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 Sociedad De Re Militari

 

La Transición del Ejército Absolutista al Liberal

en la España del siglo XIX.
 

Por Jesús María López de Uríbe.

 

 

 

 

 

 

Introducción.

El Ejército español, y como tal se entiende lo que hoy se consideran Fuerzas Armadas del Estado –en el caso que nos ocupa Ejército de Tierra y Armada-, es una de las instituciones menos valoradas por los ciudadanos españoles, tras su penosa marcha a lo largo de los últimos doscientos años entre asonadas y levantamientos, e incluso apoyando las dictaduras del siglo XX que marcaron a este país.

Sin embargo, lo que pocos estiman es que el Ejército sufrió una serie de cambios tan radicales en el espacio de más o menos un siglo –de principios de 1700 al primer tercio de 1800- que quedó lastrado para la posteridad como un paciente mal curado.

Esos cambios se inician con la llegada de los Borbones liquidando el sistema militar de los Austrias para cambiarlo por el francés del rey Sol, aumentando la carga social de la nobleza en unas fuerzas armadas cada vez más necesitadas de soldados y a las que el pueblo no acude como en los tiempos de los tercios.

Sin embargo, justo cuando se está consolidando la reforma y cuando los soldados han conseguido un alto grado de profesionalidad, cuando los Borbones añaden el arte de la ingeniería para crear máquinas de alta calidad… el Ejército español se ve a finales del siglo XVIII y principios del XIX envuelto en una serie de guerras que terminarán por echar al traste el esfuerzo de ochenta años de cambios.

El apoyo de España a la revolución americana para perjudicar a su notorio enemigo inglés le llevará a perder cuarenta años después su imperio de ultramar. A esto se añade la invasión napoleónica, que destrozará todas las tradiciones sociales y militares por acción de la política francesa y de la de los liberales españoles, en busca de una solución a la falta de rey legítimo en España.

La terrorífica guerra de Independencia dejará un ejército de tan gran proporción -ya que multiplica por tres sus efectivos con respecto al profesional absolutista-, que de inmediato provocará serios problemas sociales en la tropa. Para colmo, una multitud de hombres entrenados para la guerra ociosa no crea más que problemas sobre todo en lo político, no sólo en el ámbito liberal contra el absolutista y viceversa, sino que fomentará la aparición de la facción ultramontana que apoyó el Carlismo.

Además, mientras los militares se la juegan cada día frente a las tropas de la Grande Armée napoleónica, se van sintiendo cada vez más menospreciados por la nueva clase social política, recrudeciéndose de nuevo el conflicto entre golillas y militares, pero ésta vez sin rey por encima.

La situación española  que se crea con la abdicación de Bayona de Fernando VII y el nombramiento de José Napoleón como José I, dejó en un limbo total las aspiraciones sociales tanto de los golillas como los militares; pero provocó un serio problema a la hora de someter la lealtad a un nuevo rey no querido, pero necesario, o a un sistema de Regencia española que convocó unas Cortes que no tenían la legitimidad real. ¿Cómo se configuró el Ejército en las Cortes de Cádiz? ¿Qué misión tenía encomendada? ¿Qué efectos produjo en su estructura este sometimiento a la soberanía popular en vez del tradicional a la soberanía del Rey?

¿Una serie de cambios tan brutales como los acontecidos entre 1808 y 1812 pueden cambiar la faz y el espíritu de un Ejército más o menos competente, leal al poder, para convertirlo en una máquina de poder en sí?

Este trabajo intentará responder a cada una de estas preguntas explicando en lo fundamental dos factores. El primero se refiere los cambios sociales que se producen en el Ejército español desde el advenimiento de los borbones hasta el inicio de la primera guerra civil carlista, aunque centrado en su gran mayoría en la crisis de la Guerra de la Independencia y el conflicto entre absolutistas y liberales del reinado de Fernando VII.

El segundo, a las soluciones políticas adoptadas para legitimar la acción militar durante la regencia de las Cortes de Cádiz, debido a que el Ejército debía obediencia a la persona de su Rey o la que éste designara como comandante en jefe, centrado, en su mayoría, en los debates de la nueva clase política en las Cortes de Cádiz.

 

Los cambios sociales en el Ejército.

Como explicamos en la introducción, el cambio en la estructura militar que se produce al asentarse los borbones en el trono de España es radical. Se pasa entre el año 1700 y 1715 de un ejército formado por tercios a otro formado por regimientos, al estilo francés, y durante los años posteriores, hasta el reinado de Carlos III los militares españoles se tienen que acostumbrar a los nuevos usos importados del país vecino.

Los cambios más notables destacarán, sobre todo, en lo social. Si bien durante el gobierno de los Austrias la posibilidad de ascenso social mediante el ejercicio de la milicia era posible, aunque en un ínfimo grado, en el Ejército borbónico, en la que los mandos son en exclusiva copados por la nobleza, es en la práctica imposible.

Según Fernando Puell de la Villa[1], la organización militar durante el siglo de la Ilustración provocó un cambio total en la forma de ejercer las acciones bélicas, rebajando incluso la virulencia de las acciones de armas al racionalizar las cuestiones militares.

La milicia se reglamentó en los más mínimos detalles, la oficialidad se profesionalizó, cambió el sistema de reclutamiento y los avances científicos y de ingeniería favorecieron el desarrollo de armamento y la construcción de nuevas fortificaciones.

Según Puell, probablemente, lo más destacable de la reforma borbónica fue la notable españolización del ejército permanente en su composición y despliegue.

Para entender esta afirmación conviene recordar que la presencia de soldados peninsulares en los mal llamados tercios españoles fue siempre minoritaria. También que esas unidades combatieron a miles de kilómetros de distancia del solar patrio.

En 1573, la proporción de súbditos de Castilla y Aragón en los tercios era del trece por ciento, y en 1582, del ocho. Después, la demanda de soldados derivada de la Guerra de los Treinta Años aumentó este porcentaje hasta representar un quinto del total de efectivos. Siguiendo la misma tendencia, al término del siglo XVIII, 22 de los 54 tercios de Carlos II –el cuarenta por ciento- eran de origen español.[2]

La nueva dinastía no pudo renunciar a la presencia de tropas no peninsulares y mantuvo aproximadamente la tercera parte del Ejército con ese tipo de soldado, pero sí que tuvo que situar las unidades en territorio peninsular tras la pérdida de los dominios italianos y flamencos. Por primera vez en la historia la población hubo de soportar la presencia habitual de los soldados.

La reorganización militar de los borbones se inició con las Ordenanzas de Flandes de 1701 y 1703 y terminó con la promulgación de las longevas Ordenanzas Generales de Carlos III en 1768.

 

La milicia

Una de las tareas más complicadas para los borbones se produjo en la reordenación de la  milicia provincial, al estilo de las existentes en tiempos de los Austrias que se convirtieron en tercios provinciales, con la que los borbones querían completar su ejército formado por extranjeros, la Guardia de Corps y las tropas de continuo servicio .

Los regimientos de milicias constituyeron la tercera entidad de los Reales Ejércitos concebidos como un cuerpo auxiliar permanente para la defensa de costas y fronteras y que en realidad databa del reinado de Felipe II. Pero la falta de presupuesto, unida a la seguridad del territorio peninsular de la época de los Austrias, la habían convertido en algo ficticio y sin valor militar alguno.

Durante la Guerra de Sucesión se volvió a intentar reactivar la milicia recurriendo al modelo francés, pero los resultados fueron raquíticos. Nobles e hidalgos locales, que se pretendía que fueran la cantera de la oficialidad provincial, se inhibieron de la convocatoria y el pueblo llano se las ingenió para zafarse de la primera quinta por sorteo que se convocaba en España.

