La prensa dio a conocer el 21 de mayo la lista completa de las 953 personalidades de la vida pública italiana pertenecientes a Propaganda-2 ("Propaganda-Due", más conocida como P2), logia masónica implicada en los preparativos de un golpe de estado fascista que en 1968 contó, entre otros, con el apoyo del régimen de los coroneles griegos.

Se trataba del mayor escándalo de la historia reciente de la república italiana, ya que en la lista facilitada figuraban miembros de casi todos los partidos, había tres ministros (el socialista Enrico Manca y los democristianos Adolfo Sarti y Franco Foschi), 23 parlamentarios, ocho jefes superioes de policía, seis almirantes, seis generales de carabinieri y el máximo responsable de la lucha antiterrorista, Carlo Alberto dalla Chiesa, 16 magistrados, 44 banqueros y hombres de negocios, y 20 periodistas. En las horas siguientes, la dirección del PCI solicita, en relación con el caso, la inmediata dimisión del gobierno de Arnaldo Forlani a quien consideraban máximo responsable, sobre todo por ser quien había tratado de retrasar la publicación de la lista.

El 25 de mayo, el gobierno del democristiano Forlani dimite, después de que el secretario general del Partido Socialista, Bettino Craxi, se negara a asistir a una reunión convocada por la Democracia Cristiana para que los cinco partidos de la coalición gubernamental analizaran y dieran solución a la crisis. Inmediatamente, el Partido Radical ocupó la Cámara de los Diputados para exigir que se sometiera a debate parlamentario el motivo de la crisis.

La complejidad y el alcance de las implicaciones del "caso P2" fue tal que se promulgaron leyes especiales que limitaron el derecho constitucional de asociación y que pusieron en tela de juicio la legitimidad de la propia masonería.

Secuestro del juez D'Urso por las Brigadas Rojas
No era la única conmoción política que se vivía en la convulsa Italia. El 15 de enero, tras 34 días de secuestro, había sido liberado el magistrado Giovanni D'Urso en Roma. Las Brigadas Rojas habían sufrido varios varapalos gracias a la lucha antiguerrillera que en nombre del Estado italiano dirigía el general Dalla Chiesa, y a la participación de terroristas detenidos que optaron por colaborar con la policía.

En el secuestro del magistrado, el objetivo último era el chantaje a la prensa a cambio de la vida del juez. Había estallado un escándalo cuando el semanario L'Espresso publicó entera una entrevista del periodista Mario Scialoja a los brigadistas detenidos, el interrogatorio a que los secuestradores sometieron a D'Urso y el comunicado que acompañaba a ambos documentos, en el que se insultaba y despreciaba a la sociedad establecida. La mita de la prensa, con l'Unitá y Il Corriere della Sera en cabeza, tomaban la decisión de no convertir sus periódicos en portavoces de las Brigadas, y otros, como Il Messagero o el propio L'Espresso, opinaron que debían ceder y publicar, pero incluyendo en sus páginas las razones de tal claudicación.

Se levantó gran polémica por las actitudes tomadas por cada cual según una ética y unas escalas de valores distintas, y tras la liberación del juez quedó en evidencia que las Brigadas Rojas, a pesar de su declive, podían hacer tambalear al sistema a través del "cuarto poder".