Por Luis Suárez Fernández

1. Estado es un termino que en nuestros días sirve para definir la administración de una comunidad humana. Algunas veces se pretende ir más lejos, pero en estos casos la denominación pierde claridad. Los politólogos italianos del Renacimiento, que se enfrentaron con formas políticas muy singulares, utilizaron el termino lo stato que significa simplemente lo establecido. De este modo eludían la variedad de formas que en su territorio se daban. En España el vocablo comenzó a utilizarse en relación con el patrimonio de los reyes o de los grandes nobles. De este modo se decía por ejemplo que los «estados de la Casa de Alba» eran la plataforma que permitía a este linaje cumplir sus altas funciones sociales y políticas; en ellos entraban bienes rentables de diversa naturaleza. No es extraño que, en ocasiones, se haya empleado el termino Estado como alternativa de Reino o de Monarquía. Así, en 1958, cuando en España se preparaban Leyes Fundamentales que debían asegurar la transición o continuidad del Régimen, aquellos sectores que desconfiaban de la dinastía y querían evitar que se emplease el termino Reino, consiguieron imponer la formula del Estado español. Curiosamente esta noción ha sobrevivido incluso al restablecimiento de la Monarquía y hoy se define a la nación, evitando tal nombre, como Estado español. Los nacionalistas de la periferia tienen buen cuidado de no ir más allá.

Se han alterado seriamente los términos, pues la sustantividad en una determinada comunidad política corresponde a la nación, siendo el Estado únicamente la forma objetiva en que se organizan las diversas instituciones necesarias para el gobierno y el bien común. Convertirlo en el eje es, cuando menos, un abuso con tendencia al totalitarismo, ya que los Estados modernos pretenden haber heredado de los antiguos reyes un poderío real absoluto al que despojan además de cualquier referencia al orden moral para transferir su relación a la que llaman voluntad popular expresada por medio de los votos que otorgan a las mayorías el completo poder de decisión.

Los griegos dispusieron de un concepto mucho mas rico, que hemos mencionado con anterioridad, polis. Servía para designar a una comunidad humana, que se asentaba en un determinado territorio, aunque mostrándose independiente en relación con él. Hay algunos contados casos en que, por razones especialmente graves, toda la comunidad emigraba: en ese caso la polis seguía existiendo en otro domicilio. Más frecuente era la marcha de una parte de la población: en ese caso se sentía como una hija respecto a la originaria, a la que llamaba metro-polis, esto es, madre. Los romanos enriquecieron estas estructuras introduciendo la noción de res pública, como el bien común objetivo que es la meta hacia la que toda acción política debía dirigirse. Lo que caracterizaba a los miembros de esa comunidad (civitas, de donde ciudadanos) era el ius, esto es la capacidad en términos de derecho. En ambos casos la sumisión de los órganos de poder a las leyes era determinante de su legitimidad. Los griegos definieron la mejor forma posible de polis como eunomía (buenas leyes) en unos casos, o como isonomía (igualdad ante la ley). Tales leyes no se reducían a ser fórmulas arbitrariamente establecidas por los hombres: bien y mal, justo e injusto, son valores objetivos y no subjetivos, pues las normas morales guardan íntima relación con la naturaleza. Las costumbres corrompidas que llegaron finalmente a introducirse nunca fueron legitimizadas, aunque las cubriesen márgenes amplios de tolerancia.

Esta rigurosa conformación está siendo abandonada. Tenemos en la actualidad algunas dolorosas experiencias. Cuando la concupiscencia humana se convierte a sí misma en ley, quebranta el orden mismo de la naturaleza y provoca en ella auténticas catástrofes como son el deterioro de la capa de ozono, las alteraciones climáticas con desertización de amplias zonas condenadas al hambre o la aparición de nuevas e irreversibles enfermedades.

