consumo y tráfico de
drogas.SUPERAR
LA PREVENCIÓN
Algunas consideraciones sobre el abordaje tradicional de los riesgos y daños
asociados al uso de drogas
RESUMEN:
La prevención suele presentarse como
la única solución posible al denominado problema de las drogas. Partiendo del
hecho de que no se trata de una idea nueva y de que, en la actualidad, está prácticamente
institucionalizada, en este trabajo se critica la ambigüedad del concepto y se
propone su superación mediante políticas de reducción de riesgos y daños
como paso previo hacia una inevitable normalización del consumo y tráfico de
drogas.
Pocos meses antes del comienzo de este nuevo siglo —y
milenio— la Federación Andaluza de Drogodependencias se congratulaba por el
hecho de que, por fin, hubiéramos entrado en la que los expertos han decidido
considerar como “década de la prevención”. Como prueba de ello, se
recordaba la invitación, hecha “por primera vez” en la Asamblea General de
Naciones Unidas de 1998, a todos los países para que diseñaran estrategias
dirigidas a la “reducción de la demanda de droga”, así como la voluntad
expresada por la Unión Europea, que ha dispuesto que antes del año 2003
“todos los Estados deben contemplar de manera prioritaria la prevención en
sus estrategias nacionales”. En cumplimiento de dicha disposición, en España
se está desarrollando la denominada Estrategia Nacional sobre Drogas para
2000/2008, que contempla “compromisos concretos en el campo de la prevención”;
por ejemplo, todas las poblaciones de más de 20.000 habitantes deberán tener
antes del año 2003 un Plan Municipal de Drogodependencias y para 2008 este
mandato habrán de cumplirlo todos los municipios[1].
Sin embargo, ante los ojos del historiador, las soluciones
basadas en una política preventiva no
resultan para nada novedosas.
* * *
Conviene
empezar por recordar que la protección de la salud pública responde a un
concepto relativamente reciente dentro de la historia del Derecho. Implica, por
una parte, el reconocimiento del bienestar general como un patrimonio colectivo
a preservar y, por otra, la existencia de unas conductas capaces de poner en
peligro dicho bienestar, es decir, los denominados delitos de riesgo.
Por
ejemplo, en el Código Penal español de 1870, las irregularidades en la venta
de fármacos, sustancias nocivas para la salud o productos químicos capaces de
producir grandes estragos (sustitución de uno por otro, adulteración,
fraude…) estaban tipificadas como delitos contra la salud pública. En aquella
época, las drogas actualmente prohibidas recibían la misma consideración que
cualquier otro fármaco, es decir, eran productos de consumo libre, para cuya
venta estaban autorizados drogueros y boticarios.
Por
eso, en 1918, cuando las autoridades gubernativas decidieron someter ciertas
sustancias (opio, morfina, cocaína, éter, cloral, etc.) a un régimen de
control o restricción, se pensó en la receta médica obligatoria como
requisito suficiente para preservar la salud pública en este sentido. Lógicamente,
a efectos penales, esta exigencia no afectaba al comprador, sino al vendedor, lo
cual casaba perfectamente con la idea inicial de proteger a las personas de
drogas que otros querían venderles.
El
paso decisivo de la restricción a la Prohibición se dio en 1928, cuando entró
en vigor un nuevo Código Penal —que ya prestaba una especial consideración a
las “drogas tóxicas o estupefacientes”, separándolas del resto de
sustancias potencialmente peligrosas para la salud— y se promulgaron las Bases
para la Restricción del Estado en la distribución y venta de estupefacientes,
pues a partir de ese momento ya no sólo se castigó la venta ilícita de
drogas, sino también su posesión sin receta. Este cambio legislativo implicaba
necesariamente una perversión del concepto inicial de delito contra la salud pública,
pues ya no se trataba de proteger a las personas de drogas que otros
querían venderles, sino de drogas que ellas
mismas querían comprar.