La Real Ordenanza de 1734 fue el verdadero punto de partida de esta organización que cien años más tarde sería el segundo pilar del futuro ejército nacional. Se componía de un regimiento por las 33 provincias que les darían nombre dejando exentos a Aragón, Navarra y el País Vasco. Su empleo quedaba restringido al ámbito peninsular –para alejar el fantasma de un destino en América que echaba para atrás a los ciudadanos-, y podía ser movilizado en caso de necesidad aunque por tiempo limitado. 

En tiempo de paz el coste de las milicias era prácticamente nulo, porque los municipios pagaban los uniformes, los fusiles procedían de excedentes del ejército; sólo cobraban sueldo fijo el coronel y los cuatro miembros de la plana mayor, todos ellos militares profesionales. El sargento reunía cada dos semanas a los 50 hombres de su partido para hacer instrucción y cada tres meses el regimiento completo (500 hombres) acudía a la capital de la provincia para pasar revista y realizar ejercicios. En ambos casos, los hidalgos que ocupaban plaza de oficial percibían la parte correspondiente a su empleo, y la tropa el plus y la ración de pan de los veteranos.

Después de vencer muchos obstáculos, hacia 1740 la sociedad castellana había asumido la situación, el sistema funcionaba de forma regular y el ejército regular disponía del auxilio de una fuera eventual de 23.000 hombres.

Sin embargo, las cuantiosas bajas de la Guerra de Sucesión provocó una crisis cuando se enviaron siete regimientos provinciales a Italia. En ese momento se provocó una reacción popular inmediata, con muchas deserciones y más quintos eludiendo el sorteo. En 1745 Felipe V confirmó el propósito de utilizar habitualmente a los milicianos sólo en territorio peninsular, aunque se reservó el derecho de destacarlos al exterior en circunstancias extremas.

A la postre, la medida benefició a la milicia, que se equiparó a los regulares, y éstos comenzaron a respetarla en el campo de batalla. Incluso algunos milicianos pasaron a completar los regimientos de línea, con lo que el proceso de paulatina profesionalización de las milicias se convertiría en imparable desde ese momento.

Esto provocaría la entrada del ciudadano común en la estructura del ejército profesional, pero sin la voluntariedad que había caracterizado los tiempos de los Austrias; además, dejaba en manos de la nobleza la carga de la oficialidad. Esto provocó que la poca salida de ascenso social que el ejército ofrecía en los tiempos de Las Españas desapareciera en la práctica.

 

Oficialidad formada por nobles

Las primeas Ordenanzas Generales del siglo, de 1734, fijaron el nombre y funciones de la jerarquía castrense, adoptando las denominaciones francesas –con escasos cambios es la que se utiliza en la actualidad-.

Sin embargo, en 1704 una Real Cédula instauró el empleo del cadete en España, reproduciendo de forma mimética el modelo estamental de la sociedad de la época, basado en la sentencia escolástica Nunc orant, alii pugnant, aliqui laborant que apunta que el papel de la nobleza era el combate, el de los clérigos la oración y el del pueblo llano el trabajo.

Pese a todo, el absentismo de los nobles hacia sus obligaciones militares era similar al rechazo que en la plebe producía la carrera militar. Pese a que esa labor estaba regulada en el Fuero Juzgo y Las Partidas, cuando Felipe V convocó a los hidalgos castellanos aplicando las viejas normas para que acudieran a la campaña de Portugal la resistencia fue tan enérgica que tuvo que anular la orden.

Estas convocatorias no debieron dar grandes resultados; sabemos que en tiempos de guerra la llamada a los nobles no era suficiente y el estado general nutría gran parte de los efectivos, por lo que, como dice Corvisier: “…es una regla general que los ejércitos en tiempos de guerra son más plebeyos que los de tiempos de paz”. El deber estrictamente militar se concretaba para la nobleza en estas llamadas del rey: durante todo el siglo XVIII queda al margen de la obligación de acudir a los levantamientos obligatorios, y más aún, de participar en los sorteos. Todavía perduraba la ida de que el hidalgo iría voluntariamente a empuñar las armas. Así, pues, el noble y el hidalgo siempre permanecieron exentos aunque en el último cuarto de siglo la exención exigía presentar la documentación probatoria de su nobleza o hidalguía[3].

Por ello, intentó atraer a los puestos de mando a la nobleza y, sobre todo, -pensando en el futuro- a la juventud más preparada, creando esa clase de cadetes que tan bien funcionaba en la Francia natal del Rey Borbón.

Imitando el modelo francés una vez más, intentó introducir plazas de cadete en las plantillas del abortado intento de reconstruir la Milicia Provincial en 1704. Después, en 1712, se hizo el ensayo de agregar cadetes a los regimientos de infantería para que diez años más tarde se integraran en los de caballería y dragones.

El cadete se usaba, según las Ordenanzas Generales de 1728 en número de uno por compañía y se reglamentó la forma de ingreso y el plan de formación. Las plazas quedaron reservadas para títulos del reino, sus hijos y hermanos, caballeros notorios y de Órdenes Militares, hijosdalgos de sangre que probasen su calidad e hijos de oficial de empleo superior al capitán 

Los más beneficiados por la medida fueron los hidalgos empobrecidos, que aprovecharon la oportunidad para medrar económica y socialmente. Pero claro, esto cortó la escasa posibilidad de ascenso social del pueblo llano, aunque fuera muy difícil siempre había oportunidad en tiempos de los Austrias.

El procedimiento normal para alcanzar tan apetecido grado [el de capitán de Tercio] era por ascenso y, en principio, se esperaba que las vacantes que se producían  se cubrieran entre alféreces distinguidos, y no con painaguados inexpertos de altos dignatarios de la corte, como sucedía con más frecuencia de lo que era deseable. No cabe duda, sin embargo, que la calidad media era excelente. Los tratadistas podían lamentarse, sin citar casos concretos ni cifras, del número de jóvenes boquirrubios con influencias que alcanzaban ese grado, sin merecerlo. Pero se conocen los nombres y apellidos de cientos de capitanes que murieron en combate, encabezando un abordaje o un asalto, defendiendo una brecha o una bandera. En esa materia, como en otras relacionadas con los tercios, la realidad era más brillante de lo que a veces se ha dado a conocer.[4]

Teóricamente, las posibilidades de ascenso no eran desdeñables. Una trayectoria ideal era alistarse con veinte años (se pensaba ue con menos edad todavía no se había adquirido la robustez necesaria); ascender a cabo a los veinticinco; a sargento con veintiséis; ser alférez, con veintiocho y capitán con treinta y dos. La costumbre de los grandes, desde el duque de Alburquerque hasta el hijo del de Parma, de servir “con una pica al hobro” antes de alcanzar más altos destinos, reforzaba esa imagen, en parte ilusoria, de una carrera brillante abierta a todos. Pero en realidad, por un mochilero que llegaba a maestre de campo, que algún caso se dio, hubo millares de Migueles de Castro, que no pasaron de arcabuceros. […] Sin embargo, y comparado con sus colegas de otros ejércitos contemporáneos, su situación resultaba casi envidiable. En palabras de un observador inglés: “la disciplina española es muy agradecida con los soldados”, que recibían, si las merecían, “ventajas en las pagas, palabras de ánimo y promesas seguras de las primeras vacantes que se produjeran.[5]

Es decir, que la postura borbónica cercenaba toda clase de intento de ascenso social de la plebe, compartimentando el Ejército. Una medida que tuvo consecuencias contrapuestas, ya que dotó a las fuerzas armadas de una élite científica y técnica, pero hizo más impopular a las armas entre el pueblo llano.

