley que parte de un apriorismo ideológico, pues no se ha hecho un diagnóstico de la situación y menos aún se ha propiciado el debate sobre este diagnóstico y las posibles medidas correctoras. El Gobierno del PP se limita a subrayar las deficiencias, sin entrar en ningún análisis de las causas.

—           Tiene un carácter selectivo y discriminador que puede apreciarse en los siguientes elementos:

-Entre los criterios de calidad que identifica el PP se obvia referirse a los cuatro indicadores que la propia OCDE admite como necesarios para un buen diagnóstico: datos de contexto, de recursos, de procesos y de resultados. Sin conocer el contexto, por ejemplo, el enfoque de igualdad de oportunidades queda totalmente desdibujado.

-No hay referencia alguna a detección de necesidades educativas, ni sobre medidas relacionadas con atención a la diversidad que no sean las referidas a inmigrantes, los alumnos con necesidades educativas especiales o los superdotados. Esto es, estamos ante una supresión de los programas de atención a la diversidad, sin haber hecho una evaluación previa de los resultados habidos en las muchas variedades con que se han llevado a cabo en las diversas comunidades autónomas, incluida la nuestra donde, al parecer con resultados satisfactorios, se han desarrollado propuestas como los Programas de Diversificación Curricular o los Proyectos de Intervención Específica.

-Se contempla la posibilidad de construir grupos homogéneos de refuerzo educativo con aquellos alumnos y alumnas con dificultades en el aprendizaje, abriendo la puerta a actividades de refuerzo segregadoras.

-La ESO deja de tener finalidad en sí misma como etapa que busca la formación integral del alumnado y se convierte en una etapa de transición a otras o al mundo laboral. El cuarto curso de la ESO recibirá el nombre precisamente de COAP (Curso para la Orientación Académica y Profesional).

-Se establecen itinerarios que obligan al alumnado a tomar decisiones que condicionen su futuro antes de los 16 años. Así el 3º de la ESO deberán elegir entre un itinerario más pensado para la Formación Profesional y otro más pensado para el Bachillerato. Hay que añadir a esto una especie de "itinerario oculto" que estará constituido por ese alumnado con dificultades de aprendizaje, que a partir de los 12 años puede engrosar los grupos de refuerzo educativo a los que antes nos hemos referido y a los 15 años, sin terminar la edad de la enseñanza obligatoria, se pueden incorporar a los programas de garantía social.

-Se establece una reválida al final del Bachillerato que va a condicionar todo el aprendizaje del mismo a la superación de la misma, dejando en suspenso el valor de lo que determinen los equipos educativos de cada centro en su evaluación continua y también la propia autonomía curricular del Claustro. Además, en este caso, la no superación de dicha reválida imposibilita no sólo el acceso a la Universidad sino también a los ciclos formativos de grado superior.

-Se contempla la posibilidad de considerar entre otros requisitos para la admisión de alumnado el expediente académico en los casos que reglamentariamente se determine.

-Se propone que el futuro INECSE (Instituto de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo) elabore estadísticas educativas para conocer la salud del sistema educativo y establezca estándares de rendimiento de cada materia. Nada se dice situar estos estándares en relación con otros indicadores como el contexto socioeconómico o los recursos de los centros y por tanto tampoco hay ninguna referencia a tomar en consideración el llamado "valor añadido".

-Siempre se alude a los centros públicos. Parece que el gobierno de los privados queda en manos de sus titulares, sin que haya un marco común normativo de admisión de alumnos-as, de participación, de gestión, de denominación de los centros, de régimen de profesorado, de evaluación y control social…

—           Tiene un carácter academicista y reforzador de un estilo jerárquico y autoritario que puede apreciarse en los siguientes elementos:

-En el enunciado de las finalidades de la ESO prácticamente sólo se tienen en cuenta los referidos a objetivos de aprendizaje academicista o los que tienen que ver con el desempeño profesional futuro. Desaparece una concepción más integral de la educación, la referencia a transversalidades, valores o hábitos para un ejercicio responsable de la ciudadanía.

-Las referencias a la evaluación del alumnado, a condiciones de promoción de curso (por ejemplo en la ESO se hace necesario la superación de todas y cada una de las asignaturas) revelan un carácter controlador de la evaluación y una función de filtro de la misma, sometiéndolo todo a exámenes, pruebas externas y barreras como si ello sólo garantizase una mejora de la calidad y olvidando la dimensión formativa de debe tener la evaluación.

-Sólo se reconoce como órganos de gobierno a los órganos unipersonales dejando al Claustro y al Consejo Escolar como meros órganos de participación y control, pero sin contenido efectivo como órganos colegiados de  gobierno. Las decisiones quedarán en manos de unos pocos.

-La elección de directores y directoras deja de estar en manos del Consejo Escolar y estará en manos de una comisión formada por representantes de la Administración y de los órganos colegiados de los centros. Está claro que la dependencia de la administración educativa aumentará y tal vez con ello la capacidad de control de ésta.

-Se va a un sistema de categorías dentro del profesorado con itinerarios diferentes para catedráticos y para el resto y con reparto de la docencia entre el profesorado también segregado según centros, tipos de alumnado, itinerarios…