Javier Burgos Tejero
El comienzo del curso escolar 2005-06 en la Comunidad de Madrid nos
vuelve a mostrar las dificultades y carencias con que se encuentra y se enfrenta
la educación pública para llevar a cabo su labor frente a los
cada vez mayores privilegios que ofrece el Gobierno del PP a la enseñanza
privada-concertada. Los datos globales que exponen la situación son
desalentadores: si, en España, el gasto educativo en tanto por ciento
del PIB ha caído del 4,9% en 1993 al 4,4% en 2004 (siendo superado por
21 de los 25 países de la UE), la CAM dedica tan solo el 2,8 % del PIB
al gasto público educativo (curso 2001-2002, frente al 6% que dedica
Extremadura, por ejemplo), lo que supone una media de 2.918 euros por alumno
en centros públicos; en definitiva, 11 de las 17 autonomías gastan
más por alumno que la CAM y solo 5 gastan menos. La conclusión
es que el Gobierno de Aguirre no tiene a la educación pública
como una de sus prioridades.
No basta con decir que el 85% del presupuesto educativo (3.088 millones en
2004) va a la pública y el 15% (549 millones) a la concertada y a las
becas de niños menores de 3 años, porque resulta claro que es
insuficiente, como veremos a continuación, porque cada vez se dedica
más dinero a la concertada y porque al PP le sale mucho más barato
concertar (¡sacándole rentabilidad económica y religiosa
a la educación por el mismo precio!) que construir y administrar un
centro educativo público que siempre será de todos.
Es interesante ver que la vuelta al cole sigue siendo distinta según
donde se estudie: una familia cuyo hijo opte por la pública desembolsará una
media de 682 euros, mientras que la cifra sube a 1.530 euros para la concertada
y 1.750 euros para la privada. Estamos hablando de más del doble, ahí empieza
el negocio de la educación que quiere el PP.
Los datos sí avalan la tesis de que a la educación privada-concertada
le va mejor con este Gobierno del PP: la CAM es la región donde más
creció en 2004 el alumnado en los colegios privados, concretamente en
el curso 2004-05 hubo 10.824 alumnos más en la enseñanza privada
que el curso anterior; de hecho, en todas las comunidades donde creció el
número de alumnos escolarizados en centros privados gobierna el PP.
La filiación religiosa de la Presidenta (que dijo en la Asamblea que
la educación diferenciada entre niños y niñas no supone
ningún tipo de discriminación) no pasa tampoco desapercibida
en su política: el 88% de los centros concertados son católicos
y resulta que de los 1.038.000 alumnos que hay este curso, el 25% estudiará en
este tipo de centros, lo que supone alrededor de 260.000 alumnos. Debido a
esta nefasta política de indefensión de la red pública
por parte de la Comunidad, la enseñanza pública en la capital,
en Madrid municipio, alcanza solo el 41%, y en distritos como Chamberí,
Salamanca o Chamartín, los porcentajes de alumnos en colegios públicos
son alarmantes: 21%, 14% y 17% respectivamente.
Entre este tipo de centros que la CAM concierta todos los años, podemos
encontrar casos de colegios e institutos que discriminan la educación
por sexos. Un ejemplo es Pozuelo (gobernado por el PP) donde se cede un solar
a la fundación educativa católica Tiempos Más Nuevos para
edificar un colegio concertado con clases separadas por sexos (habiendo en
Pozuelo 44 centros escolares privados o concertados, por solo 11 públicos);
y otro es el colegio católico J.H. Newman que se concierta en el barrio
de San Blas, permitiendo la Consejería que el centro condicione la admisión
de alumnos a que estos hagan una aportación económica a la Fundación
Internacional de Educación (titular del centro). La primera aportación,
claro está, ya la hizo el Ayuntamiento, cediendo en 2002 de forma gratuita
una parcela de 20.000 metros cuadrados (valorada en 11,8 millones de euros)
a esta fundación para construir el colegio, habiendo ya en el distrito
siete colegios públicos y cuatro institutos también públicos
con plazas disponibles y con serias carencias en las instalaciones que hubieran
podido sufragarse con este dinero.
