DROGAS Y DERECHOS: MÁS ALLÁ DEL DEBATE
Hace tiempo que el debate sobre la legalización de las
drogas está en punto muerto. La razón es simple: la discusión la ganaron hace
tiempo los enemigos de la prohibición. No es que hayamos ganado la lucha contra
la misma, sino que no hay respuesta consistente a nuestros argumentos. Para
defenderse, el discurso oficial utiliza dos mecanismos, que podríamos llamar
"contestador automático" y "desvío de llamada". El contestador
consiste en responder siempre con los mismos argumentos (repetidos sin cesar
desde 1912), se hable de lo que se hable. El desvío significa marear la
perdiz (p.ej., si tú hablas de drogas ellos hablan de drogodependencias) para
no llegar nunca al fondo del asunto. De esta manera, desde el comienzo de los
años 20, la discusión apenas ha cambiado, mientras la guerra contra las drogas
se profundiza y los problemas aumentan.
En los últimos diez años, primero en Egin y luego en
Gara, hemos tenido varias veces la rara ocasión de debatir largamente
sobre drogas en general y sobre legalización en particular y, por desgracia,
aquí también da la sensación de que la cuestión no ha avanzado mucho en este
tiempo. En ciertos aspectos, incluso parece que algunos sectores hubieran dado
un salto atrás de veinte años en sus planteamientos. De hecho, da la
impresión de que una parte de la izquierda vasca está utilizando eso de
"seguimos adelante con nuestro propio debate" para posponer
indefinidamente sus contradicciones.
Asumir lo
evidente, superar la parálisis.
Es hora de que
demos un paso más allá de este debate. No se trata de que no haya que seguir
intercambiando ideas, pero hay algunas cosas que, a estas alturas, consideramos
fuera de discusión y que tienen implicaciones claras en el terreno de la
práctica política. Por tanto, los mínimos de los que partimos a la hora de
abordar la cuestión serían:
1. Un mundo sin drogas no es posible ni deseable. La
práctica de la ebriedad es consustancial a la naturaleza humana, en todas las
culturas y épocas, aportando, en general, más elementos positivos que
negativos.
2. Drogarse es un derecho. Nadie tiene legitimidad para
imponer una determinada dieta farmacológica a los ciudadanos. La decisión de
consumir drogas o no y con qué sustancias hacerlo forma parte del derecho de
cualquier persona adulta al control del propio cuerpo y al libre desarrollo de
la personalidad. En consecuencia, producir y vender drogas a adultos tampoco
puede ser castigado. Este no es, como algunos pretenden, un planteamiento
neoliberal, sino radicalmente libertario.
3. El libre uso de drogas es un derecho individual
inalienable que no tiene más límite que el respeto a los derechos de otras
personas y que no puede ser puesto en entredicho por la existencia de mayorías
morales, reales o ficticias, o por supuestos conflictos con intereses
colectivos. Desde esta perspectiva, ningún proyecto colectivo que pretenda
restringir derechos inalienables es realmente liberador ni alternativo.
4. La guerra contra las drogas causa más daño que las
drogas mismas. Las evidencias de ello son tantas y tan conocidas que no vamos a
insistir. En consecuencia, el principal problema no son las drogas, sino su
ilegalidad. Aplazar la legalización sólo aumenta el daño que sufren los
millones de víctimas de esta guerra. Por cierto, es absolutamente falso que
exista un "discurso que pone en la legalización de las sustancias el medio
para acabar con todas las consecuencias negativas de los consumos y con las
drogodependencias". La legalización resuelve los problemas de la
ilegalidad, que son muchos, pero nadie ha dicho nunca que sea la panacea.
5. La distinción entre drogas legales e ilegales carece de
base científica. Los estudios comparativos muestran que el alcohol es la droga
de uso social más peligrosa y, aún así, la que se comercializa con menos
restricciones. Por tanto, las drogas actualmente ilegales nunca podrán causar
más daño que el que provoca ahora el alcohol, sino más bien al contrario.
6. Las políticas de reducción de daños son
imprescindibles, pero insuficientes. De hecho, los daños que reducen suelen
estar causados por factores directamente relacionados con la ilegalidad, más
que por las propias drogas, así que la idea de reducir al mínimo los daños
relacionados con las drogas implica, como principal medida, acabar con la
situación de ilegalidad. Es necesario seguir profundizando en estas políticas,
pero desde la idea de su constante superación.
En conclusión, hablamos de defender un derecho inalienable y
acabar con una guerra mundial que causa daños inmensos, cuya superación no
puede traer sino una reducción de los problemas y un aumento de las libertades.
No hay la menor excusa para no abordar, de una vez y con urgencia, la cuestión
de la legalización. Y abordarla no significa seguir dándole vueltas, sino
plantearnos cómo queremos que sea la alternativa en lo concreto, qué pasos
vamos a dar para llegar hasta allí y qué dificultades vamos a encontrar por el
camino.
¿Por qué no cae
la prohibición?
Si la prohibición
es un fracaso evidente y carece de base, lo lógico sería esperar que, como la
Ley Seca, terminara por abolirse. Pero no va a ser así, porque el fracaso de la
prohibición es sólo aparente: la guerra contra las drogas funciona, sólo que
sus objetivos son muy distintos de los que declaran sus promotores. En este
sentido, la prohibición de drogas es como la torre de Pisa. Todo el mundo sabe
hace siglos que la torre tenía que caer en algún momento. Sin embargo,
generaciones enteras nacieron y murieron junto a ella sin que cayera nunca.