Desde entonces nuestros gobiernos han ido ensayando
distintos modelos de intervención en materia de drogas: el modelo penal (o jurídico
represivo), el modelo médico-sanitario, el modelo psicosocial, el modelo
sociocultural (o antropológico-cultural), el modelo estructural…[2]
Todos son distintos, pero a la vez, todos tienen un nexo en común: anteponen la
seguridad nacional a la seguridad
personal, lo cual determina que, en vez de una visión endémica,
siga persistiendo una visión epidémica
del asunto. Y de ahí que la máxima que dice “no existen enfermedades sino
enfermos” no termine de cuajar o de sedimentarse en el campo que nos ocupa, y
más que de drogodependientes —diferentes entre sí, en función de su
caracterización y necesidades— se siga hablando de drogodependencias.
* * *
Por lo que respecta a la prevención, hacia mediados de la década de los años 20 ya se
constituyó en Barcelona la Asociación contra la Toxicomanía, cuyo principal
objetivo era “poner de manifiesto los enormes daños causados al individuo, a
la sociedad y a la raza por el uso indebido de substancias estupefacientes”[3]
y durante la II República un reportero que respondía al lacónico seudónimo
de Kim dejaba sentenciado —a propósito de “las tragedias de los paraísos
artificiales”— en el diario gráfico Ahora:
“La higiene social no es represión, sino prevención”[4].
Tres lustros más tarde, cuando el hambre y la miseria de
la posguerra se cebaban en la mayoría de los españoles, Martín Abizanda
aseguraba, desde las páginas de la revista Semana,
que España, “al margen de la O.N.U.”, estaba “a la vanguardia en la lucha
preventiva y curativa”[5].
Seguramente, a más de uno le parecerá una cruel ironía calificar la política
de Franco en materia de drogas como preventiva,
pero en 1968 la reportera María Teresa Dolset afirmaba que fue precisamente con
la aprobación de la Ley de Vagos y Maleantes (1933) cuando “se introdujo en
España el Derecho Penal Preventivo”,[6]
lo que venía a coincidir con la opinión mayoritaria. Dicha ley se había
promulgado durante la II República y Franco la mantuvo vigente hasta 1970,
cuando fue actualizada por la Ley de Peligrosidad Social, la cual —según los
entendidos— era “el más vivo exponente de los deseos de la Administración
española de dotar a los tribunales de justicia de un instrumento más moderno,
amplio y objetivo a la vez, para enfrentarse, en medio de un clima
fundamentalmente preventivo, con este tipo de problemas”[7].
No es de extrañar, pues, que el magistrado Jesús Carnicero Espino, juez
especial de Vagos y Maleantes, abogara por la “efectividad en las medidas
preventivas”[8],
que no consistían en otra cosa que en la declaración de “estado peligroso”
de “los ebrios habituales y los toxicómanos” y en su internamiento forzoso
en establecimientos de “custodia o trabajo adecuado”, de “reeducación”
o de “preservación”, además de otras “medidas de seguridad y
rehabilitación”[9].
El mismo año que los estudiantes universitarios tomaron
París, la Dirección General de Sanidad puso en funcionamiento un Programa
Nacional para la Prevención y Asistencia del Alcoholismo y las Toxicomanías,
integrado por seis equipos —dos en Madrid y uno en Valencia, Bilbao, A Corunha
y Murcia—, compuestos cada uno por doce especialistas —entre psiquiatras,
psicólogos, asistentes sociales y enfermeras—, y cuyos servicios eran
gratuitos. En 1971 ya existían equipos en doce provincias, y el Dr. Joaquín
Santo Domingo Carrasco, director de dicho programa, confirmaba en la prensa la
“misión preventiva y asistencial”[10]
del mismo.
En realidad, fue hacia finales de los 60 y principios de
los 70, al comenzar a intuir el prohibicionismo la imposibilidad de un mundo
libre drogas por la vía de la represión, cuando la idea de prevenir empezó a extenderse y tomar cuerpo en la escena
internacional. Por ejemplo, en 1969 la prensa española se hacía eco de las
hazañas de sor Patricia, una religiosa británica especializada en “la lucha
preventiva contra la droga”[11],
y al año siguiente destacaba un punto central del informe anual del Comité de
Control de Narcóticos al Consejo Económico-Social de las Naciones Unidas: “únicamente
medidas preventivas internacionales pueden dar resultados efectivos”[12],
toda vez que en la propia declaración de principios de dicho Comité se
expresaba la idea de que “la prevención debe orientarse a transformar las
condiciones de vida, integrando los aspectos del proceso económico, social y
educacional”[13].