2. La existencia de un Estado multinacional es, probablemente, una utopía. Las experiencias históricas hasta ahora recogidas demuestran su rotundo fracaso: las nacionalidades, que se exaltan a sí mismas como formas de la realidad, no tardan en convertirse en una fuerza centrífuga que reduce al Estado, que no pasa de ser una forma de administrar, de suyo substituible, a una posición defensiva que supedita al repliegue. El Imperio austrohúngaro, a quien tantas cosas debe Europa, es un claro ejemplo. Pero incluso la poderosa URSS, que ejercía una gran hegemonía sobre el mundo hace todavía poco más de un decenio, y que se definió a sí misma de esta manera, ha concluido en un fenómeno de disolución. En el tránsito de los siglos XIX al XX, con fuertes influencias hegelianas que afirmaban que el Estado era el único organismo social capaz de generar libertad, se estableció el principio axiomático de que cada nación tiene derecho a constituir un Estado para que la gobierne. Es muy difícil librarse de los efectos de un axioma que ni siquiera necesita demostración. De modo que cuando en un Estado se detecta la existencia de varias naciones, se está estableciendo las bases necesarias para que esas naciones se independicen. Lo demás es retórica.

Las potencias vencedoras en 1918 utilizaron ese principio como un vehículo para la nueva ordenación de Europa, a la que se encomendaba la tarea de deshacer los grandes imperios centrales y orientales. Proliferaron de inmediato los Estados, algunos con características mal definidas pues muy pronto se advirtió que una nación, para servir de apoyo a una polis y procurar el bienestar de la res pública, precisa de unas ciertas dimensiones. No me refiero al número de habitantes ni al espacio territorial sino a la trayectoria en común, aquella que permite desempeñar un papel en el universo. Las naciones demasiado pequeñas, faltas de tales dimensiones, están condenadas, como los niños o los tontos, a ser objeto de tutela por parte de los grandes.

Resulta indudable, desde la perspectiva actual, que España es una nación de dimensiones adecuadas, provista además de todos los ejes que permiten definirla como tal. Debe poseer un Estado para la administración del bien común, pero dicho Estado, un medio, no es el que proporciona la sustancialidad: ésta le viene de ser una Patria, es decir, un opulento patrimonio que se transmite en forma de herencia. La forma que asume dicho Estado es la Monárquica, es decir, con una cabeza que se transmite por vía de herencia y asume exclusivamente las funciones de representación nacional y de arbitraje moderador, lo que resulta compatible con el caso de otras naciones cuya forma de Estado es Republicana, porque el moderador también es elegido. Dentro de ese Estado se admiten opciones diversas que hacen variable el ejercicio del poder y la política. Característica de nuestros días es la democracia, pero esto no significa que no pueda seguir existiendo el Estado desprovisto de ella. El gran desafío del siglo XXI, empeñado al parecer en la construcción de Europa, consistirá en subsumir las diversas naciones del Continente en una sola; de no conseguir esta meta al cabo de un tiempo las fuerzas centrifugadoras reaparecerán.

¿Qué es lo que España puede aportar a ese futuro? Hagamos ahora un poco de Historia. La vieja Hispania se halla inserta en esa comunidad de cinco naciones que, desde 1432, abandonó su viejo nombre de Christianitas para llamarse Europa. Fue, curiosamente, la decisión de un Papa humanista, Eneas Silvio Piccolomini, Pío II, la que impulsó al cambio. Había una razón profunda: los descubrimientos geográficos revelaban que la Cristiandad comenzaba a desbordar al Viejo Continente, no que éste hubiera dejado de albergar una comunidad que reforzaba entre tanto su cristianismo. De éste último proceden los valores europeos más fundamentales, como racionalidad, lealtad, libre albedrío, amor, dignidad moral, etc., la mayor parte de los cuales están cambiando de sentido en nuestros días. Aparecen en cambio como valores absolutos otros, como la mayoría, la tolerancia o el consenso. Es bien sabido que mayoría y verdad no guardan relación entre si: es indiferente, para que algo sea cierto, que sea mayor el numero de los que lo afirman. Como sucede con el consenso: muchas personas influyentes pueden ponerse de acuerdo para recomendar un disparate. La experiencia es muy rica en estos casos.