Antes de la Guerra de Sucesión sólo la mitad de los oficiales eran nobles. Treinta años después, el 77,40% de los capitanes pertenecían a la nobleza y el aumento fue progresivo. En 1750 eran el 95,80% y el 95,50% en 1790. Los cadetes solían llegar al cargo de capitán tras nueve años de servicio, mientras las expectativas de carrera de la tropa quedaban anuladas. Pese a todo, aún hubo excepciones y algunos soldados ascendieron a capitán; pero eso sí, tras cuarenta años de servicio.

Eso sí, la entrada de oficiales técnicos y científicos en los cuerpos facultativos –artillería e ingenieros- ofreció un gran destino a la élite de la Ilustración Española. Desde inicios del siglo el Estado Borbónico se esmeró en darles la mejor formación que la época les podía ofertar.

Se crearon escuelas de grandísimo nivel en las que no se escatimaron medios materiales y humanos. Los ejemplos que pone Fernando Puell de la Villa son: la creación de la Real Sociedad Militar de Matemáticas de Madrid, para el estudio de la Física aplicada a la milicia; o la del Laboratorio de Química del Alcázar de Segovia, dirigido por Louis Proust, en donde enunció la Ley de las Proporciones Definidas y donde impartió clase a los alumnos del Real Colegio de Artillería durante veinte años.

Los borbones consiguieron así dotar de una serie de ingenieros y científicos que ayudaron no sólo al desarrollo del Ejército como arma profesional y dispuesta a la lucha, sino que dirigieron las minas del país –hasta la creación del Cuerpo de Ingenieros de Minas en 1777-, las reales fábricas, elevaron el primer globo aerostático que se elevó en España diseñado en Segovia como observatorio de tiro, abrieron los pasos de Guadarrama y Despeñaperros al tránsito rodado y diseñaron los canales de Aragón y de Castilla en uso aún hoy en día –al final patrocinaron la ceración del Cuerpo de Ingenieros de Caminos fundada por el teniente general Agustín de Betancourt en 1802- y la creación de una Armada con excelentes navíos envidiados por las potencias mundiales antagonistas de España en la época, Inglaterra y Francia.

Pese a estas magníficas consecuencias de la medida adoptada para el desarrollo de la sociedad española en general, también se produjeron otras que no produjeron el efecto deseado y que afectaron al desarrollo social del Ejército y a las tensiones políticas de la época.

La primera estriba en que el ennoblecimiento de la oficialidad introdujo un factor de contradicción en la propia estructura social del ejército. Como la administración pública era un virtual monopolio del cuerpo de oficiales, la meta de muchos de ellos fue pasar a formar parte del alto funcionariado provincial, regional o colonial. Es decir, que de dedicar su vida al ejército, como ocurría antes, pasaron a considerar la carrera como una vía de ascenso social y económico.

Por el contrario, el soldado pasó a estar muy profesionalizado, pero se quedó sin premios, porque se vio condenado a pasar toda su vida en el mismo empleo. Esto provocó inmensas diferencias sociales, con la secuela de que se redujo el número de mozos dispuestos a alistarse, en contraste con el exceso de aspirantes a las plazas de cadete.

El soldado del siglo XVIII concebía la milicia como un oficio, como una profesión de por vida que tomaba por falta de recursos económicos. Durante la época de los tercios, a la motivación de la soldada se unía el afán de gloria, la autoestima conseguida de la victoria, el deseo de aventuras y el espíritu de cruzada. Después, sólo sería el medio del que se valían los desvalidas para escapar de la miseria y de la opresión señorial, eclesiástica e incluso familiar.

Las desigualdades se dieron entre los propios oficiales, en función de su origen social. Es decir, a más elevada era la cuna, más acelerados eran los ascensos. En 1742 la mitad de los tenientes generales no pasaban de los 32 años de edad, carecían de formación y habían conseguido los puestos en función de su apellido.

Para Puell de la Villa:

Como consecuencia de lo anterior, hubo muchos militares que se preocuparon más por indagar en los archivos en busca de ilustres antepasados que por prepararse profesionalmente.

La sociedad acusó el fenómeno y tachó a los oficiales de “mozalbetes inexpertos procedentes de casas nobles –decía Cabarrús-, pero de aire agitado y calavera, con instrucción superficial o nula, sin contar con otros méritos que los de sus ascendentes”. El estereotipo llegó a estar tan generalizado que traspasó las fronteras del siglo, hasta provocar obsesión por al formación reglada en academias militares, propia del liberalismo.[6]

Esto también desembocó en otro problema, el político; que se concretó en el enfrentamiento entre militares y golillas por acaparar los altos puestos del Estado; pero eso se tratará en el siguiente capítulo sobre la concepción política del ejército liberal.

 

El nacimiento del ejército liberal

A partir de la muerte de Carlos III, en 1788, los acontecimientos se acelerarán de tal manera, que poco más de cincuenta años después el esfuerzo de los borbones por crear un ejército profesional y estratificado quedarán hechos añicos.

Las etapas fundamentales de este cambio son el mantenimiento de la tradición militar borbónica hasta la rebelión española contra napoleón en 1808 pese al impacto de la revolución francesa, la Guerra de la Independencia hasta la victoria absolutista de Fernando VII en 1823 marcado por el cambio estructural y social del Ejército provocado por la guerra, y la victoria absolutista de Fernando VII hasta la imposición del modelo liberal en contra de los carlistas que se encontró con un tremendo problema social con un ejército enorme y macrocefálico excesivo para los intereses de España y cuyos problemas heredados no consiguió liquidar el país hasta finales del siglo XX.

El impacto del devenir histórico en la transición al liberalismo fue tremendo, ya que el reino que Carlos III cedió a su hijo era la tercera potencia mundial, la primera colonial del mundo, con una Armada de primera línea y un ejército sólo superado por Francia y Prusia. Sin embargo, poco más de treinta años después se había derrumbado de forma estrepitosa, perdiendo las colonias, sin Hacienda, Armada, Ejército, en bancarrota y sin peso específico en los foros internacionales.

Esto provocó un evidente gran impacto en la estructura militar, que cambió de modelo en varias ocasiones derivadas de la lucha política entre absolutistas y liberales, acabando con la poca autoestima que quedaba entre los militares y liquidando su lealtad al soberano, dependiendo de quién ejerciera el poder legislativo.

La crisis que acabó con el Antiguo régimen también lo hizo con la guerra racionalizada, entrando en la época de la guerra total y despiadada. Eso lo provocó la entrada del pueblo a formar el ejército al considerarse tal cuestión un deber del ciudadano. La idea del ejército ciudadano es propia de la Revolución Francesa y se hizo realidad tras la batalla de Valmy en 1792, cuando un ejército de ciudadanos derrotó a los profesionales Prusianos y Austriacos que querían devolver al trono a Luis XVI, herederos de la tradición gloriosa de Francisco el Grande.

El 20 de septiembre de 1792, el día en que se produjo la batalla, marcó una inflexión histórica clara y marcó el espíritu del nacionalismo bélico del siglo XIX y determinó el modelo a seguir por el liberalismo: el de un ejército movilizado en defensa de un ideal, en el que cada soldado se sentía responsable del resultado. Napoleón consiguió conquistar Europa porque desarrolló con celeridad este principio, mientras sus oponentes se ceñían al sistema tradicional.

