A las puertas del siglo XXI, décadas de creciente
prohibicionismo no han conseguido erradicar —ni siquiera frenar—
el consumo de substancias psicoactivas, sino todo lo contrario,
es decir, promocionar indirectamente lo reprimido. Aquéllo que
comenzó considerado vicio de unos pocos —a medida que ha ido
incrementándose el prohibicionismo—, ha acabado por convertirse
en problema de todos. Y, aunque el Estado español es uno de los
lugares más permisivos de todo el mundo en cuanto al uso de
drogas, los costes generados por el mantenimiento de una
política prohibicionista son bien visibles. Un goteo constante
de intoxicaciones y muertes —afortunadamente en claro retroceso
desde 1992—, y un deterioro generalizado de la salud de muchos
usuarios como consecuencia de frecuente adulteraciones, por no
hablar del fuerte impacto del sida, son las secuelas más
dramáticas en el terreno sanitario. En el orden económico, de
los más de 63 billones de pesetas que anualmente genera el
tráfico mundial de drogas (1) y que, según la ONU, amenazan las
bases de la sociedad (2), unos
500.000 millones son blanqueados en España (3). Con destino a la
lucha contra las drogas en todos sus frentes, los distintos
organismos públicos españoles competentes ya se enfrentaban a
principios de la década de los noventa con un presupuesto
superior a 14.000 millones (4). A estas cantidades astronómicas
podemos agregar el resultado de la incautación de bienes de las
personas condenadas por tráfico de drogas, que algún año ha
llegado a reportar al Estado hasta 2.400 millones de pesetas (5),
así como el importe de las sanciones ejecutadas en aplicación
de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana o "ley
Corcuera", que solamente en 1996 ascendió a casi 2.500
millones de pesetas (6).
En el ámbito social, la inmensa mayoría de la población reclusa en cárceles españolas cumple condena por delitos relacionados con drogas y la denominada inseguridad ciudadana ha dejado de responder a un clima —más o menos justificado— de histeria colectiva, para convertirse en un mito fuertemente arraigado, tanto en los medios de comunicación como en la opinión pública española. Mientras tanto, cualquiera puede observar cómo muchos agentes de los cuerpos de seguridad ceden a la corrupción, que en algunos casos —véase, por ejemplo, el caso UCIFA— ha llegado a contaminar a las más altas esferas de aquellas agencias creadas específicamente para combatir el tráfico ilícito de drogas. Aunque, quizá, los efectos más negativos afecten directamente al campo de la ética y, en cualquier caso, de la política, pues la Prohibición ha conseguido que se fomenten cauces de irresponsabilidad para las personas y, en definitiva, que acabe multiplicándose el desprecio de los ciudadanos por la ley.
Pero no merece la pena insistir más en el fracaso manifiesto de la cruzada contra las drogas, único punto en el que coinciden tanto sus principales valedores como sus detractores. A estas alturas, y una vez superados los excesos cometidos durante la segunda mitad de los sesenta y las dos décadas siguientes, en los noventa —mientras el prohibicionismo mostraba sus facetas más absurdas y crueles— se ha consolidado una crítica a la política vigente sobre drogas. Sin embargo, el movimiento antiprohibicionista —si cabe hablar en semejantes términos— no presenta tácticas y estrategias en una misma línea convergente.
Con independencia de aquéllos que eluden el compromiso de declararse prohibicionistas, o justo lo contrario, y dicen ser simplemente partidarios de políticas preventivas o de reducción de daños —o riesgos—, existe un antiprohibicionismo, combativo y militante, cuyos presupuestos ideológicos entroncan directamente con corrientes residuales de extrema-izquierda, colectivos libertarios y movimientos marginales (por ejemplo, okupas) y cuyas acciones abarcan desde el freak-político más underground (celebración de jornadas reivindivativas, edición de fanzines y otras publicaciones, reparto gratuito de semillas, fumadas populares de porros, etcétera) hasta manifestaciones autorizadas por las autoridades gubernativas.
Junto a esta postura más heroica, y un tanto romántica, también se da una corriente normalizadora, especialmente centrada en el cáñamo y sus derivados, que apuesta por el asociacionismo y la posibilidad de que entre los varios millones de usuarios de hachís y marihuana acabe surgiendo una especie de lobby capaz de influir sobre los partidos políticos. Mientras tanto, apura todos los resortes que ofrece el Estado de derecho (Defensor del Pueblo, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Tribunal de Estrasburgo, etcétera) e intenta aprovechar cualquier resquicio o incoherencia de la legislación vigente para hacer prevalecer derechos civiles fundamentales en un país donde el consumo de drogas no está considerado como un delito penal, sino como simple falta administrativa, merecedora únicamente de una sanción económica. Finalmente, a lo largo de estos últimos años ha venido tomando cuerpo una tendencia antiprohibicionista, de carácter más bien pragmático, partidaria —una vez reconocida la ineficacia y la derrota de la cruzada— no tanto de presentar oposición frontal al Gobierno como de aprovechar las ventajas y oportunidades creadas por la propia Prohibición. En este sentido, y sin llegar a proponer el disimulo como arma, este antiprohibicionismo de nuevo cuño rehuye el exhibicionismo contracultural de otras épocas y, observando cierta discreción, pretende pasar desapercibido ante los ojos de los próceres morales y consolidarse como la opción más práctica e inteligente. Esta tercera vía ha surgido gracias a la difusión de datos básicos para el autogobierno farmacológico de las personas, es decir, gracias al ejercicio del derecho de ofrecer y recibir información fidedigna —más allá de la propaganda institucional— sobre drogas. Por lo demás, y frente al asociacionismo, considera la desobediencia civil como la táctica idónea para invertir el estado de cosas, proponiendo un reto o desafío de los intentos de control arbitrarios por parte de las autoridades. En lo económico, apuesta por la creación de un mercado subterráneo, completamente descentralizado —al margen del Estado y las grandes mafias—, sin redes jerárquicas de distribución, que favorezcan el libre acceso, fomentando el autocultivo y las técnicas de producción. Por lo demás, esta nueva versión del movimiento antiprohibicionista cuenta con los principales avances en etnobotánica, química y tecnología aplicada a la información —frente al anquilosamiento y la inoperancia de la burocracia al servicio de la Prohibición—, lo que permite la difusión de nuevos descubrimientos tanto de vehículos botánicos como de substancias de síntesis, muchas de ellas todavía legales.
Sus postulados tratan, en esencia, de integrar contracultura y tecnología, partiendo de una posición de inmersión o emboscadura —más o menos en el sentido jüngeriano de la expresión—, y de oponerse al poder que sustenta el programa prohibicionista —sumamente antieconómico y contraproducente en sus metas declaradas— no con la fuerza, sino con astucia, diseminando información útil y creando pequeñas estructuras descentralizadas. Lo que pretende, por tanto, es una adaptación al momento actual de esa Gran Tradición Underground que —en palabras de Luis Racionero— se dirige hacia "la búsqueda de una solidaridad mundial y el cortocircuitaje de las líneas de poder, distribución, producción e información de las organizaciones autoritarias" (7).
Pero, ¿será posible esta auténtica subversión dentro del orden establecido? La respuesta, sin lugar a dudas, el siglo que viene.