Los intereses del gobierno español eran claros, mantener la hipótesis de que el atentado del 11-M había sido cometido por ETA hasta después de las Elecciones Generales del día 14. Esta convicción por parte del electorado le otorgaba una casi segura victoria por mayoría absoluta. Y para ello pusieron de nuevo en marcha la máquina de mentir que tan buenos resultados les había dado en la guerra de Irak o en la catástrofe del Prestige: ocultar la verdad, presionar a los medios de comunicación y utilizar a su antojo la Radiotelevisión pública.
Fuimos testigos de las diferentes intervenciones del ministro portavoz, del Presidente del gobierno, de Juan Carlos de Borbón e incluso del Secretario General de la ONU. Y no les iba nada mal cuando el día siguiente del atentado consiguieron reunir en una manifestación tras una misma pancarta a todo el espectro político del país bajo un mismo lema: ‘Por la democracia, por la Constitución, contra el terrorismo’. El PP no tardó en intentar sacar rédito electoral. Un acto terrorista que paralizó la campaña y del que anunciaban nadie podía sacar provecho político fue indignamente explotado por el Partido Popular para arropar al gobierno en los ejes de su programa electoral. Aunque ya las primeras dudas de la honestidad del gobierno se plasmaron en plena manifestación cuando se empezó a corear al grito de ‘¿Quién ha sido?’.
Pero la trama ya había comenzado a estallarle al aznarismo cuando el mismo 11 de marzo Otegi descartó a ETA atribuyendo el atentado a la resistencia árabe, los medios de comunicación de EEUU, Gran Bretaña y Francia optaban por la pista islámica y las brigadas de Al-Qaeda se atribuían el atentado. A pesar de todo, Aznar y los suyos intentaban con descaro proyectar la sombra de ETA sobre las urnas.
La estrategia del PP fracasó electoralmente porque antes había sido derrotada socialmente. En escasas 24 horas la opinión pública dio un vuelco. Si antes del 11 de marzo las encuestas anunciaban un triunfo de los populares, la mentira y la manipulación gubernamental provocaron un cambio en el talante de los votantes.
Se excusaba Antonio Franco, director de El Periódico, ante sus lectores por el titular de portada de la edición especial del 11 de Marzo: ‘El 11-M de ETA’. Ni siquiera se le pasaba por su imaginación que el Presidente del Gobierno de un Estado europeo le pudiera mentir y, por ende, a sus lectores. Las llamadas de Aznar a los diferentes directores de periódicos fueron frecuentes instándoles a responsabilizar a la banda armada vasca.
Incluso el Secretario de Estado de Comunicación tuvo que recibir la queja del Presidente del Círculo de Corresponsales Extranjeros por el malestar con la actuación de la Dirección General de Comunicación porque «...algunos corresponsales oficialmente acreditados en La Moncloa, miembros del Círculo, han recibido a lo largo de la tarde del jueves pasado, día 11 de marzo, una llamada desde su Dirección General con el explícito llamamiento de apuntar en nuestras crónicas y difusiones que ETA fue el autor de los atentados en Madrid».
La misma Ministra de Exteriores dio órdenes expresas a las embajadas para que culparan en sus intervenciones ante los medios de comunicación a la banda armada vasca.
Los grandes medios de información desempeñaron, en su mayoría, un papel penoso en la difusión y justificación de las mentiras. Y los ciudadanos respondieron acudiendo a otros medios de información. La comunicación a través de internet y a través de mensajes de telefonía móvil consiguió reunir en las principales ciudades a miles de personas que tomaron las calles para protestar contra la desinformación. La convocatoria corrió rauda de móvil a móvil, los foros de internet se llenaron de mensajes urgentes y a las sedes del PP acudieron los descreídos de los grandes medios, los que confían más en el periodismo participativo que en los columnistas con filiación e intereses conocidos.
