El Gobierno español recibió ayer una
advertencia por el trato que reciben los profesores de religión
católica en la escuela pública. El reproche lleva la firma
de la Comisión Europea, en concreto de la Dirección General
de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades, y se refiere al
estatus laboral de los docentes de catolicismo, contratados y pagados por
el Estado, pero seleccionados para cada curso por los obispos. Cada prelado
puede renovar o rescindir esos contratos sin motivación, lo que
ya ha ocasionado innumerables sentencias contra la Administración
educativa y 300 millones de euros en pago de indemnizaciones por despidos
nulos o improcedentes, y por daños morales.
Como antes con la irregular exención del pago del IVA,
que disfruta la Iglesia católica, la advertencia de la Comisión
Europea reclama a España el cumplimiento de una directiva de obligada
ejecución en cada miembro de la UE. Esta vez la norma incumplida
por España se refiere al trabajo de duración determinada.
Dice la resolución, en su apartado dos: "La Comisión, en
aplicación de lo dispuesto en el párrafo primero del artículo
226 del Tratado de la Comunidad Europea, invita a España a que adopte
las medidas necesarias para ajustarse al dictamen motivado en un plazo
de dos meses".
El artículo 226 dice: "Si la Comisión estimare que
un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben
en virtud del presente Tratado, emitirá un dictamen motivado, después
de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar observaciones.
Si el Estado no se atuviere a este dictamen en el plazo determinado por
la Comisión, ésta podrá recurrir al Tribunal de Justicia".
El "dictamen motivado" de la Dirección de Igualdad de Oportunidades,
firmado por su jefe de unidad Armindo Silva, llegó ayer a poder
del sindicato denunciante, la Unión Sindical Independiente de Trabajadores
Empleados Públicos (USITep).
Alfredo Sepúlveda, dirigente de USITep y destinatario de
la carta de la Comisión Europea, dijo ayer que el dictamen de Bruselas
"supone un varapalo a las pretensiones de la jerarquía eclesiástica,
que utiliza una pretendida superioridad jerárquica del Acuerdo entre
el Estado español y la Santa Sede de 1979, respecto al resto de
normas internas, para seguir manteniendo los contratos de duración
determinada, y controlando, a través de ellos, a los profesores
de religión".
"No podemos por menos que mostrar nuestra satisfacción
ante este importante dictamen que, a buen seguro, será cumplido
escrupulosamente por el Estado, pese a quien le pese", añadió.
