La ex alcaldesa investigada por Anticorrupción dará lecciones a alcaldes y concejales de toda España

A principios de junio del presente año, una semana antes de las elecciones, el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, acordó trasladar a la fiscalía anticorrupción los procesos penales contra Nájera. La ex alcaldesa tiene siete procesos pendientes de resolución judicial, todos ellos derivados de querellas interpuestas por el ahora alcalde del PP Carlos Delgado. El caso documento Maquiavelo y los contratos a Estrategia Local son una de las causas. También figuran en el paquete de demandas los casos Western Park y las supuestas irregularidades en la compra de un chalet por parte del marido de la ex alcaldesa. Ninguno de los procesos pendientes ha sido resuelto.

Ahora Nájera, alejada momentáneamente de la vida política, se dedicará a trabajos de asesoría a Ayuntamientos y empresas privadas.

Los próximos días 2 y 3 de diciembre participará en el seminario Agenda Local 21 para Municipios Turísticos que se celebra en Madrid. En la primera sesión del seminario, según se explica en el folleto editado por la FEMP, Nájera hablará a los alcaldes y responsables de medio ambiente de toda España que se hayan inscrito del «papel de los líderes, de cómo anticiparse a las necesidades y cómo gestionar recursos y generar oportunidades; tomar decisiones con datos sondeos, encuestas y estudios».

Falta de dinero y de suelo para nuevas promociones

MCA.

El teniente de alcalde de Vivienda, Rafael Garau, explicó el pasado 14 de agosto en el consistorio, día en que se entregó una subvención de 160.000 euros (unos 26,5 millones de pesetas) para la compra de la primera vivienda y la rehabilitación de inmuebles y edificios, que el presupuesto destinado a este fin "se ha acabado", por lo que el equipo de gobierno PP-UM deberá buscar otros fondos de financiación para continuar con un programa que ha entregado, desde su puesta en marcha en 1998, un total de 1,6 millones de euros a residentes de Calvià.
Garau explicó que, ante la falta de presupuesto, el gobierno local "estudiará de qué partida económica se pueden extraer unos 200.000 euros (unos 33,2 millones de pesetas)" para seguir "potenciando" el programa iniciado por el anterior equipo socialista, en palabras del alcalde, Carlos Delgado.
Por otra parte, Garau lamentó también la falta de suelo disponible para ejecutar nuevas promociones de viviendas sociales. En la actualidad, según apuntó, sólo queda suelo apto en la urbanización de Galatzó, que es donde precisamente se llevan a cabo las promociones más importantes, como la que incluye 104 viviendas que se entregarán a los adjudicatarios el próximo noviembre.

 Margarita Nájera dio licencia a 52 proyectos firmados por su hermana en Calvià

A un total de 52 proyectos asciende la relación de los firmados por Isabel Nájera, hermana de la ex alcaldesa socialista de Calvià, y que obtuvieron licencia de obra mayor en ese ayuntamiento.

Este dato viene recogido en la documentación que la Sección de Licencias de Calvià envió el pasado día 2 de julio al Juzgado de Instrucción nº1 de Palma que investiga el presunto delito de prevaricación urbanística por la concesión de una licencia a la entidad promotora del Western Park para un uso que el Plan General de Calvià no permite.

El titular del juzgado solicitó esos datos el 10 de abril, 45 días antes de las elecciones autonómicas y municipales. Sin embargo, ha sido el nuevo equipo de gobierno del Partido Popular el que ha recopilado la información y le ha dado el curso solicitado.

La primera licencia que se pidió a un proyecto de Isabel Nájera fue en 1985 para la construcción de unos locales comerciales de Promotora de Poniente en un solar de Santa Ponça. En esa época su hermana era la responsable de Urbanismo del municipio. Al año siguiente volvió a trabajar para la misma promotora en la reforma de los locales y la ampliación con cuatro apartamentos. También realizó la Escuela de Vela de Puerto Portals y tres pistas de squash para el empresario Bartolomé Amengual.

En 1987 comienza la relación con el recaudador municipal de Calvià, Jaime Riera. En ese año procedió a la construcción del edificio en la calle Can Vich donde tiene su sede la oficina del servicio de recaudación. El promotor fue la empresa Construcciones Calvià, entidad que en 1997 fue absorbida, al igual que Simil 2, otra empresa de Riera, por Palmservice, también controlada por el recaudador.