En consonancia con este espíritu, el gobierno francés aprobó una “nueva ley
contra la toxicomanía y el tráfico de drogas” que establecía “medidas de
prevención y curación”[14]
y en Roma las autoridades activaron un “intenso programa de prevención” en
víspera del comienzo del curso escolar cuya principal novedad consistía en la
dotación de “equipos de la policía femenina de la sección de
estupefacientes” para que “vigilaran con discreción a los estudiantes”[15].
Incluso una publicación como Selecciones
del Reader’s Digest —editada por una empresa estrechamente vinculada con
los intereses políticos del Departamento de Estado norteamericano— se
decantaba por la prevención: Herman
W. Land, en un artículo titulado “Cómo hablar a un hijo de las drogas”,
aseguraba que “como en el caso de cualquier epidemia, cuanto antes se tomen
medidas preventivas, mayor será la probabilidad de detener su propagación”[16]
y Richard Earle, en un trabajo titulado “Proteja a su hijo de las drogas”,
consideraba que la edad de 9 a 10 años del niño era la “época ideal para
ampliar y reafirmar las enseñanzas preventivas”, y que la mejor manera de
conseguirlo “es tratar de que los pequeños estudien con sus padres los
verdaderos efectos del uso de los estupefacientes”[17].
En este sentido, el Dr. Orsel, un especialista en el tratamiento de jóvenes con
problemas de drogas establecido en París, también apostaba por la información;
sin embargo, y en relación con la difusión de informes espurios —aunque
supuestamente científicos— sobre los efectos de la LSD, declaraba estar
“formalmente en contra de toda opinión científica falsa que permita dar una
información con propósito de prevención”, aunque dicha información
consiguiera reducir la demanda, ya que a su juicio “los problemas de juventud
que tenemos sólo podemos abordarlos con una ideología perfectamente limpia”[18].
Entre los expertos españoles, Julio Camarero, que se había
diplomado en toxicología por la Universidad de Madrid y había trabajado como
“agente encubierto” al servicio de la Brigada para la Represión de Narcóticos
de Puerto Rico, también se subía al carro de la prevención: “¿Qué puede hacer, realmente positivo, la sociedad
ante las toxicomanías? Prevenir y asistir”[19].
Colaborador habitual del diario Pueblo,
la revista Familia Cristiana y otros
periódicos de la época, donde publicó extensos artículos[20]
e interminables reportajes seriados[21],
Camarero tenía una visión muy particular de la prevención. Aparte de los “medios clínicos”, confiaba
ciegamente en la labor “divulgadora y preventiva que siempre debe ejercer la
Prensa”[22]
en este campo, trasladando a los lectores aquellos “aspectos de tipo
preventivo con una imagen repulsiva de la droga y de los estragos que produce su
mercado clandestino”[23].
También consideraba que para llevar a cabo una “tarea preventiva bien
planificada” resulta “imprescindible” la actuación de la Policía[24],
pero reconocía que la sociedad española carecía de los “necesarios resortes
preventivos”[25]
y abogaba por “buscar sistemas preventivos más idóneos en consonancia con
nuestra sociedad y el ritmo de nuestro tiempo”[26].
En este sentido, recomendaba la creación de una “entidad de tipo civil donde
pudieran inscribirse todos aquellos con vocación y ganas de trabajar de un modo
práctico en la prevención del uso de drogas”[27].
El reportero-toxicólogo, no sólo estaba proponiendo la creación de la primera
ONG[28]
dentro del ramo, sino que hablaba incluso de articular “otra terminología
que, a la par que tienda a prevenir al máximo, humanice todo el proceso”[29].
Para la construcción de ese nuevo lenguaje, políticamente correcto, Camarero
proponía que el drogadicto dejara de ser considerado como un vicioso
(aunque, en realidad, su caracterización clínica no variara un ápice): “es
un enfermo y como tal debe ser atendido y ayudado”, aun “en contra de sí
mismo si es preciso”[30],
apostillaba.
Pero Julio Camarero no era el único valedor de la prevención.