Fijémonos en el término tolerancia, uno de los más susceptibles a la propaganda en nuestros días. ¿Qué significa? Evidentemente sólo necesita ser tolerado aquello que se reputa malo o inferior. De hecho la tolerancia se ejerce ante ese mal siempre que no alcance dimensiones que le convierten en peligroso. Tolerar el asesinato o la drogadicción sería indudablemente un mal. Pero en los otros casos, sucede algo semejante. Pues si lo que se tolera es aquello que es malo o, al menos indeseable, resulta indudable que la opción verdadera sería que ese mal no existiera. Mejor es que no haya nicotina, pero en todo caso mi cuerpo tiene asignados unos limites de tolerancia para ese veneno. En definitiva la tolerancia no pasa de ser un mal menor intercambiable por otro mayor. Entonces, ¿por qué la proclamamos como si fuera un bien? Indudablemente porque la persona «tolerante» entiende que se sitúa en un plano de superior dignidad respecto a la «tolerada». De ahí una consecuencia lógica: todos se muestran dispuestos de buen grado a colocarse en la primera posición, pero a nadie gusta que se le diga que es, sencillamente, objeto de la tolerancia.

Verdad y justicia son valores objetivos que existen con independencia de que los hombres se pongan de acuerdo acerca de ellos. Cada nación está obligada a contribuir a su enriquecimiento práctico, como cuidado de la realidad. La tradición cultural española aporta a Europa algunas concepciones culturales de importancia radical para la construcción del conjunto. Entre ellas el realismo y la racionalidad que dominan nuestra literatura: aquí no hay dragones -uno solamente se perdió por los montes de Cataluña pero San Jorge acabó con él y con su estirpe y no volvió más- y Tirant lo Blanch muere en la cama como cualquier hijo de vecino. Así mismo creemos firmemente, porque lo ha enseñado el cristianismo, que ningún hombre, cualesquiera que sean sus vicios y pecados deja de merecer el perdón; es suficiente ese cambio final, «punto de penitencia» para hacer del viejo otro nuevo, como sucede con don Juan Tenorio. Santiago de Compostela renueva Europa. Sabemos que el amor es entrega, como nos enseñara Sana Juan de la Cruz. Y nuestras Cortes, en las postrimerías de la Edad Media, ya nos dijeron que la lealtad está por encima de la fidelidad. Y tantas cosas más.

De nuestra herencia cultural ha nacido la gran doctrina del derecho de gentes, que va más lejos que unos simples derechos del hombre y del ciudadano, porque se consideran una parte de su naturaleza, que nadie puede ignorar ni conculcar. Ahora nos encontramos ante un crecimiento desmesurado del Estado que, apoyándose precisamente en la plataforma del consenso, amputa y perturba seriamente tales derechos, tornándolos subjetivos. El derecho a la vida y a la propiedad han sido los primeros afectados. Es urgente que aquellos que tienen la responsabilidad del mando se muevan en un sentido distinto, de devolver a la doctrina su papel y a la sociedad su capacidad de iniciativa, no sólo en el terreno económico. Una idea que, muy tímidamente, comienza a abrirse camino.

3. La gran misión histórica para los españoles, en el siglo que ahora comienza, puede ser precisamente ésta: defender el esquema cultural típicamente nuestro a fin de que pueda integrarse y contribuir a la creación de esa «europeidad» de la que forma parte. Nuestra nación y su patrimonio son valores, relaciones y creencias, arraigadas en el cristianismo, aun en el caso de aquellos que deliberadamente han rechazado esta religión. Amor a la nación y amor a la patria, jerarquizados desde el estrecho horizonte local hasta el gran espacio, deben ser defendidos, incrementados y enriquecidos, sin servirse simplemente de ellos como de un instrumento de poder. La experiencia revela que el deber genera mucha más libertad que el derecho: pues sólo en la medida en que estoy cumpliendo mis deberes, respeto el ámbito de libertad en que mis conciudadanos pueden movernos. De nada sirve que se me reconozca, en teoría, un derecho si, desde el otro lado, no se actúa para que pueda ejercerlo.

Por eso el servicio a la nación y a la patria no es, en manera alguna, excluyente. Al contrario permite valorar mejor las aportaciones ajenas. Y esto en todos los niveles, desde el más reducido hasta el más amplio. España es un ejemplo: desde una pluralidad impuesta por la necesidad de una defensa y reacción frente al Islam, fue posible crear, por aportaciones múltiples, el gran patrimonio que ahora tenemos en las manos. ¿Qué haremos con él? ¿Recibirlo como quien adviene a una gran herencia a fin de que fructifique en beneficio de los que vienen detrás? O. por el contrario, ¿rechazarlo precipitandonos en el vacío?

