La Educación Pública en Madrid

Estado español

Curso Escolar 2005-06

La Educación Pública en Madrid

Javier Burgos Tejero
El comienzo del curso escolar 2005-06 en la Comunidad de Madrid nos vuelve a mostrar las dificultades y carencias con que se encuentra y se enfrenta la educación pública para llevar a cabo su labor frente a los cada vez mayores privilegios que ofrece el Gobierno del PP a la enseñanza privada-concertada. Los datos globales que exponen la situación son desalentadores: si, en España, el gasto educativo en tanto por ciento del PIB ha caído del 4,9% en 1993 al 4,4% en 2004 (siendo superado por 21 de los 25 países de la UE), la CAM dedica tan solo el 2,8 % del PIB al gasto público educativo (curso 2001-2002, frente al 6% que dedica Extremadura, por ejemplo), lo que supone una media de 2.918 euros por alumno en centros públicos; en definitiva, 11 de las 17 autonomías gastan más por alumno que la CAM y solo 5 gastan menos. La conclusión es que el Gobierno de Aguirre no tiene a la educación pública como una de sus prioridades.

No basta con decir que el 85% del presupuesto educativo (3.088 millones en 2004) va a la pública y el 15% (549 millones) a la concertada y a las becas de niños menores de 3 años, porque resulta claro que es insuficiente, como veremos a continuación, porque cada vez se dedica más dinero a la concertada y porque al PP le sale mucho más barato concertar (¡sacándole rentabilidad económica y religiosa a la educación por el mismo precio!) que construir y administrar un centro educativo público que siempre será de todos.
Es interesante ver que la vuelta al cole sigue siendo distinta según donde se estudie: una familia cuyo hijo opte por la pública desembolsará una media de 682 euros, mientras que la cifra sube a 1.530 euros para la concertada y 1.750 euros para la privada. Estamos hablando de más del doble, ahí empieza el negocio de la educación que quiere el PP.

La enseñanza concertada

Los datos sí avalan la tesis de que a la educación privada-concertada le va mejor con este Gobierno del PP: la CAM es la región donde más creció en 2004 el alumnado en los colegios privados, concretamente en el curso 2004-05 hubo 10.824 alumnos más en la enseñanza privada que el curso anterior; de hecho, en todas las comunidades donde creció el número de alumnos escolarizados en centros privados gobierna el PP.
La filiación religiosa de la Presidenta (que dijo en la Asamblea que la educación diferenciada entre niños y niñas no supone ningún tipo de discriminación) no pasa tampoco desapercibida en su política: el 88% de los centros concertados son católicos y resulta que de los 1.038.000 alumnos que hay este curso, el 25% estudiará en este tipo de centros, lo que supone alrededor de 260.000 alumnos. Debido a esta nefasta política de indefensión de la red pública por parte de la Comunidad, la enseñanza pública en la capital, en Madrid municipio, alcanza solo el 41%, y en distritos como Chamberí, Salamanca o Chamartín, los porcentajes de alumnos en colegios públicos son alarmantes: 21%, 14% y 17% respectivamente.
Entre este tipo de centros que la CAM concierta todos los años, podemos encontrar casos de colegios e institutos que discriminan la educación por sexos. Un ejemplo es Pozuelo (gobernado por el PP) donde se cede un solar a la fundación educativa católica Tiempos Más Nuevos para edificar un colegio concertado con clases separadas por sexos (habiendo en Pozuelo 44 centros escolares privados o concertados, por solo 11 públicos); y otro es el colegio católico J.H. Newman que se concierta en el barrio de San Blas, permitiendo la Consejería que el centro condicione la admisión de alumnos a que estos hagan una aportación económica a la Fundación Internacional de Educación (titular del centro). La primera aportación, claro está, ya la hizo el Ayuntamiento, cediendo en 2002 de forma gratuita una parcela de 20.000 metros cuadrados (valorada en 11,8 millones de euros) a esta fundación para construir el colegio, habiendo ya en el distrito siete colegios públicos y cuatro institutos también públicos con plazas disponibles y con serias carencias en las instalaciones que hubieran podido sufragarse con este dinero.
Esta práctica de cesión de suelo público a colegios concertados empieza a ser habitual, con concesiones que, en algunos casos, llegan a ser de 50 años (el máximo permitido); un ejemplo pudo ser Coslada (gobernado por PP e independientes), donde al final el equipo municipal se echó atrás ante la presión social y desestimó ceder suelo público para edificar dos colegios privados, la excusa o argumento para llevar a cabo esta iniciativa era que había demasiados colegios públicos y muy pocos concertados, en relación a la media existente en el resto de la Comunidad. Sin embargo, esta forma de actuar sí se ha llevado a cabo en los nuevos barrios de la capital, donde el Ayuntamiento ha cedido a la Comunidad terrenos para construir cinco colegios concertados, cuando este curso sobra el 54% de las plazas públicas en los colegios públicos de la zona. El ejemplo más paradigmático de la situación a la que nos conduce esta política educativa vuelve a ser el municipio de Madrid, que tiene un 50% más de plazas concertadas que públicas (curso 2003-04); concretamente en los barrios de Chamartín y Salamanca, los dos más ricos de la capital, el número de plazas concertadas supera 6,6 veces el de la pública.
Resulta entonces que el número de unidades educativas públicas que suprime la CAM aumenta todos los años y pronto será superior al número de unidades públicas creadas, contabilizando el total de infantil, primaria, secundaria y bachillerato; de esta manera, se desvían fondos a la escuela privada para aumentar los conciertos, usando el argumento que los padres «tienen derecho a elegir y lo ejercen» (en palabras del consejero de Educación, Luis Peral); sin embargo, no se explica que esa elección es abrumadoramente pública en educación infantil y no se ofertan las plazas suficientes para que la libre elección de los padres se respete en ese caso.