Sólo cuando España se rebeló contra Napoleón, adoptando en esencia el mismo modelo, las cosas comenzaron a estabilizarse; Rusia copió el sistema de rebelión español en 1812 con evidente éxito y el peso de estas dos experiencias lanzaron a Prusia en 1813 hacia un mundo bélico desconocido hasta entonces.[7]

La masificación de los ejércitos incidió sobre todo sobre la estructura sociológica de los pueblos y tuvo unas derivaciones claras hacia el campo de lo político. Pero el cambio se acusó mucho más en la vertiente militar. El reclutamiento de enormes contingentes de ciudadanos, aparte de sacar la guerra del contexto limitado en el que se había mantenido, modificó de forma profunda la organización y estructura de los ejércitos.

La revolución liberal acuñó el concepto de ‘Nación en Armas’, que se aplicó en cada país de forma diferente. Francia, que defendía el concepto de que el ciudadano debía servir en el ejército, terminó aborreciendo el sistema en 1815. En Prusia, la recluta masiva fue consecuencia de las guerras de liberación napoleónicas: para expulsar al agresor se creó un ejército nacional y popular de tal forma que sus éxitos arraigaron en la sociedad de tal forma que ésta terminó por militarizarse totalmente.  

En el caso español es preciso distinguir que la influencia de la Guerra de Independencia es tremenda, pero también la pérdida de las colonias y la profunda bancarrota que dejó al país inerme durante casi dos siglos en la política internacional.

Pero antes de que se produjera el desastre, el propio Godoy insinúa en sus ‘Memorias’ que la Guerra de los Pirineos le hizo comprender que el modelo francés de ‘Nación en Armas’, era tan válido o más que el profesional, siempre que los ciudadanos-soldados consideraran atractiva la causa por la que eran convocados.

Por ello creó una ordenanza de reemplazos en 1800, aunque se basó demasiado en la dictada por el conde de Aranda en 1770. De forma irónica, la ordenanza de Godoy se usó por primera vez para reclutar tropas en la Guerra de Independencia. Las Cortes de Cádiz se dedicaron a diseñar el perfil del ejército liberal basado en el concepto francés de nuevo [Eso se estudiará en el siguiente capítulo del trabajo].

A partir de ahí, y otros factores, se creó la Milicia Nacional, constituida por ciudadanos voluntarios con cierto nivel de renta, que dependería de las Cortes y sería independiente del Ejército del Rey. Este ejército paralelo crearía durante unos años una sociedad imbuida de un fuerte componente paramilitar, concebido como bastión del liberalismo, que chocó con gran dureza con el concepto absolutista de Fernando VII.

El Deseado, ignorante del proceso de cambio producido en España durante la guerra contra los franceses, desarticuló el ejército[8] paralelo al imponer su criterio de volver, sin más, a la situación de 1808 y los liberales se valieron del ejército para imponerle sus ideas, como hizo Riego al levantarse a favor de las Constitución de Cádiz.

En 1821, las Cortes del Trienio Liberal precisaron las características del modelo militar elegido en 1812 mediante la primera Ley Constitutiva del Ejército promulgada en España. La ley llevó el concepto de ‘Nación en Armas’ a sus últimas consecuencias y estableció el principio de que la defensa del país debía estar exclusivamente en manos de los ciudadanos “verdaderamente interesados en la independencia y en la gloria nacional”. A este objeto, las Tropas de Continuo Servicio se redujeron al mínimo imprescindible y se constituyeron unidades de milicianos nacionales en las ciudades.[9]

Sin embargo, este ejército no fue efectivo, ya que fue barrido casi sin forzar la máquina por la coalición llamada ‘Los cien mil hijos de San Luis’ que volvió a entronizar al monarca absoluto Fernando VII.

 

El Ejército Nacional

El Borbón luego llamado ignominioso, se encargó de eliminar el concepto liberal del Ejército español. La liquidación del mismo, la segunda en pocos años, fue esta vez mucho más drástica que la anterior: se depuró a la oficialidad profesional –compuesta ya no sólo por nobles sino también por ciudadanos burgueses y plebeyos debido a la necesidad de reemplazos de la guerra de la Independencia[10]- y se licenció a la práctica totalidad de la tropa regular.

El gran número de cuadros reclutados para la Guerra de la Independencia originó el monstruoso crecimiento del cuerpo de oficiales, llegando a la proporción de uno por cada veinte soldados.

Sin embargo, pese a lo que parezca, Fernando VII se ocupó de forma especial y seria por solventar los problemas militares y logró crear un ejército formado por soldados bien pagados, obedientes y disciplinados; eso sí, bajo el mando de oficiales muy preparados y profesionalizados pero muy leales a su gobierno.

La razón de la inquina del rey Borbón por la Milicia Nacional se debió a un ponderado análisis sobre las causas del levantamiento de Riego. Asó que la reorganización del Ejército[11] se efectuó con rigor y seriedad, con lo que se convirtió en un instrumento eficaz y disciplinado. Los oficiales y la tropa recibieron del monarca un tratamiento muy privilegiado, con lo que consiguió una lealtad acrisolada. Consiguió así, de forma muy inteligente, que la oficialidad de nueva creación se distinguiera tanto por su oposición a las ideas liberales de 1820 como a las absolutistas de 1824. Esto provocó que desoyeran la convocatoria de do Carlos y respaldaran de forma unánime los derechos sucesorios de Isabel II durante los siete largos años de guerra civil carlista.

 

El Ejército Isabelino

Durante la minoría de edad de Isabel II, la regente María Cristina de Borbón emprendió la paulatina liberalización de la estructura estatal. En consecuencia se reorganizaron las fuerzas armadas, a las que se le añadió el Cuerpo de Sanidad Militar.

Al surgir la contienda carlista, se produjeron una serie de consecuencias en el Ejército español. La primera fue la desaparición de las tropas extranjeras pero se produjo la reducción de la Guardia Real, el incremento de las unidades de infantería ligera –los Cazadores-, la integración de milicianos y regulares y una espectacular evolución de las tropas de artillería que ganaron en fuerza y movilidad.

Al término de la guerra, Espartero tenía bajo sus órdenes 264.924 hombres, cuya operatividad y grado de instrucción podían compararse con los de los demás ejércitos europeos de la época. Un tercio de los mismo – 61.076 milicianos provinciales y 36.047 voluntarios de los cuerpos francos- no pertenecían al ejército regular, pero se reclutaban, regían internamente y combatían con idénticas normas.

Los siete años de guerra Carlista se caracterizaron por la completa movilización de la población rural masculina. Sólo en el lado liberal se decretaron nueve quintas que llamaron a filas a un total de 370.00 hombres, lo que comparado con la cifra de los 75.000 hombres quintados en todo el siglo XVIII o los 200.000 de la Guerra de Independencia habla del aumento de necesidades de grandes contingentes para triunfar en las artes bélicas.

Mendizábal declaró soldados a todos los mozos alistados y aprobó el 2 de noviembre de 1837 una nueva ley de reemplazos, cuyo articulado reprodujo casi de forma literal el de la malograda ordenanza de 1823, con un tratamiento estadístico de distribución de los cupos, regulación anual de las operaciones de alistamiento y sorteo y creación de órganos especializados en la administración y control de reclutamiento. Hasta que no llegaron los ordenadores la operativa de 1837 siguió usándose: el mismo tipo de bombos y bolas de madera que se usaban en el sorteo continuaron hasta entonces.

Firmada la paz, se emprendió la tercera liquidación del ejército decimonónico, pero se dejó pendiente el enrevesado problema de dar salida digna al excedente de los 11.000 oficiales que habían servido en los dos bandos. En agosto de 1842 se reorganizaron las unidades de infantería sobre una plantilla de 500 jefes, 4.000 oficiales, 5.000 sargentos, 8.000 cabos y 60.000 soldados, distribuidos en 31 regimientos de tres batallones.

