especulación urbanística

Estado español

Alicante

Subidas de sueldo y especulación urbanística con la única oposición de Esquerra Unida

Víctor Domínguez/ Consell Polític de Esquerra Unida de Alicante
La política municipal de los últimos meses en Alicante ha estado marcada por dos debates en los que, una vez más, Esquerra Unida ha sido la única fuerza discrepante. Esto no supone ninguna novedad, ya que a lo largo de toda la legislatura ésta ha sido la tónica habitual y así hemos visto como, a la hora de la verdad, las coincidencias entre el PP y el PSOE se han puesto de manifiesto en cuestiones como el reglamento de participación ciudadana o la construcción del Palacio de Congresos, temas en los que sólo Esquerra Unida ha defendido posturas diferenciadas en defensa de una verdadera participación de los vecinos en las tomas de decisiones del ayuntamiento o en priorizar el gasto público en beneficio de la mayoría de la población, sin plegarse a los intereses de la patronal.

Sin embargo, en los últimos seis meses, todas estas decisiones han pasado a un segundo plano ante la trascendencia de dos temas que han monopolizado el debate municipal en Alicante. Curiosamente estas dos cuestiones coincidieron en el pleno del 26 de abril, en el que se fraguó la aprobación inicial de una macro-operación urbanística en el barrio de Rabassa y una espectacular y bochornosa subida de sueldos para los concejales del consistorio alicantino.
Hasta esa fecha los sueldos del ayuntamiento oscilaban entre los 72.000 euros brutos anuales del alcalde a los 36.578 euros que cobraban los concejales «peor» pagados. Es decir, que el edil que menos cobraba ingresaba más de medio millón al mes, ¡pobrecitos! Pero parece que estas cantidades no parecían suficientemente altas al PP y al PSOE, que deben pensar que como ellos, políticos elegidos por la ciudadanía, deben vivir como el resto de la población. Como se pueden comparar unos electores, a los que sólo se les presta atención cada cuatro años, cuando tienen que depositar el voto, con ellos, que son ni más ni menos que los elegidos para la gloria, para la gloria de poder subirse el sueldo a su antojo. Y así aprobaron una subida de sueldo de hasta el 40 por ciento de manera que el concejal que menos cobra actualmente en el Ayuntamiento de Alicante gana la friolera de 51.442 euros anuales (más de 700.000 pesetas mensuales). Pero lo más sorprendente es que el único voto contrario a tan descarado robo a la población fue el de Susana Sánchez, única concejala de Esquerra Unida, que, aplicando los mínimos criterios de honradez, racionalidad y siguiendo la línea marcada en el programa electoral de su formación, no sólo se opuso a la subida de sueldos, criticando que en los presupuestos de ese mismo año se aprobara una subida de tan sólo un dos por ciento para los trabajadores municipales (claro, hay que apretarse el cinturón), lo que pone más de manifiesto la hipocresía del resto de los partidos, sino que incluso manifestó su intención de no cobrar los cerca de 12.500 euros que le correspondían de aumento tras la subida, pidiendo que se ingresaran en las arcas municipales. Este gesto provocó una verdadera conmoción en el Ayuntamiento, ya que ponía de manifiesto qué políticos están en cargos públicos únicamente para lucrarse y quienes (en este caso quien) lo está para trabajar por unos ideales y en beneficio de los más desfavorecidos.
Las críticas del PP y sobre todo del PSOE no se hicieron esperar. Acusaciones de populismo, demagogia, intentos de impedir que renunciara a la subida de sueldo e incluso comentarios de un alto dirigente socialista que en privado llegó a decir que Esquerra Unida quería que sólo los indigentes pudieran ser concejales. Pero los hechos son los hechos, y la realidad es que mientras unos aprueban y se aprovechan de esta escandalosa subida, Susana Sánchez renuncia a este aumento y sigue cobrando 1.500 euros mensuales (más la subida anual del IPC), el sueldo fijado por el Consejo Político Local de su formación, quedando el resto de lo que ingresa del Ayuntamiento (42.542 euros anuales, tras renunciar a la subida) para el trabajo político de Esquerra Unida en Alicante, todo un ejemplo del que deberían tomar nota los cargos públicos de todo el estado.