Las escuelas infantiles

31.000 familias solicitaron plaza en escuelas infantiles públicas para el curso que ha empezado, alrededor de 18.000 se quedarán sin ella a pesar de que desean una educación pública para sus hijos. Las alternativas que ofrece el PP son: que esta etapa no es obligatoria ni gratuita y que hay becas para las escuelas privadas (donde las instalaciones y la formación de los profesionales no siempre son las adecuadas). El resultado es que 18.000 familias (25.000 según padres, sindicatos, PSOE e IU) deberán gastar una media de 300 euros al mes (la CAM, eso sí, se vanagloria de que 14.259 familias recibirán becas que solo oscilan entre los 90 y los 150 euros como máximo) en guarderías privadas porque no tienen, insisto, plaza en las escuelas públicas infantiles que habían solicitado.
El dato es elocuente, se estiman en 200 las escuelas infantiles públicas necesarias para paliar la demanda hasta las nuevas elecciones autonómicas, pero el acuerdo educativo que el PP firmó con los sindicatos, claramente insuficiente, fijó en 85 las que se construirán hasta el final de la legislatura, para este curso abren solo 17. Un ejemplo descriptivo es lo que ocurre en los nuevos barrios, en Sanchinarro viven ya cerca de 4.000 familias, este curso ha abierto la primera escuela infantil pública de la zona, pero hasta 2007 no se abrirán las dos siguientes; en ese momento, se estima que la población será de 20.000 personas, sorprendentemente la iniciativa privada ya se instaló en la zona previamente, pues hay una escuela infantil privada de 0 a 3 años que pertenece a la empresa Kidsco, cuyo precio es de 395 euros al mes más extras.
En conjunto, los nuevos barrios de Carabanchel, Sanchinarro, Montecarmelo y las Tablas donde están previstos cerca de 130.000 futuros residentes, 40.000 en estos momentos ya viven ahí, contarán tan solo para este curso con 975 plazas públicas en escuelas infantiles, la falta de previsión y dejadez son más que evidentes. En Madrid capital la situación es parecida, la política de Gallardón es calcada a la de Aguirre, se necesitan 100 escuelas infantiles públicas en la capital para llegar a las 20.000 plazas públicas recomendadas por la UE y en 2004 había 7.764 plazas públicas y 344 concertadas. El Ayuntamiento dedicó en 2004 menos de 2,5 millones de euros en construir y reformar escuelas infantiles, 10 veces menos de lo que invirtió en publicidad municipal.