Estamos recogiendo una herencia que procede del siglo XIX cuando, en respuesta a los movimientos radicalmente revolucionarios, que aconsejaban hacer tabla rasa del pasado y cuanto contenía, dos sentimientos profundos, tradicionalismo y nacionalismo, se presentaron a sí mismos como ideologías, esto es, sistemas salvíficos cerrados que pretendían tener solución para todos los problemas. En el primer caso la solución se buscaba en la idolización del pasado; en el segundo en una contextura biológica, la raza o al menos la etnia -recordemos que durante la Segunda República se llamaba al 12 de octubre Fiesta de la Raza- que aseguraba la pureza de la transmisión. No es sorprendente que ambas se uniesen en el fetichismo por el tiempo pasado. Para Hitler las representaciones wagnerianas de Bayreuth, donde se exaltaba el mito de la germanidad, constituyeron una especie de rito al que asistía puntualmente cada año. Es también un rito pagano, la danza supuestamente primitiva junto al árbol que, como la encina de Thor, simboliza el remoto pasado. Los nacionalismos en España han arraigado precisamente en las regiones donde era más fuerte la tradición carlista.

La revolución, en sus variadas formas, comparte sin embargo un principio: la generación presente es dueña absoluta del destino y pretende construir un futuro desde un umbral en que se prescinde del pasado. Dicta la norma sin tener en cuenta otra cosa que su propia identidad. Algo más grave: pretendió que los derechos humanos son una consecuencia de la ciudadanía, invirtiendo los términos. Las Constituciones, excepto en el caso de los Estados Unidos en donde la explícita referencia a Dios impone un criterio de estabilidad, no pretenden explicar cómo es la nación sino como debe ser. Por eso resultan siempre de corta duración. Los programas envejecen y pueden ser cambiados.

El nacionalismo es una exaltación exagerada de la nación. No se conforma con el amor a la tierra y sus gentes, lo que es indudablemente positivo, sino que busca en la diferencia con los «otros» la razón de su propia existencia. Convierte, como dijimos, el pasado en un rito y rodea de caracteres casi-religiosos las evocaciones nostálgicas. Cuando ese nacionalismo se desmesura, desatiende como coyunturales y ajenas las formas de pensamiento e incluso de creencias y coloca los supuestos intereses de su nación por delante incluso de los deberes religiosos. Pío XI ya reveló cómo detrás del nacionalsocialismo había una verdadera vuelta al paganismo. No se trata de un fenómeno que se limite a un determinado lugar y tiempo; se le comprueba en las más diversas zonas del mundo. Acaba envolviendo en menosprecio, después en odio, todo aquello que le es ajeno. Se justifica exagerando la valoración de algún componente biológico como la rubicundez o el RH negativo, y se manifiesta con epítetos despectivos con los que se pretende definir peyorativamente todo lo ajeno: boches, gabachos, maquetos aparecen como términos despectivos que intentan revelar cómo el «otro» es una síntesis de defectos, digno por tanto del rechazo y del odio.

Por medio de un curioso proceso mental se produce el tránsito de esta posición de soberbia a otro que es verdadero complejo de inferioridad. Prescinde primero de las grandes aportaciones que sus connaturales han podido efectuar hacia la cultura y patrimonio de ese «otro» que se desprecia. Unamuno, que vive en Castilla y escribe en castellano, siendo uno de los vascos más universales que haya existido, o Maeztu, el de la Defensa de la Hispanidad tienen que ser ignorados. El repliegue sobre los valores nacionalistas exclusivos reduce éstos a mero valor local. Entonces se pasa a la conciencia de que si éste no ha sido reconocido, no se debe precisamente a las limitaciones del localismo, sino a una «opresión» que sufre el pueblo en cuestión. De modo que la inicial jactancia desemboca en una fuerte convicción de perseguido, discriminado, reducido. Se cierra el círculo y se afirma con plena convicción que la nación y sus valores, han estado perseguidos. Hay que luchar para liberarla. Pero no para producir cosas mejores e imponerse desde ellas, sino para cerrar un mundo en sí, pequeño, rencoroso y desconfiado.