La revista La Actualidad Española se
mostraba decididamente partidaria “de una acción preventiva” que opusiera
“cierta robustez moral al poder penetrante de la droga” y consideraba que
tal empresa concernía “a todos”[31].
También Raúl Vázquez de Parga, colaborador de Selecciones del Reader’s Digest, se decantaba por “medidas
preventivas y eficaces”[32]
y el periodista Ángel Antonio G. Muñoz, desde las páginas del Diario
de Cádiz, manifestaba “la urgente necesidad de la creación de unas
oficinas de información y documentación”, dentro de lo que él comprendía
como un modelo de “política preventiva”.[33]
El P. José Mª López Riocerezo, catedrático de la Universidad “María
Cristina” de El Escorial, abogaba por “sacar el tema del ámbito policial y
llevarlo al cultural y al científico” e informar a los jóvenes acerca de las
drogas, “no para intimidarles, sino para prevenirlos”[34].
Hasta el comisario José Mª Mato Reboredo —que fuera jefe de la Brigada de
Estupefacientes desde su creación en 1967 hasta 1978— confiaba ciegamente en
“la eficacia de la prevención” cuando ésta se traducía en acciones
expeditivas, como “cadena perpetua” para los traficantes y “régimen
cerrado de curación” para los consumidores[35].
Hacia mediados de la década de los 70, Montserrat Fernández
Montes, otra colaboradora de Selecciones
del Reader’s Digest, resumía en cuatro puntos “lo que aún queda por
hacer para prevenir y eliminar el problema” de las drogas en España:
“1. Es necesario hacer una campaña de información sobre
los peligros de la droga para contrarrestar la propaganda de moda en favor de
los paraísos artificiales.
2. Los padres deberían tratar de lograr un diálogo espontáneo
con sus hijos, y evitar el autoritarismo ciego que podría alejarlos.
3. La legislación debe concentrar sus medidas represivas
en el traficante y derramar toda su comprensión en el adicto, ya que es un
enfermo y no un delincuente.
4. Los médicos generales, e incluso los pediatras, que
cada vez tienen contactos más frecuentes con los jóvenes drogados, deberían
tener una información amplia y completa sobre la droga”[36].
A pesar de estos propósitos, en febrero de 1978, estando
la Unión de Centro Democrático (UCD) en el poder, el ministro de Sanidad y
Seguridad Social, Enrique Sánchez de León, respondió a un senador que le había
interpelado a propósito de un “plan preventivo nacional” que no había
“capacidad financiera” en aquellos momentos para que dicha iniciativa fuera
asumida por el Gobierno[37].
Un año más tarde, la prensa reproducía un discutido artículo del ministro
del Interior, Rodolfo Martín Villa, quien calificaba la “represión” como
una faceta “importante y básica para la prevención”[38].
Lejos de la polémica suscitada por su superior, el comisario jefe de la Brigada
de Estupefacientes de Madrid, Florentino Mesa, manifestaba su interés y
preocupación por “la prevención, la información y el problema grave de la
rehabilitación”, si bien reconocía ante la prensa que, como policía, su
tarea principal se limitaba a “detectar y detener a los traficantes”[39].
Oswaldo Gibelli y José Luis Viejo, presidente y director médico
respectivamente, de la Unión Española de Defensa contra la Droga (fundada ese
mismo año 1978), también se mostraron partidarios del “tratamiento y
prevención de la toxicomanía”[40],
aunque la campaña de vallas publicitarias que sufragaron, representando
esquelas mortuorias, con el eslogan “LA DROGA MATA” y el centro de
desintoxicación abierto en Arganda del Rey (Madrid) resultaron dos iniciativas
francamente desafortunadas y, a todas luces, contraproducentes[41].
Eso no impidió que en octubre de 1979 se celebrara en Madrid el IX Congreso
Internacional sobre Prevención y Tratamiento de las Drogodependencias[42].
El psiquiatra Francisco Alonso Fernández justificaba la elección de España
como sede, por ser un lugar donde “la preocupación preventiva es mínima”.