No será hasta once años después cuando Jaime Riera le vuelve a confiar otra obra a Isabel Nájera. En este caso se trató del proyecto de un chalé individual en el solar de Ses Rotges Velles de Santa Ponça que fue vendido por un precio muy ventajoso a una sociedad administrada por el marido de la entonces alcaldesa.

El Dorado

En 1999 Riera volvió a contar con la hermana de Margarita Nájera para la construcción de un local comercial y apartamentos. El promotor inicial fue la entidad Marbella Ocio, administrada por el ex concejal Juan Franco Torres, socio de Jaime Riera en la sociedad Vista Playa 2000. Fue esta última la que llevó a cabo todo el proyecto diseñado por Isabel Nájera.

Sin embargo, es el grupo del empresario Bartolomé Cursach Más el que con más regularidad le ha venido dando trabajo.

El primer proyecto data de 1988 y consistió en la construcción del Poblado del Oeste que con el tiempo se ha convertido en el parque acuático del Western Park. El promotor fue El Dorado, S.A., entidad que en aquel entonces no tenía relación alguna con Cursach.

Margarita Nájera es objeto en la actualidad de siete denuncias judiciales. En febrero de 2002 el PP interpuso una querella por la presunta contratación irregular de Estrategia Local. Nájera solicitó el archivo, petición desestimada al detectar el juez indicios de presuntas prevaricación, falsedad documental y malversación o defraudación de fondos públicos.

En octubre de 2002, el fiscal jefe de Baleares, Bartomeu Barceló, denunció a instancias del PP, un presunto delito de cohecho sospechanno que el que fue marido de Nájera compró al recaudador municipal un solar en Rotges Velles por un precio muy inferior al de mercado.

En octubre de 2002 se denunció un presunto delito contra la ordenación del territorio por la concesión de licencia de obras para la ampliación del Western Park en un suelo urbano. A esta denuncia del fiscal jefe se sumó una querella presentada de la Federación Balear de Comercio y Servicios Turísticos por delitos contra la ordenación del territorio, tráfico de influencias, delito de negociación y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y posible delito de cohecho. En noviembre de 2002 el PP solicitó a los tribunales que se tramitara una denuncia por un local comercial, conjuntamente con la del chalet de Santa Ponça. El PP consideró que existía unidad de sujetos y similitud de hechos en ambos procedimientos. Otra querella es el caso la entidad HPT INSTAL que interpuso una querella contra Nájera en febrero de 2002, archivada y cuyo archico está ahora en fase de recurso. El caso Son Caliu se presentó en enero de este año por Anselmo Martín después de que EL MUNDO desvelara que Nájera y dos miembros de su equipo adquirieron pisos en una urbanización cuyo promotor se vio favorecido por un 'olvido' municipal.

Protestas vecinales en Bendinat por las obras de la Avenida Rossegada
Denuncian la mala planificación municipal para la instalación de tuberías de recogida de pluviales
Varios vecinos de Bendinat han expresado su queja por las molestias causadas por las obras de canalización de las aguas pluviales que el Ajuntament de Calvià realiza en la Avenida Rossegada. Las obras comenzaron hace alrededor de un mes y su presupuesto asciende a 129.000 euros. Los vecinos reconocen que es necesaria la instalación de tuberías para la recogida de las aguas pluviales, pero aseguran que las molestias se están alargando demasiado.

Los residentes en esta avenida, que va paralela al mar, explican que si hay una emergencia, las consecuencias pueden ser trágicas, porque hay montones de tierra y piedras a cada lado de la carretera, además de máquinas, y no podrá pasar la policía, bomberos o ambulancias.

Los perjudicados también protestan porque no se ha tapado la acequia donde se instalan las tuberías y en algunos tramos tiene seis metros de profundidad. Los vecinos aseguran que les dijeron que a medida que se fuese colocando la tubería se iría tapando la zanja, pero no ha sido así, y se ha abierto toda la zanja de golpe. Por este motivo no pueden aparcar los vehículos frente a sus viviendas y, por ejemplo, tienen que sortear los escombros para realizar actividades frecuentes como ir a tirar la basura o salir a comprar.