4. A1 introducir el proceso dialéctico como motor de la Historia, Hegel llegaría a identificar nación y Estado, haciendo de éste el único creador de libertad. Mucha o poca, los hombres no pueden disfrutar de más libertad de la que su Estado les proporciona. En consecuencia una nación sin Estado pasa a ser simplemente sujeta u oprimida. La Patria dejaba de tener vigencia ya que el patrimonio cultural de valores nacionales se convertía en función del Estado. En esta línea, Spengler llegaría a decir que las culturas son entes biológicos que recorren un ciclo biológico, desde el nacimiento a la muerte como si se tratara de entes biológicos y no de otra cosa. Así pudo establecer que la media de vida de una cultura es el milenio. Y así lo que podía haber de solidaridad entre las varias culturas empeñadas en un quehacer común, desaparecía. La crueldad de las guerras ha seguido creciendo hasta alcanzar los horrores inauditos de la cuarta década de nuestro siglo.

De la dialéctica de Hegel ha salido también el otro extremo del internacionalismo, que tiende a considerar a los hombres como si formasen una comunidad única, aunque dividida en clases antagónicas. De este modo la solución final a los problemas tendría que llegar de la mano de una sola clase, algo que pertenece a los más claros modelos de Utopía. Al internacionalismo la conciencia de Patria resulta un obstáculo porque se opone a ese colectivismo universal. Lo que sin embargo no fue obstáculo para que, durante la segunda guerra mundial, la URSS, campeona entonces del colectivismo, apelara a los sentimientos patrióticos para galvanizar una resistencia que parecía desesperada. En las publicaciones oficiales soviéticas esta contienda es oficialmente conocida como la «guerra patria».

Tras los fenómenos de exaltación del nacionalismo encontramos, con mucha frecuencia, una simple demanda de poder. Desde que las corrientes hegelianas establecieran el principio que antes recordamos, se creó la confusión: basta con lograr la independencia de un autogobierno para que los pueblos sean felices. Ha sido muy amargo el despertar: muchos pueblos salieron del mal de la colonización para entrar en el infierno. Pero la carrera no se ha interrumpido y cada comarca o cada región, cada grupo humano, sin preguntarse por la viabilidad de la propuesta, pretende reclamar para sí la mayor cantidad posible de Estado, eliminando dosis de autoridad y de poder centrales sin preguntarse siquiera si esto es bueno. Todo ello conduce a desorden en las competencias que se multiplican y chocan entre si y, sobre todo, a una reducción paulatina del espacio vital que corresponde a los ciudadanos. Un fenómeno que es hoy claramente visible en nuestros Estudios superiores donde el localismo hace la guerra a la universalidad, consustancial al progreso en el saber.

Se admite, en nuestros días, que la soberanía procede del pueblo, esto es, de la propia comunidad política. Correcto. No es ninguna novedad. Lo nuevo estriba en considerar a ese pueblo como mera suma de individuos yuxtapuestos. Pero esto debiera significar que de ella misma, a través de los mecanismos institucionales y de las células complejas que forman el pueblo, empezando por la propia familia, debería emerger el principio de autoridad que se plasma por medio de leyes. No es así, entre otras razones, porque la invocación de principios de autoridad entre nosotros está muy mal vista. Nadie quiere hoy ser tachado de autoritario. Pero al repudiar la autoridad dejamos al poder dueño del campo, y éste ha crecido hasta alcanzar aquel extremo que considera legítimo cuanto no está prohibido y castigado, aunque se trate de aberraciones que conculcan la naturaleza. Se ha establecido un cortocircuito que permite al poder reclamar todas las funciones, incluso aquellas que permiten fijar las normas éticas de la conducta humana.

El posthegelianismo, invocado por Francis Fukuyama para demostrar que nos hallamos ya en el fin, la meta de la Historia, ha ido secando las fuentes de donde manaba la autoridad, las normas consuetudinarias y los principios morales conformadores de la sociedad. No se conforma con rechazar las obligaciones respecto a la Patria y abjurar de toda autoridad: convierte al Estado en dueño absoluto e infalible. El dicta la norma y a la vez se encarga de que se cumpla, administra justicia a través de sus representantes sometidos a altos organismos estatales, propone lo que debemos creer y fija el porcentaje del producto obtenido con nuestro trabajo que estamos autorizados a retener. Frente al Estado no hay apelación, porque se declara aconfesional y desecha las viejas costumbres. La voluntad omnímoda del Estado se alza sobre las cabezas de los ciudadanos: sus decisiones, en todo orden de cosas, son ya inapelables.