Ahora, por fin, la han enderezado, pero no del todo y es que, a estas alturas,
el negocio consiste precisamente en que esté torcida.
También hay muchas razones para creer que la prohibición de
drogas es insostenible, pero lo que la sustenta es precisamente la cantidad de
grupos y personas que obtienen beneficios de que las cosas estén así. Y no
sólo hablamos de dinero, sino de poder, influencia, facilidades para el control
social, etc. Desde industrias farmacéuticas hasta sectas camufladas, pasando
por servicios secretos y grupos paramilitares, la lista sería interminable. El
principal beneficiario de la actual situación son los Estados Unidos, que no
sólo poseen importantes sectores económicos que
viven directamente de la guerra contra las drogas, sino que refuerzan su
liderazgo mundial al tomar decisiones de obligado cumplimiento en todo el mundo
a través de los organismos de la ONU responsables de la lucha contra las
drogas, carentes de control democrático y sospechosos de corrupción. Por si
fuera poco, la aplicación de esas normas le permite intervenir militarmente
sobre el terreno, como sucede en estos momentos gracias al Plan Colombia.
Aún así, estas circunstancias no explican por sí solas la
inmutabilidad de la políticas oficiales. Esto no sería posible sin la
existencia de lo que podríamos llamar "prohibicionismo vergonzante",
un discurso ambiguo pero claramente enraizado en la doctrina oficial, que
critica lo que hay pero no propone nada distinto. El prohibicionismo vergonzante
no dice que haya que prohibir las drogas (entre otras cosa, porque ya es así),
pero mantiene importantes puntos en común con el pensamiento único en materia
de drogas: la falsa percepción de las drogas como una infección capaz de
propagarse por sí sola por el cuerpo social, el uso de las drogas como chivo
expiatorio de otros problemas y la utilización de dos raseros distintos para
medir la bondado maldad de las drogas, que se aceptan o rechazan en función de
un criterio que suele ser el del "chauvinismo farmacológico",
consistente en creer que las drogas buenas son las que toma uno mismo (o las que
se usan en la propia cultura, país o grupo) y las malas las de los demás. Esta
forma de pensar se halla extendida en buena parte de la izquierda de todo el
mundo y está en la raíz de su indiferencia y pasividad a la hora de hacer
causa común con quienes sufren la consecuencias de la prohibición.
Pensamos que buena parte de lo que hemos leído a lo largo de
este debate entra de lleno en esta forma de prohibicionismo de baja intensidad.
De hecho, la famosa teoría de la "estrategio diseñada y puesta en marcha
por los Estados" es insostenible sin la aceptación previa de los
principios antes citados: "la droga" (sic) se introduce y extiende por
Euskal Herria como un virus y es la responsable de la desmovilización de la
juventud debido a sus cualidades perniciosas, de las que aparece misteriosamente
exento el alcohol, que no se considera "droga", vistas las escasas
contradicciones que provoca el hecho de venderlo por millones de litros en
tabernas, txosnas y similares, sobre todo en esta época festiva. Pero claro,
aunque el consumo de esta droga dura también puede conducir a la "ruina
moral y la destrucción física", su venta está justificada porque tiene
la loable intención de recaudar dinero para los respectivos movimientos.
Si este planteamiento es tan difícil de superar es porque es
el que mejor encaja en una visión del fenómeno que supedita cualquier otra
consideración (incluida, como en este caso, la defensa de los derechos
individuales) al avance del proyecto político independentista y a la eficacia
de determinados métodos de lucha, convertidos en un fin en sí mismos. Sólo
desde esa perspectiva, se entiende que se lleguen a afirmar cosas tales como que
los "trapitxeros" (al parecer, todos) están "involucrados en la
lucha contra Euskal Herria". Tales afirmaciones son falsas,
criminalizadoras y refuerzan el discurso oficial, generando inseguridad y
enormes contradicciones a muchas gentes de la propia base de esa parte de la
izquierda vasca.
Por otra parte, al hablar de la cuestión de la soberanía
nacional, se suele dejar de lado otro factor clave: las decisiones que afectan a
la salud y los derechos de toda la humanidad que no las toman, no ya las
personas afectadas, sino ni siquiera los Estados. Las leyes que provocan la
mayoría de los problemas relacionados con las drogas ilegalizadas en Euskal
Herria se aprueban en Nueva York, de forma que en pocas materias tenemos las
manos tan atadas como pueblo, si de verdad queremos hacer algo distinto y a la
medida de nuestra realidad, como en el tema de las drogas. Vistos los problemas
que origina, la cantidad de personas a las que afecta y la manera en que se
gestiona, la prohibición de drogas es una de las mayores imposiciones contra
nuestra soberanía personal y nacional, cosa que cualquier proyecto soberanista
debería tener en cuenta. Pero debe hacerlo de una manera muy distinta a lo
acostumbrado, dado que, como decimos, el origen de esta violación de nuestra
soberanía no son realmente los Estados español o francés, aunque también se
beneficien de ella. En efecto, los gobiernos y parlamentos se limitan a aplicar
las directrices que elabora un complejo entramado internacional que actúa
fundamentalmente en niveles institucionales que quedan casi fuera de nuestro
alcance y que obedecen a sus propios ritmos y prioridades, lo que obliga a
diseñar una estrategia a la medida de la realidad a la que nos enfrentamos. El
siguiente paso es definir cómo queremos que sea la alternativa y las maneras
más efectivas de que se vaya haciendo realidad.
Mikel Isasi, en Gara, 2 de agosto de 2001.