En 1844 Narváez inició otra nueva fase de reformas militares de enorme importancia, que significó la creación de lo que hoy conocemos como Ejército Español. En este esquema el ejército sólo debía desempeñar tres de las seis funciones atribuidas a los cuerpos armados: la custodia del prestigio exterior de la monarquía, la defensa del territorio nacional y la salvaguardia de la constitución interna del Estado.

Al respecto del reclutamiento, Narváez introduce una variación, al autorizar que los quintos eludieran el servicio depositando 6.000 reales para subvencionar un voluntario que ocupara su lugar[12]. Los cambios del sistema de quintas desembocaron en otra nueva ley de prestación del servicio militar, de nuevo promulgada por un gobierno de Narváez. Las impresionantes victorias prusianas sobre Austria en 1866 hicieron ver al último gobierno de Isabel II la necesidad de establecer un servicio militar de cuatro años más otros cuatro en reserva.

La Guardia Real dio paso a la creación de la Guardia Civil con gran parte de sus efectivos. Se unificaron las armas de infantería –Tropas de Continuo Servicio y Milicias Provinciales-, formalizando la tendencia iniciada por Aranda y Godoy. También se crearon batallones de reserva, con oficiales que sólo cobraban la mitad del sueldo.

Esto provocó que la oficialidad de reserva se considerara injustamente relegada tras haber contribuido a la victoria del liberalismo, así que se consideró que debían cobrar el mismo sueldo que los movilizados. La misma norma decretó que los soldados pasaran a sus casas en situación de reserva durante los dos últimos años de servicio obligatorio, lo cual quería decir que para poder pagar el excedente de oficiales, se decidió equilibrar el presupuesto mediante un recorte en la duración del servicio militar.

Sin embargo, esta situación de macrocefalismo en la estructura militar provocó una serie de problemas que no pudieron resolverse hasta pasados 130 años, con la promulgación del régimen constitucional de 1978.

 Además, la falta de presupuesto militar provocó que la tropa viviera en unas condiciones penosas, lo que, unido a la cada vez mayor importancia de la oficialidad en asuntos de Estado –una asonada podía cambiar un gobierno en aquellos tiempos-, que no soportaba las condiciones de vida de la tropa y querían mejorarla, configuró la evolución del primer ejército liberal hacia unas fuerzas armadas conflictivas, de gran cantidad pero de baja calidad.

 

Noción política del Ejército liberal.

La creación del Ejército liberal en España se configuró dentro de una lucha de poder ya configurada en el estado absolutista: la competición entre golillas y militares por el control de la administración pública.

La Constitución de 1812 dedicó todo su Título VIII a definir el nuevo modelo de institución castrense. El diseño respondió a las ideas y conceptos que se debatieron en las Cortes de Cádiz, la mayoría procedentes del extranjero, pero también por el obsesivo afán de cambiar las estructuras de los Reales Ejércitos de la Ilustración, identificados como el ejército de Godoy.

Los diputados gaditanos mitificaron el concepto de ‘Nación en Armas’ y mostraron mucho recelo hacia el poder que el control del aparato militar proporcionaba al rey. Además, en los debates, según Puell de la Villa,[13] se puede detectar un componente antimilitarista que hundía sus raíces en la desconfianza de los constitucionalistas de los Estados Unidos de América a las estructuras militares regulares, así como en la corriente pacifista del siglo XVIII que está patente en la obra de los enciclopedistas.

Estos factores condicionaron la creación de un sistema mixto, con unas Tropas de Continuado Servicio y otra de carácter paramilitar, como la Milicia Nacional compuesta de hombres que se suponen leales a las Cortes de Cádiz y su mandato.

 

La discusión política fue intensa y las posiciones enconadas, con los militares afirmando que tenían menos representación de la debida y los golillas intentando controlar las aspiraciones de sus enemigos. Sin embargo, del resultado del debate se configuró el primer ejército liberal español, aún en combate con los franceses y expuesto a graves pérdidas, derrotas y extremas reorganizaciones causadas por la situación estratégica del conflicto con las tropas napoleónicas.

 

La Guerra de la Independencia

La revolución social que supondría el terrible conflicto contra las tropas napoleónicas provocó también un radical cambio del Ejército. Ya hemos indicado que las necesidades de la guerra abrieron de par en par las puertas a una oficialidad plebeya, ya que la nobleza no podía asumir la carga de la guerra.

Pero sin embargo, los altos mandos del Ejército Patriota, que discutían la nueva configuración de las fuerzas armadas en las Cortes de Cádiz, seguían la ideología absolutista, con lo que chocaron en multitud de ocasiones con las intenciones de los liberales al respecto de la organización de las tropas estatales.

El conflicto con los franceses venía larvado desde 1804, cuando el emperador Napoleón instó a España a que declarara la guerra de Inglaterra. El resultado fue la desastrosa batalla naval del cabo de Trafalgar, en la que se perdieron navíos muy importantes para mantener la calidad necesaria para combatir a la Royal Navy.[14]

Además, Napoleón fue reclamando tropas a Carlos IV para otros teatros de operaciones como Nápoles o Dinamarca, con lo cual alejó los mejores soldados de la península ibérica y esquilmó la capacidad militar del Ejército español.

Durante 1807 y 1808 Napoleón fue tomando posiciones en España, lo que acrecentó el malestar popular hacia estas tropas y derivó al final en un doble levantamiento masivo contra el ejército francés y las autoridades que permitían esa situación, como indica el catedrático francés Gerard Dufour:

La primera característica de este levantamiento es su talante específicamente local o regional. No se levanta España, sino las Españas y un estudio detallado de los acontecimientos en cada región revelaría una situación que confina (según no dejaran de insistir los partidarios de los franceses) con la anarquía. El principal es la voluntad popular de luchar contra los enemigos, incluyendo entre los enemigos a cuantos no se atreven a oponerse a los franceses y permanecen en sus puestos colaborando, incluso pasivamente, con ellos. Es la escisión de España en dos bandos: patriotas y traidores o’afrancesados’. Traidores que el pueblo, ya sin respeto por el rango social o los cargos administrativos, no duda en ejecutar. El conde de Albalat en Valencia, el conde de Águila en Sevilla, el gobernador conde de la Torre del Fresno en Badajoz, los corregidores de Vélez Málaga y la Carolina, los generales Solano, en Cádiz, y Trujillo, en Granada, encabezan una larga serie de víctimas que pagaron con su vida más bien que un auténtico ‘afrancesamiento’ (ideológico o político), su obediencia a las órdenes de Madrid y su obsesión por el mantenimiento del orden.[15]

La revuelta se convierte en una auténtica revolución al conocerse que el rey Fernando VII ha firmado la renuncia al trono en Bayona, pero el pueblo no pasa de ser un brazo armado que en la práctica delega de forma inmediata su representatividad en jefes naturales: un jefe religioso como el padre Rico en Valencia-, un procurador general como Gregorio de Jove en Gijón, un aristócrata como el conde de Tilly en Sevilla y un capitán general como Palafox en Zaragoza.