El Dr. Alonso Fernández se mostraba sorprendido ante la negativa del ministro
de Sanidad a asistir a dicho evento y veía en “la prevención” la única
solución: “Enseñar el tema de la droga en las escuelas preparando a los
profesores para que hablen de ellas y, sobre todo, crear centros adecuados para
el tratamiento y atacar el comercio de las drogas. Hay un matiz muy importante:
en mi opinión se debe despenalizar al consumidor y atacar al traficante”[43].
A comienzos de la década de los 80 el fracaso de la política
prohibicionista y represiva, en el sentido de aspirar a un mundo sin drogas,
resultaba ya tan estrepitosamente evidente que hasta un periódico abiertamente
nostálgico y reaccionario como El Alcázar
(“fundado en el asedio” del célebre fortín de Toledo y “órgano de
la Confederación Nacional de Combatientes”) declaraba en grandes titulares:
“la prevención es posible”[44].
Por su parte, los obispos de Pamplona, Bilbao, San Sebastián y Vitoria en una
carta pastoral conjunta exhortaban a solucionar el problema “mediante la
prevención y rehabilitación”[45],
e incluso el Ejército español se veía impulsado en la necesidad de abordar un
“plan de prevención y control de drogas”[46].
Sin embargo, en la revista de reflexión y crítica política El Viejo Topo se pensaba que “hasta ahora, la medicina no parece
haber encontrado ningún medio de intervención (terapéutica o preventiva)
sobre las zonas sociales conflictivas”[47]
y en Logroño se ponían públicamente de manifiesto serias “críticas al
sistema preventivo y de rehabilitación” durante la celebración de una semana
informativa sobre toxicomanías[48].
Finalmente, en 1985 se creó el Plan Nacional sobre Drogas, que desde un primer
momento apostó decididamente por el desarrollo de “medidas preventivas”[49].
A partir de ese momento, podemos considerar que el término prevención ha quedado prácticamente institucionalizado.
* * *
Con todo, esa política de prevención no sólo se ha mostrado ineficaz, sino también confusa,
contradictoria y, en no pocos casos, contraproducente. La explicación a esta
situación paradójica se puede buscar y encontrar en la propia definición del
concepto, porque, a fin de cuentas, ¿qué significa prevenir? y ¿cómo es posible que dicha noción se haya traducido
históricamente en soluciones tan dispares y hasta extremas?
Si nos atenemos a la última edición del Diccionario
de la lengua española, “prevención” es la “acción y efecto de
prevenir”, es decir la “preparación y disposición que se hace
anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo”. En principio, la cosa
parece bastante clara; pero, si buscamos la definición del verbo “prevenir”
podemos observar que el término en cuestión es polisémico o, al menos,
encierra importantes matices de concepto. Por una parte implica “conocer de
antemano o con anticipación un daño o perjuicio” y “advertir, informar o
avisar a alguien de algo”, pero por otra también tiene el significado de
“precaver, evitar, estorbar o impedir algo”, así como “imbuir,
impresionar, preocupar a alguien, induciéndole a prejuzgar personas o cosas”[50].
En rigor, pues, resulta tan preventivo
aconsejar a una persona para que modere el uso de cualquier sustancia, como
mentirle a tiempo acerca de sus
efectos, obligarla a someterse a tratamiento, sancionarla económicamente,
encarcelarla e incluso ejecutarla por el mismo motivo (si así lo dispusiera el
ordenamiento jurídico-penal). Y quizá sea esta ambigüedad conceptual la que
haya determinado la actual vigencia del término, es decir, que no haya quedado
anticuado y desgastado, a pesar del uso —y hasta abuso— del mismo.
Pero una cosa es querer presentar la prevención como algo novedoso en materia de política de drogas y
otra bien distinta pretender promocionarla como una especie de tercera
vía. Efectivamente, cada vez que sale a debate la cuestión de la
legalización —tanto referida al cannabis y derivados como a todas las
sustancias prohibidas—, siempre hay quien intenta desmarcarse de las
soluciones extremas —prohibición y despenalización—, apostando por una
opción supuestamente intermedia y mucho más justa y humana: la prevención.
