PESIMISMO SOCIAL, ¿ESTÁ JUSTIFICADO?
DISCURSO PRONUNCIADO EN "VILLA ELISA", BENICASSIM (CASTELLÓN), EL 26 DE JUNIO DE 2002, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL "DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL USO INDEBIDO Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS", ORGANIZADA POR LA ASOCIACIÓN
Señoras,
señores, buenas tardes a todas y a todos:
Ante todo, quisiera comenzar
pidiendo disculpas por no haber podido asistir el año pasado a recibir
personalmente el premio "Paco Pascual" a la "difusión social en
drogodependencias" con que tuvo la generosidad de distinguirme la
asociación PATIM. También quiero agradecer a la asociación la confianza y
amabilidad demostradas al haberme invitado para que actuara hoy como mantenedor
de este acto.
* * *
El 7 de
diciembre de 1987 —hace ya, por tanto, casi 15 años— la Asamblea General de
las Naciones Unidas decidió instituir el día de hoy —26 de junio— como
"Día internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico
ilícito de drogas".
Hay que decir, en este
sentido, que Paco Pascual, maestro de periodistas recientemente fallecido, se
adelantó en 20 años a este anhelo de Naciones Unidas, ya que el 29 de
diciembre de 1967 publicó en Mediterráneo un extenso reportaje,
titulado "La Droga, felicidad artificial", en el que prevenía a la
sociedad castellonense acerca del aumento del tráfico de drogas en España, un
país al que entonces los traficantes pretendían convertir —a decir de
nuestro admirable y admirado Paco Pascual— en "cabeza de puente".
También PATIM es una
asociación pionera en la Prevención, Asesoramiento, Tratamiento e
Investigación en temas de Marginación y Drogas, pues no olvidemos que fue
fundada en 1985, es decir, dos años antes de que la Asamblea General de las
Naciones Unidas decidiera conmemorar anualmente esta fecha.
Pero, ¿qué balance podemos
hacer cuando casi se han cumplido 15 años de aquella toma de decisión?
Veamos algunos indicadores.
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en los últimos tres años ha
realizado unos estudios denominados de "expectativas" que incluyen,
entre otras, la siguiente pregunta: "¿Cree Ud. que dentro de 5 años en
España habrá aumentado o habrá disminuido el consumo de drogas
ilegales?". A tenor de la respuesta, cada vez hay más españoles que
piensan que este consumo aumentará.
Por lo demás, según
demuestran los barómetros mensuales del CIS, donde se reflejan —al menos en
teoría— los problemas de España, el comúnmente denominado "problema de
la droga" sigue enquistado en la percepción objetiva de los españoles en
el tercer lugar (tras el paro y el terrorismo).
¿Está pues justificado este
pesimismo social?
A mi juicio, creo que no. O,
por lo menos, existen otros datos que nos permiten ser mucho más optimistas. En
este sentido, y en contradicción con los peores vaticinios, desde hace algunos
años, los daños ocasionados por las drogas ilícitas —al menos, aquellos
más visibles y dramáticos— parece que van a menos.
Por ejemplo, hace unos días
el diario El País se congratulaba porque los fallecimientos por
sobredosis en España han descendido un 59% desde 1999. Y si tomamos 1991 como
año de referencia veremos cómo ese descenso en las muertes por sobredosis ha
sido de más del 75%.
Asimismo, los casos de sida
entre usuarios de drogas por vía intravenosa entre 1994 y 1999 han descendido
en más de un 66%.
Si atendemos de nuevo a los
barómetros mensuales del CIS, pero fijamos nuestra atención no en la percepción
objetiva sino en la repercusión real (es decir, cuando las personas
encuestadas no responden sobre los problemas del país, sino sobre sus propios
problemas personales) observaremos claramente cómo el denominado "problema
de la droga" ya no se sitúa en el tercer lugar del ranking, ni lo señalan
un 25% de los españoles, sino que se sitúa en el puesto 7º, 8º, 9º e
incluso 10º, y apenas lo destacan como tal un 5% de los ciudadanos. Lo cual
sugiere que existe una acusada tendencia a la dramatización —seguramente
fomentada por los medios de comunicación—, es decir, que la percepción de la
gravedad del "problema", en realidad, no parece relacionada con la
experiencia inmediata.
¿Quiere esto decir que ya
podemos quedarnos tranquilos, con los brazos cruzados?
Desde luego que no. Y sólo
hay que apuntar un dato para advertir la magnitud de todo lo que queda por
hacer: si en 1987 (recordemos: el mismo año en que la Asamblea General de las
Naciones Unidas decidió instituir el 26 de junio como "Día internacional
de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas") el
porcentaje de internos en las cárceles españolas por delitos contra la salud
pública era del 32% (11% penados y 21% preventivos), en 1999 ascendía ya a un
67’2% (31’2% penados y 36% preventivos).
* * *
La decisión
adoptada en su día por la Asamblea General de las Naciones Unidas nos invita a
la "lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas".