Ese acatamiento a la jerarquía social tradicional, por supuesto, corre pareja con el objetivo primordial de estas protestas: el establecimiento del soberano español en todos sus derechos, o sea la defensa de la tradición. Lo cual no impide que estos jefes naturales, en los que el pueblo ha depositado su confianza se vean legitimados en nombre de la tradición, pero por el pueblo. De hecho (con o en la mayoría de los casos, sin conciencia de ello) se ha aplicado la teoría según la cual, en caso de impedimento del monarca, se devuelve la soberanía al pueblo.[16]

Esto marca también el inicio de un nuevo concepto político de España, ya que esta devolución de soberanía al pueblo se manifiesta también de forma clara en la creación de Juntas que en lo local vienen a sustituir a una administración desacreditada, sino también al propio gobierno de Madrid.

Aunque todas las Juntas asuman el poder en nombre de Fernando VII, en realidad suponen una ruptura fundamental con el famoso centralismo borbónico. Sin embargo es de notar que las juntas tienen un ámbito territorial (local y regional) que recuerda bastante a la anterior estructura de los Austrias.

Todo esto desembocó, dos años después y tras largas deliberaciones, en la convocatoria de unas cortes en Cádiz con dos fines: el primero, contrarrestar la declaración de la Carta de Bayona de 1808; y el segundo, redactar una Constitución basada en los usos tradicionales políticos españoles para adecuar a España a la nueva situación mundial elaborando un acuerdo entre el pueblo y el Rey.

Esto, en esencia, era una ruptura con el absolutismo anterior, ya que en realidad la mayoría de los diputados el bando patriota o eran partidarios de forma clara del liberalismo o se encontraban en una posición intermedia.

Sin embargo, la resistencia de los absolutistas –agrupados en torno al partido Fernandino, heredero del de los Aragoneses, y en el que se integraban clérigos y militares defensores de la tradición-, provocó una serie de polémicas que configuraron una constitución a medio camino entre la tradición y la revolución, algo muy característico del sistema liberal y democrático español.

 

Las Juntas locales y la crisis del Ejército Real

Entre muchos de los debates, la configuración de las fuerzas armadas fue uno de los más importantes, por cuanto se debía normalizar su lealtad y determinar quién ejercería el mando sobre ellas. En realidad los soldados debían su lealtad al Rey, que era hasta entonces quien detentaba el mando sobre ellas, pero los diputados requerían que la cedieran a las Cortes, como órgano de representación soberana del pueblo.

Las viejas disputas entre los golillas y los militares salieron a la luz, empeñados unos en subordinar a las fuerzas armadas a la Administración estatal y otros en mantener su lealtad al Rey, aunque estuviera preso en Bayona, y el estatus adquirido con anterioridad. Roberto Blanco Valdés define la situación así: 

La crisis del Antiguo Régimen se abre en España con el colapso político de sus instituciones más representativas; como ha escrito Artola, en su ya clásico ‘Orígenes de la España Contemporánea’, “fracasaron los reyes, abandonando innoblemente a su pueblo; la Junta de Gobierno, tolerando a Murat como su presidente; las audiencias, aceptándolas; y sus capitanes generales intentando mantener una legalidad periclitada”.[17]

El derrumbamiento de todas las autoridades tradicionales provoca una situación de orfandad al Ejército que acabará con su estructura en poco tiempo, ya que su dependencia de éste de la figura real era tan importante que provocó el brutal distanciamiento de los mandos de la sociedad, lo cual contribuyó a que se los cuestionara de tal manera que el pueblo rompió con el Ejército Absolutista, lo cual significó su desaparición como tal y abrió el proceso de reforma de forma abrupta.

El Ejército real y estamental sufrió las consecuencias de la acefalia real de forma trágica para los intereses del pueblo. La práctica totalidad del mando militar aceptará el hecho consumado de la ocupación francesa y siguiendo el principio de obediencia ciega a las órdenes superiores –incluso esperaban a las órdenes del Emperador para que decidiera quién sería el nuevo monarca “porque un pueblo no puede estar sin rey, sea el que sea”-, fue incapaz de distinguir el interés nacional más allá del supuesto interés dinástico al que se subordinaba la actividad militar en aquellos tiempos.

La aparición de las Juntas, para hacer frente al vacío de poder, contó con la resistencia de algunos capitanes generales -con los resultados explicados con anterioridad en algunos casos-, así que éstas se vieron en la necesidad de construir una fuerza armada con la que vertebrar y dar salida a la creciente resistencia popular. Esto quedará marcado en las discusiones de las Cortes de Cádiz referentes al protagonismo de las fuerzas armadas en el nuevo sistema político que estaban creando.

El principal objetivo de las Juntas locales y provinciales fue, desde el inicio de la rebelión, la organización y el impulso del esfuerzo bélico. Tras la resistencia inicial de los mandos militares absolutistas y el fracaso posterior de los mismos en el campo de batalla –ya que la fuerza ideológica y logística del ejército nacional francés era muy superior al anquilosado Ejército español-, pese al espejismo de Bailén, las Juntas se vieron en la necesidad de transformar y dar cuerpo a unas fuerzas armadas que pasaron de su carácter “privado y defensivo” a otro “ofensivo y nacional”.

Lo más importante fue la ejecución de un reclutamiento general sin exenciones, ordenado por la mayor parte de las Juntas creadas, lo que se tradujo en un vertiginoso crecimiento cuantitativo del Ejército.  Esto creó, en lo político, una sustancial transformación de la definición desde el punto de vista de la composición y funcionamiento internos.

En efecto, el reclutamiento general fue el que hizo estallar la composición estamental del Ejército real. Este fue sin duda la primera y más fundamental de las modificaciones organizativo-estructurales que implementó la conflagración armada de 1808. Las Juntas realizaron un llamamiento sin excepciones personales, lo que suponía un verdadero punto de ruptura con la concepción del servicio militar del ‘Ancien Régime’, al dejar de ser éste una obligación del vasallaje, por tanto, estamentalmente soportada, y constituirse en una prestación a la nación, a la ‘patria’, que a todos atañía por igual.[18]

El espectacular incremento de los efectivos militares supuso una doble transformación de los principios organizativo-estructurales rectores del cuerpo de oficiales: quebraba la cadena de mando regular y destruía el monopolio estamental de la oficialidad.

La ruptura de la cadena de mando afectó al estrecho vínculo Rey-ejército, por virtud del cual, era el soberano el que elegía y nombraba a jefes y oficiales. La ausencia del monarca trasladó a las Juntas tan relevantes facultades militares, lo que causó la deposición de muchos mandos militares tradicionales sospechosos de no estar identificados con la causa nacional; y la concesión de una gran cantidad de ascensos meteóricos para crear un cuerpo de mando leal a la soberanía popular.

Desaparecido el soberano absoluto y en una situación de guerra total, se generó una unidad material entre la política y la guerra que en esencia mezcló lo civil y lo militar, algo que por propia definición era imposible en el Antiguo Régimen. Esto causó una abierta confrontación por la definición de la política nacional por un poder civil que aparecía como originario y no deudor de otra legitimidad que la del pueblo sobre las armas y unas autoridades militares que no encontraban otros límites que los que pudiera oponerles la nación.

 

Las Cortes definen el nuevo Ejército

En septiembre de 1810 se reúnen tras dos largos años de guerra, las Cortes en Cádiz. Allí, entre otras muchas cuestiones, se ha de establecer una ‘Constitución militar’ que defina las características del nuevo Ejército Nacional, e integrarla dentro de la Constitución general que se promulgaría en 1812.

Las Cortes se apropian del concepto de soberanía en un principio, pese a la resistencia de la Regencia y dividen los poderes del estado en Ejecutivo (Regencia), Legislativo (Cortes) y Judicial, al estilo de la época. La disputa surgió en torno al Proyecto del Reglamento Provisional para el Consejo de Regencia.