La otra gran cuestión polémica ha sido la aprobación del «Plan Rabassa». Una gran operación urbanística que supondrá la construcción de 15.000 nuevas viviendas, con los desequilibrios que esto supone para la ciudad, y el terminar con la protección de unas lagunas que suponen unos de los pocos espacios naturales que todavía le quedan a Alicante. Dicha obra ha sido adjudicada a una de las empresas del constructor Enrique Ortiz, a pesar de que su propuesta no era ni mucho menos la mejor, con lo que de nuevo se sigue favoreciendo a los mismos, y es que cada vez que se aprueba una obra de envergadura en la ciudad, aparece el nombre de este personaje que, poco a poco y gracias a las prebendas municipales, se está convirtiendo en el dueño de toda la ciudad.
Los efectos nocivos de este proyecto son evidentes desde distintos puntos de vista. En primer lugar se aprueba este plan fuera del PGOU aprobado hace unos meses, con el desacuerdo del redactor de dicho Plan General que considera que esta iniciativa sólo va a generar nuevos desequilibrios en nuestra ya de por sí caótica ciudad. No hacen falta dotes adivinatorias para prever el abandono de barrios cada vez más desatendidos por las políticas del PP o de un centro tradicional que está convirtiéndose en nuevo gueto para inmigrantes sin recursos. Además cuesta entender como se puede por un lado clamar contra la política hidrográfica del gobierno central, aduciendo las necesidades hídricas de la provincia, cuando al mismo tiempo se sigue inmerso en una espiral de crecimiento desmesurado e ilimitado, en el que sólo se ve el negocio fácil e inmediato de la construcción, sin pensar en las consecuencias futuras de dichas políticas, cada vez más insostenibles. Se calcula que la demanda de agua de las 15.000 nuevas viviendas puede rondar los 5 millones de metros cúbicos de agua anuales, a los que habría que sumar los 10.000 nuevos kilowatios de energía eléctrica que se necesitarían, ¡a este paso acabaremos pidiendo el trasvase del Nilo! Todo ello por no hablar de la destrucción de espacios protegidos como las lagunas de Rabassa o varios cerros como el de los Gallos que, al ser integrados en zonas verdes urbanas, verán como desaparecerá su valor paisajístico y ambiental. Y todo esto para que el señor Ortiz pueda seguir viendo crecer su cuenta bancaria, que a fin de cuentas es lo que se trata.
A nadie sorprendió el voto a favor del PP, pero la sorpresa llegó cuando el grupo municipal socialista volvió a coincidir en la votación con los populares. Y sobretodo sorprendió a sus propios militantes y simpatizantes que todavía no salen del asombro. Porque en contra de este Plan, Esquerra Unida, en esta ocasión, no se ha encontrado sola. Han expresado su rechazo sindicatos como CCOO, UGT, STE-PV o CGT, la Coordinadora de Asociaciones de vecinos, el Colegio de Arquitectos, una Plataforma impulsada por profesores de Universidad (algunos de ellos muy cercanos al PSOE) a la que se han sumado múltiples profesionales de distintos campos, y la mayoría de los medios de comunicación de la ciudad que han destacado la innecesario de una macro-operación de estas características. Esta oposición ha llegado a las filas del propio partido socialista, provocando una nueva crisis en la agrupación alicantina. El coordinador local, que expresó no entender el voto de su grupo municipal, fue obligado a dimitir y ha sido sustituido por una gestora, desde la dirección federal se hizo llegar su opinión contraria al plan e incluso Joan Ignasi Plà, secretario general del PSPV, se ha reunido en varias ocasiones con los portavoces del grupo municipal socialista para hacerles cambiar de opinión. Pero nada les va a hacer cambiar de opinión. ¿Las razones? Tendríamos que entrar en el terreno de la especulación y de los comentarios que circulan por Alicante, que hablan de maletines de dinero, o de las magníficas relaciones de un ex-alcalde socialista con el ya mencionado constructor o simplemente que, tras la espectacular subida de sueldos de los concejales, cuyos mayores beneficiarios han sido los ediles socialistas, simplemente se trata de cumplir con lo pactado con el PP. Posiblemente no lo sabremos nunca, pero lo que es una realidad es que gran parte de la población empieza a estar harta de estas prácticas y piensa movilizarse contra todas estas barbaries. Esquerra Unida estará en estas luchas y desde Nuevo estas páginas os seguiremos informando.