Pero es demasiado largo, demasiado grandilocuente… nosotros, para abreviar, lo
reducimos y hablamos de la lucha contra la Droga. Y en ello estamos, no
desde que lo propusieran Naciones Unidas, sino desde mucho antes, y sin tener
muy claro si estamos luchando contra gigantes o contra molinos de viento.
Porque, seguimos hablando de "Droga", pero la "Droga" como
tal generalización y abstracción no existe. En realidad, hablar de
"Droga" de forma genérica y abstracta resulta tan descabellado y poco
convincente como hacerlo, por ejemplo, del término "líquido".
Porque, de hablar así, ¿a qué nos estaríamos refiriendo? ¿A la horchata, al
vino, al aceite de oliva, al agua oxigenada o al líquido de los frenos?
Parece evidente que lo
sustancial, cuando hablamos de drogas, no es tanto su presencia en nuestro
entorno, sino la relación que el individuo, el grupo y, en definitiva, la
sociedad establecen con el hecho objetivo de la existencia de aquéllas. Este
vínculo va a ser lo que determine la utilización o no de las mismas y la forma
o estilo en que se va a hacer.
* * *
La
protección de la salud pública responde a un concepto relativamente reciente
dentro de la historia del Derecho. Implica, por una parte, el reconocimiento del
bienestar general como un patrimonio colectivo a preservar y, por otra, la
existencia de unas conductas capaces de poner en peligro dicho bienestar, es
decir, los denominados delitos de riesgo.
En el Código Penal español
de 1870, las irregularidades en la venta de fármacos, sustancias nocivas para
la salud o productos químicos capaces de producir grandes estragos
(sustitución de uno por otro, adulteración, fraude…) estaban tipificadas
como delitos contra la salud pública. En aquella época, las drogas actualmente
prohibidas recibían la misma consideración que cualquier otro fármaco, es
decir, eran productos de consumo libre, para cuya venta estaban autorizados
drogueros y boticarios.
Por eso, en 1918, cuando las
autoridades gubernativas decidieron someter ciertas sustancias (opio, morfina,
cocaína, éter, cloral, etc.) a un régimen de control o restricción, se
pensó en la receta médica obligatoria como requisito suficiente para preservar
la salud pública en este sentido. Lógicamente, a efectos penales, esta
exigencia no afectaba al comprador, sino al vendedor, lo cual casaba
perfectamente con la idea inicial de proteger a las personas de drogas que otros
querían venderles.
El paso decisivo de la
restricción a la prohibición se dio en 1928, cuando entró en vigor un nuevo
Código Penal —que ya prestaba una especial consideración a las "drogas
tóxicas o estupefacientes", separándolas del resto de sustancias
potencialmente peligrosas para la salud— y se promulgaron las Bases para la
Restricción del Estado en la distribución y venta de estupefacientes, pues
a partir de ese momento ya no sólo se castigó la venta ilícita de drogas,
sino también su posesión sin receta. Este cambio legislativo implicaba
necesariamente una perversión del concepto inicial de delito contra la salud
pública, pues ya no se trataba de proteger a las personas de drogas que otros
querían venderles, sino de drogas que ellas mismas querían comprar. De
tal manera, en la actualidad hemos llegado a admitir como razonable que si una
persona vende a otra cualquier cantidad de una droga prohibida —por mínima
que sea— está cometiendo un delito contra la salud pública, es decir, contra
la salud de todos, mientras aceptamos que si una industria envenena el
aire, el agua o la tierra —elementos que sí compartimos todos— se está
produciendo un delito ecológico. Absurdo, ¿no?
* * *
Desde
principios del siglo XX nuestros gobiernos han ido ensayando distintos modelos
de intervención en materia de drogas: el modelo penal (o jurídico represivo),
el modelo médico/sanitario, el modelo psicosocial, el modelo sociocultural (o
antropológico-cultural), el modelo estructural… Todos son distintos, pero, a
la vez, todos tienen un nexo en común: anteponen la seguridad nacional a
la seguridad personal. De ahí que la máxima que dice "no existen
enfermedades sino enfermos" no termine de cuajar o de sedimentarse en el
campo que nos ocupa, y más que de drogodependientes —diferentes entre sí, en
función de su caracterización y necesidades— se siga hablando de
drogodependencias. Y de ahí también que, en vez de una visión endémica,
siga persistiendo una visión epidémica del asunto.
Hace algunos años el
abordaje del tema de las drogas se fundamentaba en la consecución de un único
objetivo: tolerancia cero hasta lograr un mundo sin drogas. Hoy en día, muchas
personas no han renunciado a la abstinencia total como meta final, pero se han
dado cuenta de que, previamente, han de conseguir otros objetivos a corto y
medio plazo.
La clave parece estar en la prevención.
Pero dicho concepto no encierra ninguna novedad. De hecho, la idea de prevención
ya comenzó a introducirse de manera incipiente durante los años 30, cuando
empezó a ponerse de manifiesto el fracaso de la política prohibicionista y
represiva.