Con ella se pretende corregir los errores de la tradicional política represiva,
sin incurrir en los presumibles excesos que conllevaría una política
antiprohibicionista. De tal manera, en la actualidad resulta difícil encontrar
alguna persona o institución —tanto pública como privada— que no proclame
y se aferre a la idea de prevención
con la fe del neófito (o converso). Tanto que, como sugiere el sociólogo y
criminólogo Xabier Arana, hemos pasado de “intentar prevenir” el consumo a
“consumir prevención”[51].
Pero la prevención no puede
presentarse como una política alternativa, pues igual pueden ponerse en práctica
medidas preventivas en un régimen
prohibicionista, represivo e intolerante como en otro donde prevaleciera el
derecho a la libre gestión del propio cuerpo antes que cualquier otra
consideración.
Por eso, a estas alturas, uno empieza a sospechar que la
ambigüedad del concepto no sólo ha servido para que el término no cayera en
desuso, sino para que la política prohibicionista y represiva siga dando
largas, mareando la perdiz y aplazando lo inaplazable. Podría decirse que la prevención,
en muchos casos, no es sino el término políticamente correcto que ha
encontrado el discurso prohibicionista para presentarse con un rostro más
amable, humanitario y altruista. De hecho, para minimizar los efectos del
prohibicionismo más ladino y vergonzante —maquillado de prevención—
ha tenido que surgir una política, mucho más real, denominada de reducción de
riesgos y daños. Semejante formulación se ajusta más a la realidad e implica
abandonar la quimera —seguramente indeseable— de un mundo sin drogas.
Además, la política de reducción de riesgos y daños
tiene una ventaja añadida sobre la prevención
y es que está justificada por sí misma, es decir, en su misma formulación. En
el caso de una política preventiva,
sin embargo, antes se han de definir y establecer claramente cuáles son los
objetivos específicos que la justifican (algo que no suele hacerse, al menos
sincera y abiertamente). Pero tampoco podemos olvidar que se trata de un mal
menor, cuyo principal objetivo es precisamente minimizar los efectos de décadas
de Prohibición, represión y prevención,
es decir, un parche para que el remedio
no acabe de fulminar a todos los remediados.
En este sentido, no se puede cometer el mismo error que con la prevención y promoverla como una especie de tercera vía, por los mismos motivos apuntados ya anteriormente.
Ciertamente, podemos seguir contemporizando, confiar
ciegamente en el poder disuasorio de las leyes, en el valor pedagógico de la
alarma y el miedo social, y en las mentiras interesadas y la represión como
firmes puntales preventivos; pero
también podemos entender la prevención
como Antonio Escohotado, quien la identifica con “información contrastada”
y sobre todo “amor propio”, pues en opinión de este filósofo “no hay
prevención comparable a una culta autoestima”[52].
Mientras
tanto, las políticas de reducción de riesgos y daños se configuran, hoy por
hoy, como imprescindibles, pero al mismo tiempo insuficientes, haciéndose
necesario seguir profundizando en estas nuevas estrategias desde la idea de su
constante superación. O sea, una política de reducción de riesgos y daños no
puede limitarse únicamente a una serie de medidas técnicas (reparto de
jeringuillas, análisis de sustancias, etc.), sino que debe asumir ciertos
cambios en los planteamientos de fondo de la cuestión.
Cabe
señalar, en este sentido, que el discurso teórico que sustenta dichas políticas
reduccionistas no puede ser ajeno o
refractario al planteamiento de si el Estado, más que proteger a las personas
de sí mismas —intentando redimir a los ciudadanos de sus propios deseos,
inclinaciones o tendencias—, no debería limitarse a respetar su dignidad e
independencia y, en última instancia, a fomentar el sentido de la
responsabilidad, tanto a nivel individual como colectivo. Y no podemos seguir
ignorando por más tiempo este debate, pues en la práctica, la Prohibición ha
sido revocada de facto, esto es, por la vía de los hechos consumados. Y a todos
nos incumbe que los acontecimientos, es decir, la realidad haya desbordado el
marco jurídico-legal, porque, en definitiva, a todos nos afecta. Por eso, no
estaría de más que reflexionáramos en torno a dos máximas: aquella de
Montaigne que nos advierte de que “las leyes mantienen su crédito no porque
sean justas, sino porque son leyes” y aquella otra de Montesquieu que repara
en que “las leyes inútiles debilitan las necesarias”.
