A.- Considerando que las políticas sobre drogas en el ámbito internacional
derivan de las Convenciones de las Naciones Unidas de 1961, 1971 y 1988, y que
esas convenciones prohíben en particular la producción, el tráfico, la venta
y el consumo de un amplio abanico de sustancias para fines diferentes a los médicos
o científicos.B.- Considerando que, a pasar del crecimiento considerable del poder policial y de otros recursos destinados a la aplicación de esas Convenciones ONU, la producción, el consumo y el tráfico de sustancias prohibidas han aumentado de forma exponencial en el curso de los últimos 30 años, lo que constituye un auténtico fracaso que las autoridades policiales y penitenciarias no dejan de reconocer.
En relación con la prevención y los tratamientos:
Considerando que:
- El abuso de drogas, en particular entre los jóvenes, constituye un problema de envergadura mundial,
- todas las naciones desarrolladas están buscando mejores métodos para controlar el abuso de drogas,
- la larga historia de la prohibición ha demostrado de manera patente que el hecho de confiar principalmente en la acción del Estado, a través del derecho penal y la policía, no tiene sino una incidencia marginal sobre el control del abuso de drogas
- hay pruebas importantes, además, de que programas de tratamiento eficaces pueden ser ampliamente desarrollados sin restricciones por parte del Estado, permitiendo así la experimentación más amplia posible en esta búsqueda sin fin de la mejora de su capacidad de asistir a las víctimas del abuso de drogas.
En relación con la producción y el tráfico
Considerando que:
- La gran mayoría de los estupefacientes circulan por el mundo libremente a pesar de las leyes prohibicionistas,
- los beneficios crecientes que las organizaciones criminales obtienen del comercio de sustancias ilegales y que se reinvierten en actividades criminales o en circuitos financieros legales han alcanzado una magnitud tal que los fundamentos de las instituciones legales y de los gobiernos constitucionales están minados,
- la rentabilidad del comercio de sustancias ilegales no puede sino conducir a un aumento del número de los países implicados en la producción de drogas y a generar inversiones masivas en la búsqueda y producción de nuevas drogas químicas,
- el efecto principal del despliegue de una gran cantidad de recursos para frenar el tráfico de sustancias ilegales ha provocado un aumento de los precios de venta (el arancel del crimen) en beneficio exclusivo de las redes criminales organizadas
En relación con los aspectos morales y sanitarios del consumo
Considerando que:
- los consumidores de estas sustancias, en general, carecen de información fiable sobre la composición y efectos de los estupefacientes, y que, por ello, están expuestos a riesgos (incluyendo el de muerte por sobredosis y la infección del VIH/SIDA) que superan con mucho la naturaleza peligrosa de las sustancias mismas),
- la naturaleza clandestina del consumo de sustancias ilegales constituye un obstáculo frecuentemente insuperable para la labor de prevención, así como para el aporte de asistencia por parte de las autoridades pública y las organizaciones privadas; las políticas en vigor condenan pues a los consumidores a vivir en los márgenes de la sociedad, en permanente contacto con el medio criminal,
- el crimen organizado opera de tal manera que el número de consumidores crece rápidamente, y que éstos son incentivados a pasar del cannabis al consumo de las llamadas drogas duras.
- las necesidades financieras y la presión enorme que provienen del crimen organizado lleva a los consumidores de sustancias ilegales a convertirse en traficantes ellos mismos, lo que aumenta aún más el consumo de drogas.
En relación con los aspectos jurídicos y penitenciarios
Considerando que:
- la aplicación de las leyes represivas en materia de drogas produce, a la larga, una presión insostenible sobre el sistema legal y penitenciario, tanto a novel nacional como internacional hasta el punto de que un número siempre creciente de los detenidos actuales están en prisión por hechos directa o indirectamente ligados al tráfico de drogas,
- la implementación de las políticas actuales sobre drogas lleva a la introducción en el derecho nacional de normas que restringen la libertad individual y las libertades civiles.
C. Considerando que la viabilidad de las políticas actuales y la búsqueda de soluciones alternativas es algo que se toma actualmente en consideración en un número creciente de países y en vista de la reunión ministerial de la Comisión Narcóticos que tendrá lugar el 16 y 17 de abril de 2003 en la Sede de la Naciones Unidas de Viena:
1. Sostienen que la política de prohibición de drogas, que se basa en las Convenciones ONU de 1961, 1971 y 1988, es la causa real del aumento de los daños que la producción, el tráfico, la venta y el consumo de sustancias ilegales inflingen a sectores enteros de la sociedad y a la economía, así como a las instituciones públicas, minando así la salud, la libertad y la vida de los individuos.
2. Exhortan el Secretario General y del Estados miembros de las Naciones Unidas a considerar los resultados positivos obtenidos por la adopción de políticas en muchos países, fundamentadas en la reducción de daños y riesgos (en particular, a través de la administración de tratamientos de sustitución), la descriminalización parcial de la venta de cannabis y de sus derivados, y la distribución bajo control médico de heroína.
3. Requieren a el Secretario General y del Estados miembros de las Naciones Unidas que actúen de forma que se haga más eficaz la lucha contra el crimen organizado, estableciendo un sistema de control y de regulación legales de la producción, venta y consumo de las sustancias que son actualmente ilegales.
4. Requieren el Secretario General y del Estados miembros de las Naciones Unidas el inicio de un proceso de revisión de las Convenciones ONU con ocasión de la conferencia para la revisión intermedia e las políticas ONU sobre drogas que se celebrará en Viena en Abril de 2003, de manera que se abroguen o enmienden las Convenciones de 1961 y 1971 con objeto de reclasificar las sustancias y hacer legales los usos de drogas para fines distintos a los médicos o científicos, y se abrogue la Convención de 1988.