Cuatro años de ataques a la Educación pública

La política educativa del PP

Cuatro años de ataques a la Educación pública

Víctor Domínguez
Miembro del Consell Polític de Esquerra Unida
del País Valencià

Desde que el 12 de marzo de 2000 el Partido Popular ganó con mayoría absoluta las elecciones generales, los ataques a los servicios públicos han sido constantes. Pero el caso de la Educación es especialmente significativo. Al ya conocido aumento del desvío de fondos públicos hacia centros privados (conocidos como concertados), en su mayoría religiosos y que no respetan las mínimas leyes educativas como la igualdad de sexos o laicidad, se suma que, durante el gobierno del PP, el presupuesto de educación ha pasado de un 4,9 a un 4,5% del PIB, situándonos a un punto de la media de la UE, en el penúltimo lugar en cuanto a inversión (sólo por encima de Grecia), y cada vez más lejos del 6% marcado como recomendación por todos los organismos internacionales.

Las consecuencias de estos recortes las sufrimos todos los días en las aulas. Así vemos como se precariza cada vez más las condiciones laborales tanto de los profesores como del personal de Administración y Servicios, con aumento desorbitado e innecesario de contratados interinos lo que impide la estabilidad de la plantilla en los centros, dificultando la labor educativa. Además, frente la desidia de las Administraciones a la hora de afrontar las reformas necesarias en los edificios escolares, vemos como no sólo no se aprueba la construcción de nuevos centros, sino que ni tan siquiera se construyen los ya aprobados, multiplicándose el número de alumnos que reciben sus clases en barracones prefabricados que malamente pueden cubrir las necesidades de profesores y estudiantes. La situación económica roza lo ridículo, y así en los últimos meses hemos visto como en Alicante algunos centros se han visto obligados a pedir ayuda a los padres para pagar la luz o el agua del Instituto, o como una serie de Directores de Centros, hartos de no recibir el dinero que les corresponde por parte de la Administración, han declarado que van a verse obligados a suspender las clases debido a que les van a cortar la luz por falta de pago. Y mientras los colegios concertados recibiendo cada vez más dinero y permitiéndose el lujo de seleccionar a sus alumnos (acogen sólo al 9,2% de los alumnos con necesidades especiales). El objetivo es claro, deteriorar la enseñanza pública de manera que quede únicamente como algo asistencial para los hijos de las familias más desfavorecidas, el resto a la privada, que para algo gobierna la derecha. Y todo ello sin hablar, por falta de espacio que no de importancia, de la prácticamente inexistente red pública de Enseñanza Infantil, especialmente en el ciclo de 0 a 3 años, o de la insatisfactoria oferta de Centros de Educación de Personas Adultas (EPA), necesidades básicas que no sólo siguen sin cubrirse, sino que cada vez se encuentran en un estado más lamentable.

Pero el PP no podía contentarse con esto. La mayoría absoluta les brindaba una oportunidad única para modificar las leyes educativas, eliminando todos los aspectos progresistas (que tampoco eran muchos) de la LOGSE y la LRU, y poniendo la enseñanza al servicio del mercado. De este modo, y aplicando el rodillo de esta mayoría absoluta, sin contar con la opinión ni de la oposición ni de las partes implicadas (sindicatos, estudiantes, AMPAS, directores de secundaria o rectores), y con toda la sociedad movilizada en su contra, el Ministerio de la exmaoísta Pilar del Castillo ha aprobado la LOU (Ley Orgánica de Universidades) y la LOCE (Ley Orgánica de Centros de Enseñanza), las dos leyes orgánicas que adecuan definitivamente la enseñanza pública universitaria y de secundaria a los intereses de los empresarios y de los sectores educativos más reaccionarios.

Sin entrar en detalles, ya que estas leyes han sido analizadas en anteriores números de NC, debemos señalar que la LOCE supone un retroceso a la escuela discriminatoria, elitista, autoritaria, clerical y de carácter privado, una ley regresiva que vuelve a sacar del sistema educativo a los niños menores de 3 años, considerando esta etapa como meramente asistencial, que vuelve a imponer las reválidas, que apuesta por la segregación del alumnado, por expulsar a los alumnos con dificultades, por reducir la participación de los sectores educativos y consolida dos redes de centros educativos, financiados con dinero público, pero dirigidas a un alumnado bien diferenciado: los centros públicos para los sectores más desfavorecidos y los privados concertados, en su mayoría religiosos, con capacidad para seleccionar su alumnado.

A todo esto hay que añadir la creación de itinerarios formativos en los que los estudiantes serán segregados desde los 14 años, lo que no es una cuestión meramente técnica, sino que es una medida encaminada a perpetuar las diferencias sociales atentando contra la igualdad de oportunidades. Así, en un futuro no muy lejano, tendremos centros que ofrezcan únicamente los itinerarios que conducen a estudios universitarios, mientras que otros ofrecerán los itinerarios llamados técnicos-profesionales creados únicamente para retrasar unos pocos años la exclusión social.

