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LA DROGA, ENTRE LA MORAL Y EL DERECHO

    ¿Corresponde al Estado establecer normas de la moral y garantizar su cumplimiento mediante la alternativa de cárcel u otras penas? Cuando, de muchacho, estudiaba yo la carrera de leyes se nos solía explicar a los alumnos la diferencia que existe entre la esfera normativa de la ética y la esfera normativa del derecho. Distinguíamos bien las prescripciones legales que se le imponen al ciudadano para mantener el necesario orden civil, y los preceptos de la moral, que obligan a cada conciencia, pero que no pueden imponérsele a los particulares por vía autoritaria. También se nos hacía ver cómo, a lo largo de la historia, los poderes públicos, sobre todo cuando en ellos concurría lo religioso con lo político, han tendido a invadir la conciencia del individuo, confundiendo orden civil y moralidad, tendencia ésta que, precisamente por aquellos mismos años en que yo era joven estudiante, se manifestaba de manera rampante en la práctica del fascismo y del comunismo, para cuyos respectivos doctrinarios la política era una religión.
    A la fecha de hoy, España dista mucho de ser un Estado totalitario o confesional; y sin embargo, días atrás un ministro del Gobierno ha calificado de inmoralidad en el curso de un debate acerca del problema de la droga y su pretendida legalización. Es muy de suponer que se trata de un desliz sin trascendencia, pues no puede suponerse, en cambio, que el señor ministro se considere llamado a velar por la pureza de las costumbres privadas castigando las desviaciones con los recursos del poder, cuando ya los obispos parecen haber renunciado a invocar su ayuda (quiero decir: la del poder público) en la misión pastoral que a ellos pertenece.
    Ciertamente, el problema de la droga tiene un alcance social que, desde luego, lo coloca en el campo de competencia de los Gobiernos, aparte de cualquier veleidad que pudieran sentir de castigar el vicio. Y es en este terreno de sus efectos sociales, en cuanto cuestión de orden público, donde debe plantearse el problema, discutirlo y buscarle soluciones. Harto complejo se muestra ya en estos términos, para que todavía vayamos a interferir en la discusión consideraciones éticas que, con todo, pugnan por incidir en el tema de diversos modos, como ocurre con las disquisiciones —de todo punto inconducentes— acerca de si el adicto es un vicioso o es un enfermo, o tal vez un suicida de escasos arrestos...
    De hecho, el debate se encuentra abierto en el foro internacional, que es donde, en efecto, puede conducir a resultados prácticos. A principios de agosto actual, la revista norteamericana Time dedicaba una amplia información al papel que España está desempeñando, muy a pesar nuestro, en la difusión mundialde las drogas. Pero, claro está que no es algo ello que afecte sólo a un país determinado y que deba preocupar a un solo Gobierno (España, foco de un feo problema, titulaba su información Time), sino a todos los países y a todos los Gobiernos. En este problema, como en tantos otros, se tropieza hoy con la misma dificultad: mientras que los grandes retos de nuestra época tienen dimensiones globales, hay que hacerles frente desde instancias gubernamentales limitadas y cortas, incapaces por eso de bregar con la situación indeseable. El comercio de la droga está conducido por una organización más eficaz que la acción represiva de los Estados particulares a que se extiende, de manera tal que sólo una decisión conjunta de los diversos Gobiernos sería capaz de reducirlo a proporciones soportables. En qué haya de consistir esa decisión conjunta debiera ser precisamente la materia a debate. Y para que éste se ciña a términos precisos, que esclarezcan bien el problema y apunten hacia su efectiva solución, habrá que distinguir en forma neta sus diferentes aspectos.
    Partiendo del hecho, consabido e incontrovertible, de que en toda sociedad humana ha habido siempre personas que buscaban y hallaban estimulación o sosiego en determinadas sustancias de diverso efecto tóxico, tendríamos que analizar ante todo las causas de que en la nuestra actual se haya extendido e incrementado el consumo de drogas estupefacientes hasta el extremo a que ha llegado. Salta a la vista, en primer lugar, la falta de perspectivas y de pautas de conducta que aflige a multitud de individuos, en particular a los jóvenes, en una sociedad sometida a transformaciones cuya rapidez las hace necesariamente traumáticas. Disolución de los vínculos familiares, pérdida de creencias (religiosas, ideológicas, etcétera), sentimiento de soledad y abandono entre las grandes aglomeraciones urbanas y algunos otros rasgos bien conocidos suelen aducirse para explicar que las personalidades más débiles y vulnerables huyan a refugiarse en las drogas, que es una manera de sustraerse a la realidad y responsabilidades de la vida. Son condiciones frente a las cuales ningún Gobierno tiene el remedio, aunque sea misión de los gobernantes afanarse por corregirlas y aliviarlas en la medida, ciertamente escasa, en que ello se encuentre dentro de sus posibilidades.
    En segundo lugar, tendríamos que considerar el efecto de la prohibición del consumo y venta de drogas y su penalización por parte del Estado. Hay que tener muy en cuenta que éste es un factor nuevo en nuestra sociedad. Durante el tiempo de mi juventud, y todavía bastante después, las drogas estaban a disposición de quien quisiera adquirirlas en la farmacia. Precisar el proceso que condujo a dicha prohibición y apurar las causas que originalmente lo desencadenaron, sin descuidar acaso el factor del puritanismo norteamericano donde hubo de originarse, sería indispensable para establecer sus resultados y averiguar si en realidad ha frenado el consumo de las drogas vedadas o, al contrario, lo ha estimulado. Sabido por demás es que la prohibición autoritaria invita a desafiarla y constituye un aliciente para reafirmar el yo deprimido. Pero esto no es lo más importante. Lo decisivo es que la prohibición, al encarecer enormemente el producto, que ahora sólo puede adquirirse por vías clandestinas, da lugar a esa organización formidable que no sólo distribuye la mercancía a un precio elevadísimo, sino que también la adultera en deterioro de la salud de sus consumidores: es el cuadro, ampliado, de lo que ya se vio en su día con la prohibición de bebidas alcohólicas en Estados Unidos. Ahora bien, esa organización clandestina no se limita, algo que ya sería mucho, a satisfacer la demanda del producto prohibido; también se aplica a crear esa demanda, enganchando a la droga cada vez nuevos clientes, hasta el criminal extremo de propagarla entre los niños de las escuelas. No me parece aventurado adelantar la conclusión de que prohibirla y penalizarla ha contribuido, y muy poderosamente, a extender su consumo y agravar el problema, convirtiéndolo de paso en problema de seguridad ciudadana, por cuanto los adictos impecunes deben acudir a la violencia delincuente para procurarse por cualquier medio la dosis que ansían.
    Finalmente, quedaría por examinar el remedio o posible alivio de una situación que, según todo el mundo reconoce, se ha hecho insufrible ya. Una cosa es evidente: la despenalización, si hubiera de efectuarse, tendría que llevarse a cabo de manera coordinada en todas partes. Decretada por un solo Gobierno, convertiría de inmediato al país correspondiente en depósito franco para el comercio de la droga y centro de atracción de sus adictos. Sería, pues, indispensable poner en práctica de forma conjunta y concertada, quizá paulatina, acaso oficicialmente controlada, la liberación de su venta. Pero ello requiere un acuerdo firme entre los Gobiernos de los países afectados, y de modo principal Estados Unidos. Mi impresión, según veo las cosas, es que de ellos tal vez pueda partir también la iniciativa para rectificar el funesto error cometido cuando se quiso convertir al poder público en guardián de la moralidad privada.

   Francisco Ayala, en El País, 18 de agosto de 1988, pág. 7.

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