[1]
“A vueltas con la prevención”, Enlace
(Boletín informativo de la Federación Andaluza de Drogodependencias), nº
33, junio de 2000, pp. 8-9.
[2] MARKEZ, I. y PÓO, M.: “Discursos y políticas de intervención
sobre drogas y drogodependencias”, en VEGA, A. (coord.): Drogas.
Qué política para qué prevención, Donostia-San Sebastián, Tercera
Prensa-Hirugarren Prentsa, 2002, pp. 63-85.
[3] “Asociación contra la Toxicomanía”, Diario
de Barcelona, 26/6/1926, p. 16.
[4] KIM: “Las tragedias de los paraísos artificiales”, Ahora, 12/9/1932, pp. 13-18.
[5] ABIZANDA, M.: “Paraísos artificiales o infierno sin esperanza”, Semana,
21/1/1947, pp. [16-17].
[6] DOLSET, Mª T.: “Drogas: la gran amenaza (V). Nuestro control
sanitario, policial y judicial en marcha”, Mediterráneo,
12/9/1968, p. 8.
[7] CAMARERO, J.: “Objetivo: cortar la droga (4)”, Pueblo, 16/10/1969, p. 24.
[8] CAMARERO, J.: “Objetivo: cortar la droga (8)”, Pueblo, 21/10/1969, p. 14.
[9] “Ley 16/1970, de 4 de agosto”, Boletín
Oficial del Estado, nº 187, 6/8/19709, pp. 12.551-12.557.
[10] “Las drogas, problema preocupante”, Arriba,
12/12/1971, pp. 15-16.
[11] “Bombones de L.S.D. para niños”, Pueblo,
8/9/1969, p. 36.
[12] CAMARERO, J.: “El abismo de la droga. Viaje a la nada (5), Pueblo, 13/2/1970, p. 16.
[13] “Los estupefacientes, problema social”, Vivir,
nº 118, marzo de 1973, pp. 57-59.
[14] LABORDE, E.: “Nueva ley contra la toxicomanía y el tráfico de
drogas, en Francia. Se adoptan medidas de prevención y de curación”, Mediterráneo, 5/1/1971, p. 11.
[15] “Roma: La lucha contra la droga”, Mediterráneo,
20/9/1972, p. 12.
[16] LAND, H. W.: “Cómo hablar a un hijo de las drogas”, Selecciones
del Reader’s Digest, nº 360, noviembre de 1970, pp. 97-102.
[17] EARLE, R.: “Proteja a su hijo de las drogas”, Selecciones
del Reader’s Digest, nº 392, julio de 1973, pp. 57-62.
[18] MORA, V.: “Droga y juventud (1)”, Tele/eXpres,
10/1/1973, p. 17.
[19] CAMARERO, J.: “Objetivo: cortar la droga (6)”, Pueblo, 18/10/1969, p. 24.
[20] Aparte de los ya citados en este trabajo, véase CAMARERO, J.: “La
hierba”, Familia Cristiana, febrero
de 1973, pp. 20-26.
[21] Aparte de los ya citados en este trabajo, véase CAMARERO, J.:
“Ibiza hippy”, Pueblo, 30/9/1969 y
1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8/10/1969.
[22] CAMARERO, J.: “El abismo de la droga: «viaje» a la nada (9)”, Pueblo,
19/2/1070, p. 12.
[23] CAMARERO, J.: “Atención: L.S.D. falsificada”, Pueblo, 6/9/1969, revista, p. 11.
[24] CAMARERO, J.: “Objetivo: cortar la droga (8)”, Pueblo, 21/10/1969, p. 14.
[25] CAMARERO, J.: “¡Nos estamos drogando!”, Pueblo,
29/9/1969, p. 22.
[26] CAMARERO, J.: “Objetivo: cortar la droga (1)”, Pueblo, 13/10/1969, extra, p. 48.
[27] CAMARERO, J.: “Objetivo: cortar la droga (y 10)”, Pueblo, 23/10/1969, p. 31.
[28] No consideramos a la mencionada Asociación contra la Toxicomanía
como “no gubernamental”, ya que estaba presidida por el gobernador civil de
Barcelona, general Joaquín Milans del Bosch y Carrió.