Esta práctica de cesión de suelo público a colegios concertados
empieza a ser habitual, con concesiones que, en algunos casos, llegan a ser
de 50 años (el máximo permitido); un ejemplo pudo ser Coslada
(gobernado por PP e independientes), donde al final el equipo municipal se
echó atrás ante la presión social y desestimó ceder
suelo público para edificar dos colegios privados, la excusa o argumento
para llevar a cabo esta iniciativa era que había demasiados colegios
públicos y muy pocos concertados, en relación a la media existente
en el resto de la Comunidad. Sin embargo, esta forma de actuar sí se
ha llevado a cabo en los nuevos barrios de la capital, donde el Ayuntamiento
ha cedido a la Comunidad terrenos para construir cinco colegios concertados,
cuando este curso sobra el 54% de las plazas públicas en los colegios
públicos de la zona. El ejemplo más paradigmático de la
situación a la que nos conduce esta política educativa vuelve
a ser el municipio de Madrid, que tiene un 50% más de plazas concertadas
que públicas (curso 2003-04); concretamente en los barrios de Chamartín
y Salamanca, los dos más ricos de la capital, el número de plazas
concertadas supera 6,6 veces el de la pública.
Resulta entonces que el número de unidades educativas públicas
que suprime la CAM aumenta todos los años y pronto será superior
al número de unidades públicas creadas, contabilizando el total
de infantil, primaria, secundaria y bachillerato; de esta manera, se desvían
fondos a la escuela privada para aumentar los conciertos, usando el argumento
que los padres «tienen derecho a elegir y lo ejercen» (en palabras
del consejero de Educación, Luis Peral); sin embargo, no se explica
que esa elección es abrumadoramente pública en educación
infantil y no se ofertan las plazas suficientes para que la libre elección
de los padres se respete en ese caso.
31.000 familias solicitaron plaza en escuelas infantiles públicas
para el curso que ha empezado, alrededor de 18.000 se quedarán sin ella
a pesar de que desean una educación pública para sus hijos. Las
alternativas que ofrece el PP son: que esta etapa no es obligatoria ni gratuita
y que hay becas para las escuelas privadas (donde las instalaciones y la formación
de los profesionales no siempre son las adecuadas). El resultado es que 18.000
familias (25.000 según padres, sindicatos, PSOE e IU) deberán
gastar una media de 300 euros al mes (la CAM, eso sí, se vanagloria
de que 14.259 familias recibirán becas que solo oscilan entre los 90
y los 150 euros como máximo) en guarderías privadas porque no
tienen, insisto, plaza en las escuelas públicas infantiles que habían
solicitado.
El dato es elocuente, se estiman en 200 las escuelas infantiles públicas
necesarias para paliar la demanda hasta las nuevas elecciones autonómicas,
pero el acuerdo educativo que el PP firmó con los sindicatos, claramente
insuficiente, fijó en 85 las que se construirán hasta el final
de la legislatura, para este curso abren solo 17. Un ejemplo descriptivo es
lo que ocurre en los nuevos barrios, en Sanchinarro viven ya cerca de 4.000
familias, este curso ha abierto la primera escuela infantil pública
de la zona, pero hasta 2007 no se abrirán las dos siguientes; en ese
momento, se estima que la población será de 20.000 personas,
sorprendentemente la iniciativa privada ya se instaló en la zona previamente,
pues hay una escuela infantil privada de 0 a 3 años que pertenece a
la empresa Kidsco, cuyo precio es de 395 euros al mes más extras.
En conjunto, los nuevos barrios de Carabanchel, Sanchinarro, Montecarmelo y
las Tablas donde están previstos cerca de 130.000 futuros residentes,
40.000 en estos momentos ya viven ahí, contarán tan solo para
este curso con 975 plazas públicas en escuelas infantiles, la falta
de previsión y dejadez son más que evidentes. En Madrid capital
la situación es parecida, la política de Gallardón es
calcada a la de Aguirre, se necesitan 100 escuelas infantiles públicas
en la capital para llegar a las 20.000 plazas públicas recomendadas
por la UE y en 2004 había 7.764 plazas públicas y 344 concertadas.
El Ayuntamiento dedicó en 2004 menos de 2,5 millones de euros en construir
y reformar escuelas infantiles, 10 veces menos de lo que invirtió en
publicidad municipal.
El argumento de la libre elección de los padres que siempre esgrime
el PP resulta engañoso, porque la escuela pública no compite
en muchos aspectos en igualdad de condiciones con la concertada, y esa libre
elección está completamente sesgada y desvirtuada en la mayoría
de los casos, debido a la propia política de las instituciones, que
deberían potenciar la pública y hacen lo contrario.
He aquí algunos ejemplos: por un lado en educación infantil,
la mayoría de padres pide pública y a cerca del 60% de ellos
le obligan a ir a la concertada con becas, como habíamos mencionado.