En él se limitaba el poder de la Regencia (en teoría el Real) a la hora de efectuar los nombramientos militares. La Regencia tenía potestad de proveer todos los empleos y cargos militares con arreglo a la ordenanza militar en vigor, mientras las Cortes no la variasen, pero tenía la obligación de comunicar en sesión secreta los nombramientos de Virreyes, capitanes generales,  generales en jefe de los ejércitos y fuerzas navales en ambos hemisferios y provincias en la península y ultramar, así como los intendentes en América y Asia. Es decir, que las Cortes se arrogaban la aprobación final.

También las Cortes reclamaban competencia fiscalizadora sobre el estado militar del Reino, obligando a la Regencia a pasar cada mes una nota del estado del Ejército. Por último, las Cortes querían ser competentes para ratificar los tratados político-militares.

En la Constitución de 1812 se transmiten varias de estas cuestiones, al determinar en su artículo 170 que la autoridad del Rey “se extiende a todo cuando conduce a la conservación del orden público en lo interior, y a la seguridad del Estado en lo exterior, conforme a la constitución y las leyes”. En el artículo siguiente también se afirma que tiene facultades (16) para “declarar la guerra, y hacer ratificar la paz, dando después cuenta documentada  a las Cortes” (3.ª), “proveer todos los empleos civiles y militares” (5.ª), “mandar los ejércitos y armadas, y nombrar los generales” (8.ª).

Pero también tiene limitaciones, como la quinta del artículo 172: “No puede el Rey hacer alianza ofensiva, ni tratado especial de comercio con ninguna potencia extranjera sin el consentimiento de las Cortes”. O la sexta: “No puede tampoco obligarse por ningún tratado a dar subsidios a ninguna potencia extranjera sin el consentimiento de las Cortes”.

¿Y cuáles son las atribuciones de las Cortes? Pues, en el artículo 131 se indican entre las 26 que dispone: “Aprobar antes de su ratificación los tratados de alianza ofensiva, los de subsidios, y los especiales de comercio” (7.ª), “Conceder o negar la admisión de tropas extranjeras en el reino” (8.ª), “Fijar todos los años a propuesta del Rey las fuerzas de tierra y de mar, determinando las que se hayan de tener en pie en tiempo de paz, y su aumento en tiempo de guerra” (9.ª), “Dar ordenanzas al ejército, armada y milicia nacional en todos los ramos que los constituyen” (10.ª).

Es decir, que limita las funciones del Rey en el control de la política bélica, otra de las muchas causas por las que Fernando VII repudió la Constitución.

Con todo ello, las Cortes demostraban que pretendían tomar el poder sobre la soberanía nacional, ya que se sentían a la vez poder legislativo y Congreso nacional. La disputa por la soberanía afectaría al nuevo concepto del Ejército, su uso y su lealtad hacia las Cortes, aunque en realidad éstas no pudieron aprobar una ley militar y fueron las Cortes del Trienio liberal las que lo hicieron basándose en sus trabajos.

La concepción del Ejército nacional Español se produjo desde tres puntos de vista distintos, dos externos a las Cortes y el debate de las mismas. Los dos primeros son dos de los nuevos militares liberales que publican en periódicos dos proyectos de Constitución Militar, Vicente Sancho y Álvaro Flórez Estrada.

En resumen, según Roberto Luis Blanco Valdés, la regulación de la ley marcial prevista en el proyecto liberal español se traducía en un complejo sistema de mecanismo de equilibrios basado en cinco principios esenciales:

1.º        La intervención de cualquier fuerza armada en el interior del país sólo podría producirse a requerimiento de las autoridades civiles electivas.

2.º        La intervención del ejército regular en las tareas de restablecimiento del orden público interno era siempre excepcional y subsidiaria de la guardia constitucional, fuerza armada genuinamente destinada a esa misión.

3.º        La intervención interior del ejército regular sólo tendría lugar con arreglo y previo cumplimeitno de los requisitos formales contenidos en ley marcial.

4.º        La intervención de la guardia constitucional dentro de su respectivo territorio sería siempre consecuencia de una orden previa de la correspondiente Diputación Provincial.

5.º        La salida de los cuerpos de guardias constitucionales, y la consiguiente intervención, fuera de su provincia de residencia, exigía en todo caso una orden expresa de las Cortes, salvo, únicamente, que la protección de aquellas, de su existencia material y facultades, fuesen el objeto que justificase esa salida.[19]

 Con todos ello se pretendía evitar el abuso de una fuerza armada permanente, bien por parte del monarca, bien por parte del mando militar que hasta entonces había estado a su servicio. Por guardia constitucional se entiende la Milicia Nacional.

 

La reacción de Fernando VII

Las Cortes de Cádiz no fueron capaces de aprobar la ley reguladora del Ejército, aunque su desarrollo contribuyó a crear el modelo liberal de esta institución. Fernando VII, en 1814 abolió todo el trabajo constituyente y volvió al sistema absolutista, con el paréntesis del trienio liberal –que sí aprobó con celeridad una constitución militar que falló por la nula efectividad de su guardia constitucional, la Milicia Nacional, para defender la Constitución ante los ‘Cien mil hijos de San Luis’- hasta que su viuda, la regente María Cristina, se tuvo que apoyar en 1833 en los liberales para que su hija Isabel II pudiera reinar.

 

Conclusiones.

La reacción de Fernando VII aboliendo los logros liberales era lógica, dada la educación previa de un rey en un sistema absolutista. Lo que no pudo evitar Fernando VII, incluso reformando con gran acierto el ejército como indicamos en la primera parte del trabajo, fue la fuerza del devenir histórico.

Es lógico comprender a un rey criado en conceptos absolutistas como atacado en su honor por la ingerencia de sus súbditos. ¿Cómo podrían atreverse tan sólo a decirle qué es lo que podía hacer o no y siendo el comandante supremo de sus ejércitos? Incluso durante el trienio liberal estuvo más o menos sometido a las Cortes y en ocasiones en situaciones de verdadero secuestro, porque el Deseado veía el sistema liberal como un ataque a su honor como rey.

Los liberales se sintieron a su vez decepcionados porque el Rey al que habían defendido y vuelto a poner en el trono durante una guerra de grandísimos esfuerzos contra el mejor ejército del mundo, tiraba todo su trabajo -encaminado a modernizar a España y a colocarla entre los primeros países del mundo en determinar una Constitución moderna- a la basura; en el fondo, otra cuestión de honor mancillado. Sin embargo, los liberales consiguieron en poco más de veinte años que el sistema cambiara y que el propio rey fuera devolviéndoles su prestigio perdido al llamarlos a apoyar la sucesión de su hijo no nato, que resultó ser mujer y chocar contra la tradición sálica.

La guerra Carlista fue uno de los últimos intentos de devolver la estructura absolutista a un país que ya había tomado hace tiempo la senda liberal; el profundo cambio en la estructura del Ejército y la ruptura con el concepto del Antiguo Régimen hizo posible que las fuerzas Cristinas derrotaran a las del pretendiente Carlos tras los siete años de guerra civil.

Porque, como demuestra la historia, el Ejército es una institución que en general se dedica a proteger la tradición de un pueblo, pero cuando las ideas se introducen en él y el gobernante se niega a asumirlas por el bien común o la mejora del Estado, suele apoyar la revolución política o social sobre todo cuando ha tenido procesos abruptos de crecimiento y asunción de ciudadanos en sus filas –ejemplo claro de ello es la reforma militar de Mario en la Roma Republicana, que al incluir miles de aliados en las filas de las legiones para conseguir la nacionalidad romana provocó un cambio tan radical en el ejército que años después provocaría el recambio de la República por el Imperio-.