5. En España la conciencia de Patria se encuentra muy íntimamente ligada al Cristianismo. No en vano cuando llegó a construir su primera forma de Estado fue llamado Monarquía católica y se declaró sometida a las leyes de Dios. Éste, aunque puedan señalarse algunos inconvenientes, fue sin duda el antídoto contra las formas extremas de absolutismo que nunca pudieron arraigar. Las nociones de bien y de mal, de justicia e injusticia, entre otras, se escapaban a la voluntad de los hombres pues se atribuían a la obra creadora de Dios sobre la naturaleza. No eran variables sino constantes. Además se entendía que las sociedades naturales, familia, ciudad, región o reino, eran medios jerárquicamente establecidos para cumplir fines que trascienden a la mera temporalidad. No es, por tanto, extraño que la gran misión de España fuese llevar a América ese Cristianismo y cuanto suponía. No estamos juzgando aquí la corrección y eficacia de los medios que en esta tarea se emplearon. Pero es hoy un hecho, recordado por Juan Pablo II, que la parcela más importante y numerosa de la catolicidad cuando eleva a Dios sus oraciones lo hace en español.

No es suficiente hablar de un Estado español. Hay una realidad inconfundible que es Nación y Patria, indisolublemente unidas, persona colectiva que se trasciende en sus acciones, ha cumplido dos grandes misiones históricas y tiene la posibilidad de emprender una tercera, participando en la construcción de Europa, y aporta una gran riqueza de valores al que debe ser acervo común. Corre, evidentemente, grave peligro de fragmentarse porque hay un fuerte fenómeno de rechazo, todavía no abrumadoramente mayoritario pero que crece. Las Patrias nacionales, en la Europa de hoy, forman la trama de un tejido muy denso y sería absurdo que se opusieran unas a otras en renovado nacionalismo, cuando es mucho lo que tienen que hacer en común. Se necesita exactamente educar en sentido contrario, no en la tolerancia, cargada de defectos miserables, sino en el aprecio de las obras de otros, porque todas, junto con las nuestras, están llamadas a fundirse en el que, un día, puede ser patrimonio común. Cervantes y Goethe, Moliere y Shakespeare, Velázquez y Beethoven tienen derecho a sentarse en la misma mesa.

Se nos dirá que hay todavía viejas cuentas. España tiene la de 1640, cuando su fórmula fue radicalmente rechazada y sustituida por la del nominalismo que se proclamaba «moderno» y daba poder absoluto a la ciencia experimental. Esa derrota, que dejó a Europa descompensada y la condujo a una serie interminable de guerras, hasta 1945, generó en España un pesimismo y desconfianza que duran hasta nuestros días. Ha sido un acto de valor en 1998 demostrar que Felipe II fue un gran rey, prudente, medido y respetuoso con las formas más profundas de la libertad. Pero todavía nos acecha cierto complejo de inferioridad. En 1989 Francia conmemora su Revolución con gran alborozo convenciendo al mundo de sus aportaciones y olvidando el mar de sangre que provocaron a su paso los soldados de Napoleón. España hizo apenas pintoresco folklore vergonzante de la efemérides de 1492, el hecho histórico más importante desde la creación del Imperio romano.

Desde el siglo XVIII la conciencia de los españoles ha andado escindida: unos creían que la derrota no significaba que nuestra posición fuese errónea y que había, por tanto, que defenderla a todo trapo; otros, en cambio, que los vecinos tenían razón y había que cambiar para adaptarse a sus normas y costumbres. Ningún país como el nuestro muestra tan abundante proclividad a escribir visiones negativas de su propia Historia. No es necesario atribuir a los extranjeros nuestra «leyenda negra». Nos bastamos nosotros para fabricarla. Lo peor es que, al seguir este erróneo camino, le hemos perdido respeto a la verdad y cuando alguien pretende explicarla, inmediatamente se le descalifica como desviado de la opinión dominante. Cultivamos el arte del enfrentamiento con preferencia al de la comprensión recíproca. De este fenómeno de rechazo forman especialmente parte los que se resisten hoy a pronunciar el nombre mismo de España.