[29] CAMARERO, J.: “El abismo de la droga: «viaje» a la nada (2)”, Pueblo,
9/2/1070, p. 40.
[30] Ibid.
[31] “¡Hay que salvar a estos muchachos!”, La
Actualidad Española, nº 974, 3/9/1970, pp. 8-9.
[32] VÁZQUEZ DE PARGA, R.: “Drogas y juventud en España”, Selecciones del Reader’s Digest, nº 364, marzo de 1971, pp.
13-18.
[33] MUÑOZ, A. A. G.: “La lucha contra las drogas en España”, Diario de Cádiz, 17/7/1971, p. 9.
[34] “Las drogas, problema preocupante”, Arriba,
12/12/1971, pp. 15-16.
[35] Ibid.
[36] FERNÁNDEZ MONTES, M.: “Drogas: creciente amenaza a nuestra
juventud”, Selecciones del Reader’s
Digest, nº 415, junio de 1975, pp. 13-18.
[37] “Entre los adolescentes españoles, la droga avanza”, Los Domingos de El Imparcial, nº 24, 12/11/1978. pp. II-III.
[38] MARTÍN VILLA, R.: “España ya no es diferente. La rehabilitación
del drogadicto, obligación de la sociedad”, La
Vanguardia, 11/2/1979, p. 7.
[39] “Escalada de la droga, en España”, Las
Provincias, 2/11/1978, p. 6.
[40] “Tratamiento y prevención de la toxicomanía ahora”, Noticias Médicas, 13/5/1979, pp. 3-6 y 8-9.
[41] USÓ, J. C.: Drogas y cultura
de masas (España 1855-1995), Madrid, Taurus, 1996,
pp. 325-330.
[42] RASCÓN, S.: “Madrid, IX Congreso Internacional sobre Prevención
y Tratamiento de las Drogodependencias. La drogodependencia es una auténtica
enfermedad comunitaria” y BUENO, J. T.: “IX Congreso Internacional sobre
Prevención y Tratamiento de las Drogodependencias. Mesas redondas”, Tribuna
Médica, nº 819, 12/10/1979, pp. 8-12.
[43] “Drogas: cada vez más adictos. Españoles marchosos. Barbitúricos,
anfetaminas, alcohol, haschís y narcóticos. A los españoles, según las últimas
estadísticas, les gustan demasiado los paraísos artificiales”, Cambio16, nº 410, 14/10/1979, pp. 40-41 y 43.
[44] SEMPRÚN GUILLÉN, J. L.: “La prevención es posible. Los
estupefacientes, plaga social”, El Alcázar,
16/3/1980.
[45] “La droga en el País Vasco”, El
País, 23/11/1984.
[46] “El Ejército aborda un plan de prevención y control de
drogas”, El País, 17/2/1983, p. 12.
[47] AGUIRRE, J. L.: “Voces toxicómanas”, El
Viejo Topo, nº 56, mayo de 1981, pp. 36-40.
[48] “Críticas al sistema preventivo y de rehabilitación en la semana
informativa sobre toxicomanías celebrada en Logroño”, El
País, 10/2/1983, p. 27.
[49] PLAZA, C. y GONZÁLEZ, J. M.: “Ernest Lluch, ministro de Sanidad y
Consumo: «Lo de la droga va mal en España», Cambio16,
nº 718, 2/9/1985, pp. 71-73.
[50] REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario
de la lengua española, 22ª ed., Madrid, Espasa-Calpe, 2001, t. II, p.
1.831.
[51] ARANA, X.: “Drogas: Prevención del uso indebido y usos (¿indebidos?)
de la prevención”, en VEGA, A. (coord.): Drogas.
Qué política para qué prevención, Donostia-San Sebastián, Tercera
Prensa-Hirugarren Prentsa, 2002, pp. 87-104.
[52] ESCOHOTADO, A.: “Una de las más famosas de todas”, El Mundo, 3/3/2002, p. 59.
Juan Carlos Usó, en Toxicodependências (Revista del Serviço de Prevenção e Tratamento da Toxicodependência), vol. 8, núm. 3, 2002, págs. 77-84.