A finales de los años 60 y
principios de los 70, una vez liquidado el período que los historiadores
denominamos de "paz farmacrática", la noción de prevención
en materia de drogas comenzó a extenderse entre todos los profesionales
vinculados —directa o indirectamente— al tema: expertos de Naciones Unidas,
médicos, sociólogos, periodistas, personal docente, religiosos, jueces de
Vagos y Maleantes e incluso policías.
Desde que se creara el Plan
Nacional sobre Drogas en 1985 podemos considerar la política preventiva
como algo asumido por el Gobierno español y, por tanto, prácticamente
institucionalizada. De hecho, en la actualidad resulta difícil encontrar alguna
persona o institución —tanto pública como privada— que no proclame y se
aferre a la idea de prevención con la fe del neófito. Tanto que, a
juicio del sociólogo y criminólogo Xabier Arana, hemos pasado de intentar
prevenir el consumo a consumir prevención.
Sin embargo, esa política
de prevención no sólo se ha mostrado ineficaz, sino también confusa,
contradictoria y, en muchos casos, contraproducente. La explicación a esta
paradoja se encuentra en la propia definición del concepto. Cabe decir, en este
sentido, que según la última edición del Diccionario de la lengua
española, "prevención" es la "acción y efecto de
prevenir", es decir, la "preparación y disposición que se hace
anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo". En principio, la
cosa parece bastante clara; pero, si buscamos la definición del verbo
"prevenir" podemos observar que el término en cuestión encierra
importantes matices de concepto, pues si por un lado implica "conocer de
antemano o con anticipación un daño o perjuicio" y "advertir,
informar o avisar a alguien de algo", por otro también tiene el
significado de "precaver, evitar, estorbar o impedir algo", así como
"imbuir, impresionar, preocupar a alguien, induciéndole a prejuzgar
personas o cosas". En rigor, pues, resulta tan preventivo aconsejar
a una persona para que modere el uso de cualquier sustancia, como mentirle
acerca de sus efectos, obligarla a someterse a tratamiento, sancionarla
económicamente, encarcelarla o ejecutarla por el mismo motivo (si así lo
dispusiera el ordenamiento jurídico-penal).
Las dudas que plantea la prevención
en la práctica han determinado que a lo largo de estos últimos años se
comience a apostar por una política denominada de "reducción de riesgos y
daños". Esta formulación parece que se ajusta más a la realidad. De
hecho, a principios de este mismo mes he tenido la suerte de intervenir en la II
Conferencia de consenso sobre la reducción de riesgos relacionados con las
drogas, celebrada en Bilbao. Pero, mientras intentamos consolidar esta opción,
no podemos olvidar que se trata de un mal menor, cuyo principal objetivo
es precisamente minimizar los efectos de décadas de prohibición, represión y prevención,
es decir, un parche para que el remedio no acabe de fulminar a todos los remediados.
En consecuencia, una política de reducción de riesgos y daños no puede
limitarse únicamente a una serie de medidas técnicas, sino que debe asumir
ciertos cambios en los planteamientos de fondo de la cuestión.
Cabe decir, en este sentido,
que el discurso teórico que sustenta dichas políticas reduccionistas no
puede ser ajeno o refractario al planteamiento de si el Estado, más que
proteger a las personas de sí mismas, intentando redimir a los ciudadanos de
sus propios deseos, inclinaciones o tendencias, no debería limitarse a respetar
su dignidad e independencia y, en última instancia, a fomentar el sentido de la
responsabilidad, tanto en el ámbito individual como colectivo.
* * *
Quizá
alguno de los presentes espere que, para finalizar, haga un llamamiento
reivindicando la legalización de las drogas. Creo que no es momento, ni lugar.
Sin embargo, permítanme que comparta una inquietud con ustedes en este sentido,
al hilo de una anécdota televisiva. Hace apenas un par de meses todos pudimos
ver y escuchar cómo una chica de 19 años hablaba con soltura y abiertamente de
su "camello de confianza" en un programa de televisión de
máxima audiencia. A lo mejor, a ustedes, este hecho aislado les parece un
detalle mínimo, carente de importancia. A mi juicio, el episodio en cuestión
—unido a otros aparentemente insignificantes— no es sino una prueba más de
que, en la práctica, la prohibición ha sido revocada de facto, es decir, por
la vía de los hechos consumados. Y a todos nos incumbe que los acontecimientos,
es decir, la realidad haya desbordado el marco jurídico-legal, porque, en
definitiva, a todos nos afecta. Por eso, no quiero finalizar esta intervención
sin invitarles a reflexionar en torno a dos máximas: aquella de Montaigne que
nos advierte de que "las leyes mantienen su crédito no porque sean justas,
sino porque son leyes" y aquella otra de Montesquieu que repara en que
"las leyes inútiles debilitan las necesarias".
Gracias por su paciencia y por la atención dispensada.