El problema que surgió a partir de la coronación de Isabel II es que los propios militares se fueron dando cuenta de su importancia para mantener el estatus político o cambiarlo, con lo que España entró en una dinámica de asonadas y levantamientos que terminó desembocando en una cruentísima guerra civil al finalizar el tercio del siglo XX.

 

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  Fuentes documentales

  

- Enviado por su autor, Jesús María López de Uribe, para su publicación en De Ars Militaria.

- Notas y Bibliografía :

[1] Estos párrafos están extraídos de la obra del autor ‘Historia del Ejército en España’, colección Historia y Geografía publicada por Alianza Editorial; Madrid, primera reimpresión en el 2003.

[2] Idem anterior. Pág, 23.

[3] ‘El reclutamiento militar por quintas en la España del siglo XVIII. Orígenes del servicio militar obligatorio’. Cristina Borreguero Beltrán, Universidad de Valladolid – Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial. Valladolid, 1989.

[4] ‘De Pavía a Rocroi. Los tercios de infantería española en los siglos XVI y XVII’. Julio Albi de la Cuesta. Balkan Editores; Madrid, 1999. Pág. 60.

[5] Id. ant. Págs. 71 y 72.

[6] ‘Historia del Ejército en España’. Citado anteriormente. Pág. 39

[7] Explica Fernando Puell de la Villa en su libro citado anteriormente (págs, 54 y 55): “Desde comienzos de la Edad Moderna, las guerras se habían decidido con ejércitos de 50.000 hombres y los tratadistas sostenían que 80.000 era lo máximo que podía manejar un general. La logística limitaba la capacidad de maniobra y el orden de batalla apenas había evolucionado. El armamento tampoco, porque, aunque la bayoneta hubiera reemplazado a la pica, muy pocos soldados tenían la capacidad y serenidad de volver a recargar los fusiles durante el combate. Los progresos de la táctica, la logística y el armamento no fueron sensibles hasta bien entrado el siglo XIX, pero el tamaño de los ejércitos aumentó espectacularmente a partir de la revolución francesa. Bonaparte inició sus campañas con apenas 35.000 hombres y utilizó 50.000 para vencer en Marengo. En Austerlitz enfrentó 200.000 a cerca de 300.000 rusos y austriacos. Para la invasión de Rusia reunión 477.000 –no en balde sus contemporáneos llamaron a aquella masa la Grande Armée- y, en 1815, fue preciso concentrar 665.000 soldados para acabar con él: sólo en Waterloo. Napoleón manejó 130.000 hombres y Wellington, 235.000. La progresión no terminó allí. En 1866, Moltke movilizó 250.000 prusianos para luchar contra Austria. En 1870, cerca de medio millón de hombres para enfrentarse a Napoleón III, que disponía de otros 300.000. Los estados mayores europeos convinieron en que la catástrofe francesa la originó la incapacidad del Segundo Imperio para movilizar mayores contingentes. Aprendida la lección, al iniciarse la guerra de 1914 Francia puso en pie de guerra cuatro millones de hombres y Alemania más de cinco. Dos décadas después, los combatientes de la Segunda Guerra Mundial se contaron por decenas de millones”. Hoy en día la proporción se ha invertido hacia números cercanos a los de la Edad Moderna, por la incapacidad de dotar tecnológicamente a un gran número de soldados (nota del autor del trabajo).

[8]  Id. ant. Pág, 71: “España abrió las hostilidades en 1808 con dos regimientos de guardias reales, 34 de infantería de línea, tres de irlandeses, uno de italianos, seis de suizos y doce batallones de infantería ligera más otros 50 de milicianos provinciales. La plantilla teórica ascendía a un total de 108.804 hombres, aunque los efectivos reales apenas llegaban a los 80.000. Al término de la guerra, en 1814, las cifras se habían incrementado notablemente: 116 regimientos de línea, 51 de ligera, 45 de milicia provincial, 13 de extranjeros y seis de infantería de marina, más 79 batallones ligeros y otros 97 de guerrilleros, que encuadraban a los cerca de 250.000 soldados reclutados durante la contienda.

[9]  Id. ant. Pág, 57.

[10] Id. ant. Pág. 72: “La incidencia de la Guerra de la Independencia eliminó también las pruebas de nobleza para la obtención de los empleos de oficial. Primero, porque la ola de patriotismo que sacudió España hizo que nobles e hidalgos se prestaran gustosos a empuñar un fusil, codo con codo con labradores, artesanos y jornaleros. Segundo, porque la referida necesidad de disponer de gran número de mandos impidió discriminaciones estamentales a la hora de admitir alumnos en las distintas academias militares que habían ido surgiendo. En 1811, la Regencia dio respaldo legal a aquella revolución social y abolió la exigencia de acreditar hidalguía para acceder al cuerpo de oficiales. Fernando VII volvió a implantar las pruebas de nobleza, que serían sustituidas en 1836 por las de limpieza de sangre, consistentes en acreditar linaje de cristiano viejo, sin antecedentes familiares judaicos o moriscos. Estas últimas fueron abolidas en 1865”.

[11] Id. ant. Pág, 60: “Las Tropas de Continuo servicio formaron unos 47.000 hombres y fueron reorganizados en 1828 en 17 regimientos de infantería de línea, más seis regimientos de infantería ligera, cinco de caballería de línea más otros siete de caballería ligera. También se creó un cuerpo de Artillería y otro de Ingenieros”. Pág, 61: “La Milicia Provincial recuperó la organización establecida por Godoy en 1802: 43 regimientos. […] En resumen, de los 100.000 soldados del ejército fernandino, sólo 16.000 guardias reales se distinguieron por su eficacia”.

[12] Id. ant. Pág, 87: “El sistema no era original. En 1819 se había autorizado que los hidalgos se redimieran de quintas, en 1835 se utilizó para paliar la penuria financiera del Gobierno y en 1837 para salvaguardar algunos puestos esenciales de las industrias. Tampoco reemplazaba a la sustitución; el mismo artículo que autorizaba la redención en metálico admitía la “permuta de números entre dos mozos de la misma provincia”. Lo nuevo era que, por primera vez en un texto legal, se democratizaba el trueque de la contribución de sangre por un tributo económico cuya cuantía estaba al alcalde de buena parte de la clase media”.

[13] Id. ant. Pág, 57.

[14] Pese a las pérdidas, en realidad la flota española no quedó destruida en aquella batalla como cuenta el mito, ya que recuperó ocho barcos franceses de primera línea anclados en Cádiz tras el levantamiento contra el ejército napoleónico tres años después; la principal causa del desfondamiento de la Armada fue la falta de presupuesto para mantener los buques y sus tripulaciones, ya que casi no volvieron a salir a la mar y terminaron hundiéndose por falta de carena en los puertos en los que estaban anclados.

[15] ‘La Guerra de Independencia’. Gerard Dufour. Biblioteca de Historia 16; Madrid, 1999. Pág, 43.

[16] Id. ant. Pág, 44.

[17] ‘Rey, Cortes y fuerza armada en los orígenes de la España liberal, 1808-1823’. Roberto L. Blanco Valdés. Siglo XXI de España Editores, SA; Valencia, 1988. Pág. 52. La mayoría de los párrafos siguientes se basan en una transcripción de diversas partes del libro.

[18] Id. ant. Pág, 63.

[19] Id. ant. Pág, 230.

 

- Sobre la Historia de España, sus gobernantes, guerras, batallas y otros eventos, consultar: hhttp://perso.wanadoo.es/remilitari/cronolog/hispana.htm

 

 
   

   

   
     

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