Por último señalar como la LOCE y los reales decretos que la regulan, dan mayor fuerza y valor a la religión en la escuela y, además, obliga a una materia alternativa que educa en religiosidad a todo el alumnado. La LOCE en su disposición adicional segunda propone un área o asignatura de Sociedad, Cultura y Religión, con dos vertientes, una de carácter confesional y otra de carácter no confesional, dándole un carácter evaluable, restando tiempo de áreas fundamentales como las matemáticas, las ciencias, las nuevas tecnologías, las artes, la lengua y los idiomas o la educación física... Pero en la práctica, tanto la parte confesional, como la que denominan, cínicamente, no confesional, son prácticamente lo mismo, una vez que se han publicado los reales decretos de desarrollo. Nada más que unos textos los elaboran las iglesias (la Conferencia Episcopal católica, en particular), sin control público alguno y otros los elaboran en el Ministerio (católico) de Educación, con el aval de los obispos católicos. En definitiva, se estudia religión se quiera o no.

En la Universidad el proceso ha sido muy similar. Al igual que la LOCE, La LOU fue elaborada de espaldas a la comunidad universitaria, que se enteraron por la prensa de los contenidos de dicha ley, y a pesar del rechazo que generó como se comprobó en el éxito de las masivas movilizaciones convocadas, la prepotencia del PP les llevó a aprobar la ley sin modificar ni una coma. La LOU, no sólo no resuelve los principales problemas de la Universidad Pública española, derivados de su falta de financiación, sino que supone un serio recorte a la democracia interna en los órganos de gestión de las universidades, al acentuar, de un lado, el poder de los Rectores en detrimento de los Claustros y al propugnar, de otro, una excesiva presencia externa (previsiblemente empresarial) en los Consejos de Gobierno, todo ello en detrimento de la representación de los estudiantes, del profesorado contratado (en contradicción con el previsible aumento de su número en las Universidades) y del personal de administración y servicios, además acentúa el nivel de precarización del profesorado y multiplica arbitrariamente las pruebas de entrada de los estudiantes a la universidad pública, lo que provoca que aumenten las diferencias tanto entre las universidades como entre los distintos estudios de cada universidad.

Pero sobre todo la LOU representa un nuevo impulso al proceso de privatización de la enseñanza superior y de la investigación universitaria, al facilitar las normas de creación y puesta en marcha de las universidades privadas e incorporar automáticamente a los rectores de éstas, con voz y voto, al Consejo de Coordinación Universitaria. Las normas para la creación de universidades privadas, la ampliación del Consejo de Universidades con representantes de las estas universidades y el papel que se concede a los Consejos Sociales (generalmente dominados por los empresarios) acentúan un proceso ya en marcha, derivado del déficit de financiación a la docencia y a la investigación públicas. Pero ésta es sólo una vía en el proceso de privatización del sistema universitario, que no depende sólo de las facilidades legislativas y administrativas sino también de la disponibilidad real de empresas y empresarios para la inversión en enseñanza e investigación que no produce beneficios económicos inmediatos. Por tanto, hay que prestar atención a la otra vía de la privatización. La LOU facilita la entrada de entidades privadas en la investigación universitaria, sin especificar en ningún momento requisitos y condiciones para ello. Esto potencia la otra vía a la privatización parcial de la Universidad pública, poniéndose los medios públicos a disposición de los intereses privados. En definitiva, una Universidad a medida de los empresarios.

Un nueva legislatura del PP supondría una profundización en estas políticas por lo que la educación pública, tal y como la entendemos actualmente, desaparecería definitivamente. Por ello urge un gobierno de izquierdas que, entre otras medidas, garantice como mínimo un 6% del PIB para educación, cree un red pública de escuelas infantiles que cubra la escolarización de los alumnos de 0 a 3 años, elimine paulatinamente todos los conciertos con centros privados (el gobierno tripartito de la Generalitat ya ha empezado a revisar estos convenios, anulando aquellos en los que no se admite la enseñanza mixta), derogue la LOCE y la LOU, promulgando nuevas leyes que aseguren el derecho a una educación pública, laica, gratuita y de calidad, incremente las plazas en ciclos formativos o cree un nuevo estatuto del becario de investigación que les reconozca sus derechos como trabajadores.

Es fundamental que Izquierda Unida defienda estas medidas en un gobierno de izquierda, visto el ridículo hecho por el PSOE al rebajar sustancialmente sus promesas electorales en materia educativa atendiendo a motivos de viabilidad económica. Evidentemente, no se puede rebajar los impuestos a las rentas más altas y querer invertir en servicios públicos. Por ello los votantes de izquierda debemos hacer saber cuales son nuestras prioridades y nuestras exigencias para entrar en un gobierno de coalición.