Este argumento es aún más falaz en la educación obligatoria:
la escuela pública ve como se van suprimiendo unidades educativas (por
citar algunos ejemplos: IES Jaime Vera o Escuela Infantil Pública La
Paloma), como se amortizan plazas de profesores ( los interinos, que son el
15 % del profesorado, acaban dando múltiples materias en lugar de contratar
más docentes, necesitándose 4.500 profesores más en los
próximos tres años), como no se dota con los equipamientos adecuados
a todos los colegios e institutos (faltan muchos gimnasios, comedores que sí tienen
la mayoría de los concertados, y salones de actos, que simplemente no
se han hecho y se convierten en caballos de batalla para las AMPAS), como no
se acondicionan y mejoran los centros más antiguos, como los que se
tienen que inaugurar para este curso no se terminan o están en obras
(6 de los 27 nuevos colegios públicos estaban en obras todavía
la primera semana de septiembre, así como alguna escuela infantil, la
de Pozuelo, por ejemplo), como en localidades donde los colegios e institutos
están saturados , no se abren nuevos centros, sino que se masifican
los existentes (Manzanares el Real o Torrelaguna o Valderrivas en Vicálvaro,
por citar algunos), como hay todavía 1.900 chavales (3.000 según
la oposición) estudiando en barracones y, además, como es la
escuela pública la que acoge al 76% de los alumnos inmigrantes que llegan
a la CAM.
Este último aspecto de la inmigración es especialmente preocupante,
del total de estudiantes de la región, el 58% está escolarizado
en centros públicos, el 25% en concertados y el 16% en privados, pero
la pública acoge al 76% del alumnado inmigrante. La Comunidad de Madrid
es la región donde el porcentaje de alumnado inmigrante representa más
en el total de alumnos: 10,2% del alumnado madrileño en el curso 2003-04
era inmigrante; eso significa que en la CAM hay alrededor de 105.000 alumnos
inmigrantes, de los cuales cerca de 76.000 (3 de cada 4) son educados en la
pública, que cada vez recibe menos recursos para todo y donde el profesorado
se deja la piel para hacer frente a ésta y a otras dificultades, citadas
anteriormente, con esfuerzo y gran dedicación. Es importante recordar
que el 73% de los profesores de la CAM se encuentran en riesgo de desarrollar
ansiedad o depresión, según la Fundación Jiménez
Díaz y, de momento, no se toman medidas urgentes.
Las aulas de enlace, pensadas para acoger al alumnado inmigrante, acogerán
este curso a 3.700 alumnos, mientras que el número de inmigrantes ha
aumentado en 12.000 con respecto al curso pasado, claramente insuficiente.
La respuesta: desde la CAM se dice que no van a cambiar la norma actual de
escolarización de alumnado inmigrante en la concertada porque atentaría
contra (una vez más) el derecho de libre elección de centro de
los padres, de esta forma se justifica veladamente la subsidiariedad de la
red pública y la creación de escuelas-gueto en ciertos barrios.
Por el mismo motivo, la Consejería ha permitido para este curso al 48%
de los colegios concertados superar el máximo de alumnos permitido (más
de 25 por aula), justificando la «necesidad» de concertar más
centros educativos que por lo general son en su mayoría religiosos,
paradójicamente solo el 12% de los públicos supera este máximo,
sobrando plazas en la mayoría de ellos.
Una de las medidas que Aguirre presentó como estrella es la creación
de los colegios públicos bilingües, 80 tan solo en este año
escolar (54 nuevos este curso y nótese que al final de la legislatura
habrá 110 centros bilingües frente a 650 que no lo serán).
La iniciativa parece dotar de calidad a la pública, pero como siempre,
además de minoritaria, parece desinflarse al segundo año de haberse
puesto en marcha, pues resulta que la preparación del profesorado para
estos colegios no parece la más adecuada ni la más rigurosa para
una educación bilingüe. Los profesores de estos centros que se
dicen bilingües reciben un cursillo intensivo de inglés de tan
solo tres meses, dando la sensación de que todo se hace deprisa y corriendo,
y más como una operación de marketing que tape las grandes lagunas
que venimos mencionando, en lugar de una medida seria y de calidad.
La enseñanza pública está siendo por tanto salvajemente
abandonada por el PP con el falaz argumento de la defensa de la libre elección
de los padres, pues esa elección no se da en condiciones de igualdad,
la CAM esgrime ufana que el 68% de los padres elige la enseñanza concertada
pero, ¿qué pasaría si hubiese una clara defensa política
desde la Comunidad de Madrid de la enseñanza pública que pagan
nuestros impuestos?, ¿qué pasaría si hubiese un reparto
equitativo del alumnado inmigrante y con discapacidades?, ¿qué pasaría
si los equipamientos de la pública se mejorasen curso tras curso? La
respuesta común a las tres preguntas es que los padres matricularían
mayoritariamente a sus hijos en la escuela pública.
Fuentes usadas: El País, El Mundo, CC.OO, Ministerio
de Educación, Consejería de Educación de la CAM.