La «libre» elección

El argumento de la libre elección de los padres que siempre esgrime el PP resulta engañoso, porque la escuela pública no compite en muchos aspectos en igualdad de condiciones con la concertada, y esa libre elección está completamente sesgada y desvirtuada en la mayoría de los casos, debido a la propia política de las instituciones, que deberían potenciar la pública y hacen lo contrario.
He aquí algunos ejemplos: por un lado en educación infantil, la mayoría de padres pide pública y a cerca del 60% de ellos le obligan a ir a la concertada con becas, como habíamos mencionado.
Este argumento es aún más falaz en la educación obligatoria: la escuela pública ve como se van suprimiendo unidades educativas (por citar algunos ejemplos: IES Jaime Vera o Escuela Infantil Pública La Paloma), como se amortizan plazas de profesores ( los interinos, que son el 15 % del profesorado, acaban dando múltiples materias en lugar de contratar más docentes, necesitándose 4.500 profesores más en los próximos tres años), como no se dota con los equipamientos adecuados a todos los colegios e institutos (faltan muchos gimnasios, comedores que sí tienen la mayoría de los concertados, y salones de actos, que simplemente no se han hecho y se convierten en caballos de batalla para las AMPAS), como no se acondicionan y mejoran los centros más antiguos, como los que se tienen que inaugurar para este curso no se terminan o están en obras (6 de los 27 nuevos colegios públicos estaban en obras todavía la primera semana de septiembre, así como alguna escuela infantil, la de Pozuelo, por ejemplo), como en localidades donde los colegios e institutos están saturados , no se abren nuevos centros, sino que se masifican los existentes (Manzanares el Real o Torrelaguna o Valderrivas en Vicálvaro, por citar algunos), como hay todavía 1.900 chavales (3.000 según la oposición) estudiando en barracones y, además, como es la escuela pública la que acoge al 76% de los alumnos inmigrantes que llegan a la CAM.

La inmigración y la enseñanza

Este último aspecto de la inmigración es especialmente preocupante, del total de estudiantes de la región, el 58% está escolarizado en centros públicos, el 25% en concertados y el 16% en privados, pero la pública acoge al 76% del alumnado inmigrante. La Comunidad de Madrid es la región donde el porcentaje de alumnado inmigrante representa más en el total de alumnos: 10,2% del alumnado madrileño en el curso 2003-04 era inmigrante; eso significa que en la CAM hay alrededor de 105.000 alumnos inmigrantes, de los cuales cerca de 76.000 (3 de cada 4) son educados en la pública, que cada vez recibe menos recursos para todo y donde el profesorado se deja la piel para hacer frente a ésta y a otras dificultades, citadas anteriormente, con esfuerzo y gran dedicación. Es importante recordar que el 73% de los profesores de la CAM se encuentran en riesgo de desarrollar ansiedad o depresión, según la Fundación Jiménez Díaz y, de momento, no se toman medidas urgentes.
Las aulas de enlace, pensadas para acoger al alumnado inmigrante, acogerán este curso a 3.700 alumnos, mientras que el número de inmigrantes ha aumentado en 12.000 con respecto al curso pasado, claramente insuficiente. La respuesta: desde la CAM se dice que no van a cambiar la norma actual de escolarización de alumnado inmigrante en la concertada porque atentaría contra (una vez más) el derecho de libre elección de centro de los padres, de esta forma se justifica veladamente la subsidiariedad de la red pública y la creación de escuelas-gueto en ciertos barrios. Por el mismo motivo, la Consejería ha permitido para este curso al 48% de los colegios concertados superar el máximo de alumnos permitido (más de 25 por aula), justificando la «necesidad» de concertar más centros educativos que por lo general son en su mayoría religiosos, paradójicamente solo el 12% de los públicos supera este máximo, sobrando plazas en la mayoría de ellos.
Una de las medidas que Aguirre presentó como estrella es la creación de los colegios públicos bilingües, 80 tan solo en este año escolar (54 nuevos este curso y nótese que al final de la legislatura habrá 110 centros bilingües frente a 650 que no lo serán). La iniciativa parece dotar de calidad a la pública, pero como siempre, además de minoritaria, parece desinflarse al segundo año de haberse puesto en marcha, pues resulta que la preparación del profesorado para estos colegios no parece la más adecuada ni la más rigurosa para una educación bilingüe. Los profesores de estos centros que se dicen bilingües reciben un cursillo intensivo de inglés de tan solo tres meses, dando la sensación de que todo se hace deprisa y corriendo, y más como una operación de marketing que tape las grandes lagunas que venimos mencionando, en lugar de una medida seria y de calidad.
La enseñanza pública está siendo por tanto salvajemente abandonada por el PP con el falaz argumento de la defensa de la libre elección de los padres, pues esa elección no se da en condiciones de igualdad, la CAM esgrime ufana que el 68% de los padres elige la enseñanza concertada pero, ¿qué pasaría si hubiese una clara defensa política desde la Comunidad de Madrid de la enseñanza pública que pagan nuestros impuestos?, ¿qué pasaría si hubiese un reparto equitativo del alumnado inmigrante y con discapacidades?, ¿qué pasaría si los equipamientos de la pública se mejorasen curso tras curso? La respuesta común a las tres preguntas es que los padres matricularían mayoritariamente a sus hijos en la escuela pública.


Fuentes usadas: El País, El Mundo, CC.OO, Ministerio de Educación, Consejería de Educación de la CAM.