Si condenable es el papel de la mayoría de los medios de comunicación españoles plegándose sin contrastar las fuentes gubernamentales, RTVE es capítulo aparte. El ente sigue desempeñando el papel de sumiso y aplicado instrumento de propaganda utilizado por el gobierno. Ya el máximo responsable de los Servicios Informativos había sido condenado judicialmente por la Audiencia Nacional o por el Consejo de Europa. Solo por esto Urdaci debería haber presentado su dimisión por dignidad profesional. No lo hizo y, por tanto, solo cabe pensar que continuaba en su cargo por militancia o compromiso ideológico.
Los telediarios insisten una y otra vez en cambiar la realidad ocultando, maquillando, tergiversando, justificando, magnificando o destruyendo todo según convenga al poder para su mayor gloria. De esta forma la cobertura informativa de la cadena pública de la campaña electoral ha tenido que ser denunciada por los propios trabajadores. En muchas ocasiones han jugado con la trampa de convertir determinadas informaciones favorables al gobierno en piezas de propaganda, han dejado de informar sobre la guerra de Irak o el caso Yakolev o han utilizado de forma partidista el trabajo de varios cineastas en la película ‘Hay Motivo’.
Durante los últimos meses hemos sido agredidos por los ‘medios de desinformación masiva’ de la televisión pública de Urdaci y los canales privados con Operaciones Triunfo, Salsas Rosas o Grandes Hermanos con el objetivo de que perdiéramos la poca memoria histórica que nos va quedando. Pero también se ha constatado el uso interesado de los dramáticos acontecimientos del 11-M. Así, se retrasaron intencionadamente las declaraciones del lehendakari vasco y del president de la Generalitat. En los informativos de TVE y RNE se ha sostenido la mentira de la mano de sus máximos responsables intentado confundir a miles de españoles que tenían derecho a conocer la verdad. El Director General, J.A. Sánchez, según los trabajadores «...el sábado, jornada de reflexión, dio órdenes de que solo aparecieran en pantalla los miembros del Gobierno para informar del atentado y permitió que el propio candidato del PP, Mariano Rajoy, saliera en pantalla para acusar a la oposición de lo que llamó manifestaciones ilegales». Los trabajadores llegaron al borde del plante cuando la Dirección solo permitió emitir declaraciones de ministros o aquellas que culpaban a ETA.
Si la televisión pública debe ser siempre respetuosa de los principios democráticos y debe cumplir siempre con las normas establecidas y emitir una información veraz, plural e independiente, en casos como éste debería ser especialmente delicada y respetuosa. Mientras los ciudadanos intentaban informarse a través de medios alternativos, en TVE seguían transmitiendo Cine de Barrio.
«La línea informativa implantada por el PP ha implicado cambios radicales en el funcionamiento diario de las empresas públicas». Esta es la opinión de Abelardo Vázquez, ex-miembro del Consejo Asesor de RTVE en Galicia. «Se han convertido en instrumentos de propaganda, se han suprimido las reuniones de redacción, cualquier tipo de intercambio de opinión o consulta sobre el trabajo periodístico y se ha convertido al profesional en una simple herramienta sin voz».
Muchos creen que el fin de la legislatura ha estado marcado por el atentado terrorista del 11 de Marzo. Sin embargo, las manifestaciones del día después y las de la jornada de reflexión ante las sedes del PP demandando la verdad han planteado un nuevo factor, más allá de la guerra y del terror: la necesidad irrenunciable en democracia de contar con información fiable. Los derechos constitucionales a la libertad de información y expresión son aún más sagrados que la tan invocada y dogmática unidad de España y el no a ETA. Las democracias pueden sobrevivir al terrorismo, la guerra o las crisis económicas, pero no al secuestro de las libertades.
Mientras, las Facultades de Periodismo y los popes de la comunicación siguen enviando un mensaje de imparcialidad, de independencia y de objetividad. Pero eso ya no se lo cree nadie, la información también se ha convertido en una guerra.